Tras la muerte de Vinicio Poblete Vilches, luego que se le negara el acceso a la atención médica en el Hospital Sótero del Río, su familia acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que dictó una sentencia 17 años después, en la que declaró culpable al Estado de Chile por violar “el derecho a la vida, la integridad personal y la salud” del afectado.

A pesar que las sentencias de esta corte son inapelables, a la fecha el Estado ha puesto una serie de trabas en su cumplimiento, especialmente en el pago de la indemnización, donde el obispo de San Bernardo, Juan González, ha jugado un papel hasta ahora no aclarado por él ni su entorno.

Vinicio Poblete Vilches tenía 76 años cuando murió en el Hospital Sótero del Río el 7 de febrero de 2001. Desde su primer ingreso al hospital, en enero de ese año, no recibió la atención adecuada. Primero fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos, luego sometido a una intervención quirúrgica –de la que nunca se recuperó– y, por último, lo enviaron de vuelta a su casa.

El 5 de febrero fue reingresado en el hospital al presentar una insuficiencia respiratoria aguda y un probable shock séptico, que requería conectarlo a un ventilador mecánico, el cual le fue negado. Acorde a la declaración que uno de sus hijos entregó al Primer Juzgado Penal en 2006, el médico de turno indicó a sus familiares que “no sacaban nada con ponérselo, ya que igual iba a durar unos siete días más”, mientras que el subdirector de geriatría, Humberto Montecino, respondió que Poblete ya había tenido un paso por la UCI, y que no le darían una segunda oportunidad.

Dos días después, a las 05:40, Poblete murió por un shock séptico y una bronconeumonía bilateral, según consta en su certificado de defunción. Entre la morgue del hospital y los médicos que lo atendieron, la familia de Poblete recibió seis motivos distintos como causal de muerte, y el hospital se negó a practicarle una autopsia.

Blanca Tapia, recién enviudada, junto a sus hijos Vinicio, Leila y Gonzalo, comenzaron un largo camino para hacer justicia. Acudieron a los tribunales nacionales, que en distintas instancias se “tiraron la pelota” una y otra vez, denuncian.

Fue así como Blanca Tapia, recién enviudada, junto a sus hijos Vinicio, Leila y Gonzalo, comenzaron un largo camino para hacer justicia. Acudieron a los tribunales nacionales, que en distintas instancias se “tiraron la pelota” una y otra vez. Primero fueron al Primer Juzgado Civil que se declaró incompetente, tras lo cual el caso pasó al Tercer Juzgado del Crimen, que también se declaró incompetente y devolvió la causa al primer Juzgado Civil, que, nuevamente, se declaró incompetente. De ahí el caso pasó a la Corte de Apelaciones de San Miguel, que determinó la competencia del Primer Juzgado Civil, donde el caso no tuvo ningún avance. En esta instancia se ordenó la exhumación del cuerpo, diligencia que tampoco se realizó y que según consta en la sentencia de la CIDH “el Estado no justificó la no realización de esta”. Asimismo, bajo la justicia chilena, los médicos del hospital fueron citados a declarar al tribunal de alzada y se concluyó que no hubo negligencia en la atención que recibió Poblete.

El caso en la CIDH

Tras agotar todas las instancias nacionales de justicia, la familia acudió al sistema internacional de justicia. El 7 de mayo del 2002, el “Caso Vinicio Poblete y otros Vs. Chile” ingresó en la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de San José de Costa Rica, caso que fue declarado admisible el 2007 y llegó a la Corte el 2016.

Tras el estudio del caso, la CIDH dictó sentencia contra el Estado de Chile en mayo de 2018, la que fue notificada en junio del mismo año. En la que se concluyó que Vinicio Poblete Vilches fue víctima “de violación al derecho a la vida, integridad personal y salud”.

Se estableció el pago de una indemnización de US $ 15.000 (más de 10 millones de pesos) para cada uno de los reconocidos como víctimas por el tribunal de la CIDH por daño material e inmaterial: el propio Vinicio Poblete Vilches, su esposa y tres hijos. Sin embargo, su viuda Blanca y uno de sus hijos, Gonzalo, fallecieron antes de conocerse el fallo, por lo que la indemnización la recibirían los dos hermanos vivos, Vinicio y Leila.

Una vez notificada la sentencia al Estado, los encargados de hacerla cumplir y mantener contacto con la familia Poblete Vilches son la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.

Desde junio del 2018 comenzó un irregular proceso de negociación no permitidos por la CIDH y los tratados internacionales suscritos por Chile.

Sin embargo, desde junio del 2018 comenzó un irregular proceso de negociación no permitidos por la CIDH y los tratados internacionales suscritos por Chile. Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos llegó una propuesta para los hermanos Poblete Vilches de recibir US $ 15.000 entre los dos, la que fue rechazada porque siempre entendieron que dicha suma era para cada uno de los considerados como víctimas por parte de la CIDH.

Juan González: El obispo de la controversia

En enero de este año los hermanos Poblete Tapia recibieron una llamada que los extrañó, según indica una fuente cercana a la familia. El celular de Vinicio registró una llamada realizada por Juan Ignacio González Errázuriz, obispo de San Bernardo, a quien ya conocían producto de su cercanía con la iglesia católica en la zona.

Supuestamente, González había sido designado por Gonzalo Candia, jefe de la División de Protección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia –que mantiene un vínculo de amistad con el obispo desde la universidad– para actuar como intermediario de manera informal con quienes no estaban aceptando la disminución de la indemnización.

“Tesorería ya tiene lista la plata. Son 3 millones de pesos para cada uno. ¿Van a aceptar o no?”, les habría dicho González. Nuevamente Leila y Vinicio se negaron a recibir esa suma de dinero.

“Tesorería ya tiene lista la plata. Son 3 millones de pesos para cada uno. ¿Van a aceptar o no?”, les habría dicho González. Nuevamente Leila y Vinicio se negaron a recibir esa suma de dinero. Tras su respuesta, el obispo les respondió “si quieren me pasan la plata a mí y la administro en los comedores de la iglesia”.

En un escrito firmado por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores enviado a la CIDH el 13 de febrero del presente año, donde se solicita la interpretación de uno de los puntos de la sentencia, se menciona la participación del Obispado de San Bernardo en el caso.

El documento indica que “durante este periodo, los hermanos han sido incluso asistidos por organizaciones de caridad del obispado católico de San Bernardo, en Santiago”. La Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia –que se encuentra al tanto del documento– mediante su encargado de prensa, aclaró que dicha asistencia hace referencia a un apoyo espiritual y no a una intervención en el cumplimiento de la sentencia.

INTERFERENCIA se comunicó con el obispo González, quien desmintió haber tenido una conversación de este carácter con los hermanos Poblete. En conversación con el encargado de prensa de la Subsecretaría de DD.HH., José Berríos, se entregó la misma versión. Sin embargo, no pudimos hablar directamente con Gonzalo Candia, quien fue contactado en numerosas ocasiones.