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Miércoles, 23 de octubre de 2019
Expectativas incumplidas

El incómodo momento que vive la derecha sudamericana

Pedro P. Ramírez Hernández

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Prensa Presidencia
Prensa Presidencia

Eliminar la corrupción, estimular el crecimiento, crear empleos y terminar con la delincuencia fue parte del guión que desarrolló la derecha para dar vuelta el tablero y quedar a la cabeza en la mayor parte de los países de la región. Sin embargo, Piñera, Macri, Bolsonaro y Duque, los hombres ancla de este cambio, aún no logran despegar.

“Quiero ser evaluado como presidente por si fui capaz, o no, de reducir la pobreza”, con estas palabras, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, fijó las expectativas en torno a su gobierno en marzo de 2017. Hoy, lejos de sus intenciones, el país experimenta una crisis histórica que llevó a la pobreza al 32% su población durante 2018, de acuerdo con datos entregados el mes pasado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

La frase de Macri y el dato que la contrasta, refleja el incómodo momento que vive la derecha sudamericana al mando del hemisferio. Tras el cierre del ciclo progresista, encabezado por el fallecido Hugo Chávez, los gobiernos de centroizquierda en la región fueron sucesivamente pasando la banda, ya sea por las urnas o golpes blandos, a sus sucesores conservadores.  

Si antes la región estaba a cargo de Lula da Silva, Rafael Correa, Hugo Chávez, Evo Morales, José Mujica, Fernando Lugo, Michelle Bachelet y el matrimonio Kirchner Férnandez, ahora quienes gobiernan son Jair Bolsonaro, Iván Duque, Mauricio Macri, Sebastián Piñera, Martín Vizcarra y Mario Abdó.

Con diferentes orígenes y de variadas sensibilidades al interior del espectro conservador, la derecha logró llegar al gobierno en base a una fórmula común: crecimiento económico y fin a la corrupción. 

Con un evidente corte anti-boliviarano, los líderes de la derecha se han articulado - al menos ideológicamente - a través del recién creado Foro para el Progreso de América del Sur, que sesionó por primera vez en Santiago, el pasado 22 de marzo y que dentro de sus objetivos principales tiene desbancar completamente la ideología que articuló a los principales gobiernos progresistas que dominaron la zona desde la década de los 2000.

Con diferentes orígenes y de variadas sensibilidades al interior del espectro conservador, la derecha logró llegar al gobierno en base a una fórmula similar, que promete: desterrar la supuesta corrupción desarrollada por la centroizquierda, atraer la inversión, estimular el crecimiento y creación de empleos; solucionar los problemas de seguridad y defender la libertad individual.

Pese al optimismo inicial y el apoyo de los grandes grupos económicos, el camino no ha comenzado de la mejor forma para este grupo de presidentes. Al igual que en el caso de Piñera, la aprobación ciudadana ha disminuido considerablemente en los casos de Macri, Duque y Bolsonaro, quien lleva poco más de 100 días en el poder.

Aquellas que en su momento fueron frases triunfadoras, hoy incomodan a la derecha sudamericana, en una crisis de expectativas, que en el caso argentino se extrapola a un verdadero descalabro económico y social. A diferencia de Macri, que enfrenta en octubre de este año la reelección, el resto recién se encuentra en el primer tramo de su periodo y aún tienen margen para intentar hacer despegar las promesas que aún no cumplen, con propuestas cada día más resistidas por la población.

Brasil

El pasado jueves 11 de abril, Jair Bolsonaro cumplió sus primeros 100 días al mando del gobierno. Asumió con un buen margen de aprobación tras una elección en la que se impuso holgadamente con un 55% de las preferencias, pero en este primer tramo, su imagen ante la ciudadanía se ha deteriorado considerablemente.

La semana pasada, la encuesta Datafolha cifró la aprobación del presidente brasileño como la peor en los tres meses que lleva de mandato: sólo un 32% califica su gestión como  buena y por primera vez, el optimismo sobre la economía cayó de un 65% a un 50%.

Una de las aristas que ha impactado la popularidad de Bolsonaro fue la investigación que publicó el periódico Folha de Sao Paulo que demostró la utilización de fondos públicos, destinados a “candidatos fachada”, que fueron desviados para financiar la campaña del presidente y su tienda, el Partido Social Liberal (PSL).

El gobierno de Bolsonaro, en menos de 100 días ya se ha visto involucrado en al menos dos polémicas: los vínculos de su hijo con los sospechos del asesinato de Mariell Franco y la deviación de fondos para financiar su campaña.

Luego de la publicación, Bolsonaro se vió en la obligación de destituir a  Gustavo Bebianno, ministro de la Secretaría General de la Presidencia, ex número uno del PSL y coordinador de su campaña a la cabeza de Brasil.

Bolsonaro ya había sido fuertemente cuestionado anteriormente, cuando el periódico O’ Globo publicó en enero, que su hijo y senador, Flavio Bolsonaro, tuvo contratadas hasta noviembre de 2018 a la madre y a la mujer del principal sospechoso del asesinato de la socióloga feminista Marielle Franco; el capitán de policía Adriano Magalhaes de la Nóbrega.

Al interior del Congreso, el líder brasileño tampoco tiene un camino sencillo. En la Cámara de Diputados, el PSL cuenta solo con 52 de los 513 puestos. Así, enfrentado a un parlamento con una alta dispersión de partidos, se le ha hecho difícil avanzar en las reformas que fueron la base de su campaña, especialmente en la del sistema de pensiones, con la que pretende agilizar la economía.

La propuesta de Bolsonaro, que busca construir un régimen de capitalización individual similar al Chileno, ha sido fuertemente resistida por la ciudadanía. La encuestadora Datafolha arrojó el 10 de abril que un 65% de la población está en contra de la edad mínima de 62 años para que las mujeres se jubilen, y un 53% se opone a la edad de 65 años para los hombres. Requisito de edad que no existe en el actual sistema, que permite a las mujeres jubilarse con 30 años de cotización y a los hombres con 35, de tal forma que hay casos en lo que es posible acceder a esa prestación con unos 50 años.

Argentina

En octubre de este año, Macri enfrenta el desafío más importante de su presidencia: ganar para su coalición, la continuidad del gobierno. A diferencia de otros mandatarios, el margen para convencer a la población ya está casi agotado y las cifras son negras.

De acuerdo con los números entregados en marzo por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), algo así como el INE chileno, durante el año pasado la cantidad de pobres creció en un 6,3%, representando al cierre del segundo semestre el 32% de la población.

Las cifras coinciden con la medición de pobreza del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica (UCA), que en un análisis multidimensional registró un 31,3% de pobreza para el cierre del año pasado. “En 2018 tuvo lugar un importante incremento de la pobreza en un contexto inflacionario y de estancamiento económico. Tras el descenso observado en 2017, el año pasado asume el valor más alto de la serie, afectando la pobreza al 23% de los hogares y al 31,3 por ciento de la población”, sostiene el documento.

La pobreza en Argentina alcanzó al 32% su población durante 2018.

De esta manera, en un año, 2,9 millones de personas cruzaron la línea de la pobreza. En tanto, la indigencia para la segunda parte del 2018 se ubicó en un 6,7%, 1,9 puntos por encima del mismo período en año anterior. “Durante el segundo semestre de 2018 se ubicaron por debajo de la línea de pobreza 2.142.945 hogares, los cuales incluyen a 8.926.592 personas. En ese conjunto, 442.859 hogares se encuentran  bajo la línea de indigencia, e incluyen a 1.865.867 personas”, comunicó el INDEC.

A estos datos hay que sumarle la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación, que el año pasado fue de 47,6%, fenómeno que Macri no ha sabido paliar y que ha profundizado la desigualdad en Argentina, junto al programa de quita de subsidios a la electricidad, el gas, el agua y el servicio de transporte público, teniendo como resultado un crecimiento muy importante en la participación de esos servicios sobre el ingreso de los hogares, en particular el de los más pobres.

Colombia

La migración venezolana, la economía, la violencia y el descontento con la Justicia Especial para la Paz (JEP) son las cuatro grandes dificultades que ha tenido que sortear el actual gobierno del presidente colombiano, Iván Duque.

De acuerdo con los medios colombianos, desde el inicio de su gobierno, Duque obtuvo la peor aprobación de cualquier mandatario haya tenido en la historia de dicho país. A finales de 2018 llegaba a registrar cifras que bordeaban el 20% de aprobación, en promedio entre las distintas firmas encuestadoras y en marzo pasado, según la encuesta revelada por YanHaas, la aprobación llegó al 30%, 5% por ciento menos que en el mes de febrero.

Desde un comienzo, Duque ha tenido que enfrentar los coletazos de la crisis venezolana, donde ha actuado como uno de los aliados principales de Estados Unidos y Juan Guaidó. Sin ir más lejos, en tierra colombiana se desarrolló el concierto Venezuela Aid Live que terminó con la trágica quema de los camiones con ayuda humanitaria, efectuada por adherentes del mismo Guaidó a la salida del Puente Internacional Simón Bolívar.

Esta colaboración, le ha traído problemas a Duque en el ámbito interno, que tiene que resolver la entrada de más de 1 millón de venezolanos a Colombia en los últimos dos años, en un contexto de déficit fiscal, que llega al  3,5% del PIB, y que pretende recortar creando un impuesto al valor agregado (IVA) sobre artículos previamente exentos, como los alimentos básicos, mientras propone introducir medidas de mitigación para las familias más pobres. El problema, es que durante su campaña prometió justamente lo contrario, reducir los impuestos.

Por otro lado, la seguridad sigue siendo uno de los problemas principales del país y los números no mejoran con el actual presidente, ya que la tasa de homicidios va en aumento después de haber caído en años anteriores. Entre enero y octubre de 2018, hubo 9,360 asesinatos, frente a 8,754 en el mismo período en 2017. Entre los muertos figuran activistas y líderes de sociales.

La migración venezolana, la economía, la violencia y el descontento con la Justicia Especial para la Paz (JEP) son las 4 dificultades que ha tenido que sortear el actual gobierno del presidente colombiano, Iván Duque.

Dentro de este tema, una de las cuestiones que más preocupa es la violencia desatada en las áreas desocupadas por las FARC, tras el acuerdo de paz alcanzado en 2016 que inmovilizó a la guerrilla. Estos sectores se encuentran principalmente cerca de las frontera con Venezuela, donde actualmente abunda la producción de cocaína y la extracción ilegal de oro. Las fuerzas de seguridad deberían haber ocupado estas zonas, pero en la práctica, no lo han hecho.

Además, Duque ha polemizado en torno a la aplicación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que se define como "el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por el Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC". En concreto, actúa como una jurisdicción paralela creada para juzgar a exguerrilleros, militares, agentes del estado y civiles vinculados a delitos relacionados con la guerra de más de medio siglo que culminó con la firma del acuerdo de paz del 1 de noviembre de 2016.

Frente a este tema, Duque objetó seis puntos de los 159 artículos que componen la ley estatutaria de la JEP, entre ellos, los referidos a la reparación económica de las víctimas y a la extradición. En el primer punto, el presidente pide que los condenados sean los que realicen la reparación "con sus bienes y activos". Respecto a la extradición, Duque rechaza que la JEP tenga la potestad de decidir cuándo procede o no extraditar a una persona juzgada en los tribunales especiales.

Este tema tiene mayor notoriedad dado que un excomandante de las FARC, Jesús Santrich, se encuentra detenido y con un pedido de extradición en suspenso por haberse sometido a la justicia especial.

Sergio Jaramillo, excomisionado de Paz en el gobierno de Juan Manuel Santos, afirmó que las "objeciones son inconstitucionales y fuera de lugar", poniendo en riesgo el proceso de Paz.

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