El 4 de febrero la Municipalidad de Santiago, encabezada por su alcalde, Mario Desbordes (RN), presentó una querella por prevaricación administrativa por la entrega del permiso para la celebración de las Fondas de Fiestas Patrias 2024, realizadas en el Parque O’Higgins.

Sólo un día después el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró inadmisible el escrito considerando que Contraloría visó el permiso, no formuló denuncias y “dejó a criterio de la autoridad comunal ponderar la necesidad de iniciar un procedimiento disciplinario”.

La municipalidad insistió con su querella, pero la Corte de Apelaciones finalmente desestimó los argumentos del municipio ayer 4 de marzo. 

Sin embargo, la administración Desbordes no se rindió e ingresó una nueva acción penal por las Fondas 2024 el pasado 28 de febrero y que esta vez sí fue admitida a tramitación, el pasado 3 de marzo, mismo día en que la casa de la diputada Karol Cariola (PC) fue allanada a solicitud del fiscal Patricio Cooper, tras hallarse chats en el celular de Irací Hassler (PC) que darían cuenta de un supuesto tráfico de influencias entre la jefa comunal y la parlamentaria.

La querella está dirigida contra el exdirector ejecutivo de la Corporación para el Desarrollo de Santiago (Cordesan), Pedro Aravena Medel, a quien imputan por administración desleal y fraude al fisco en la entrega del permiso de las Fondas del Parque O’Higgins a la empresa Artemedios.

Nueva querella de la gestión Desbordes contra la Cordesan por las Fondas 2024.

Nueva querella de la gestión Desbordes contra la Cordesan por las Fondas 2024.

El cambio en el contrato por las fondas del Parque O'Higgins

Según el escrito, en julio de 2022, la Cordesan asumió la producción de las fondas del Parque O’Higgins. Para ello, firmó un contrato con Artemedios Agency SpA, estableciendo un acuerdo por tres años para la producción del evento.

La denuncia afirma que tras analizar el balance general a tres años del contrato se detectó una diferencia entre los ingresos era cuanto menos llamativa: “Cordesan había recaudado un total de $625.715.946 a lo largo de los tres años, mientras que Artemedios había obtenido $4.368.878.990”.

Según la querella, “dicho convenio establecía claramente cómo se repartirían los ingresos. La adjudicación de espacios se dividiría en partes iguales, mientras que la venta de tickets consideraba una participación que crecía progresivamente para Cordesan”.

“Sin embargo, el contrato tenía un vacío importante: no establecía fechas específicas para realizar estas rendiciones. Como consecuencia, en 2022 y 2023 no se efectuaron liquidaciones, y todo se postergó para una única rendición que se realizó el último año del acuerdo, en 2024”, apunta el escrito.

Ahora bien, el primer traspaso se realizó en agosto de 2022, cuando Cordesan transfirió $70 millones a Artemedios, en pago por la “liquidación ingresos arriendos locales y espacios”. En 2023, la Cordesan pagó nuevamente $50 millones por concepto de “Fondas 2023 ingresos arriendos locales y espacios”.

El 25 de junio de 2024, apunta el escrito, “se firmó una modificación al contrato: en este nuevo documento, la participación de Cordesan en los ingresos por tickets y auspicios se reducía, y lo hacía de manera retroactiva”.

De este modo, la Cordesan “que debía recibir un 25% de los tickets en 2023, ahora solo recibiría un 20%. Para 2024, la reducción fue aún más drástica: su participación, que estaba fijada en 30%, bajó a sólo un 10%. En cuanto a los auspicios, su participación también se redujo del 30% al 10% para los años 2023 y 2024. Todo ello con el correlativo crecimiento en participación de Artemedios”.

En esta línea, la querella también acusa que la “Cordesan fue la única responsable de pagar los derechos municipales por la reserva y uso del Parque O’Higgins. En total, el desembolso fue de $625.247.314”.

Ahora bien, el escrito afirma que tras analizar el balance general a tres años del contrato se detectó una diferencia entre los ingresos era cuanto menos llamativa: “Cordesan había recaudado un total de $625.715.946 a lo largo de los tres años, mientras que Artemedios había obtenido $4.368.878.990”.

“Si no se hubieran realizado las modificaciones al contrato ni los adelantos de pago, los ingresos de Cordesan habrían alcanzado $1.029.210.512, y los de Artemedios, $3.845.384.424. La diferencia proveniente de la modificación de junio 2024 representaba una pérdida de $403.494.565 para la Corporación”, asegura la querella.

Otros hechos denunciados

La acción judicial también apunta al “desastre financiero y mala gestión del patrimonio interno” durante la gestión de Aravena al mando de la Cordesan. Con ello se apunta a los embargos realizados por la Tesorería General de la República contra la corporación a fines de 2024 y comienzos de 2025, así como las deudas en impuestos y contribuciones impagas del edificio Santiago Social.

Así también, se señalan un “historial de juicios laborales mal gestionados”, que habría llevado a la Cordesan a “acumular condenas y deudas que solo crecían con el tiempo”. Del mismo modo, se acusa de la mala gestión de una serie de fondos destinados a la revitalización de barrios, entregados por la Subdere.

Por último se apunta a una serie de “gastos superfluos”, cuyo uso “resulta incomprensible es la falta de criterio en la oportunidad y pertinencia de estos desembolsos, especialmente considerando la crítica situación económica que atravesaba la entidad”.

“Si no se hubieran realizado las modificaciones al contrato ni los adelantos de pago, los ingresos de Cordesan habrían alcanzado $1.029.210.512, y los de Artemedios, $3.845.384.424".

Diligencias

La querella solicita que se despache una orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos (Bicrim) de la Policía de Investigaciones (PDI).

Así también, solicita se tome declaración al actual director ejecutivo de la Cordesan, Juan Carlos González Calderón, así como al exdirector durante la administración Hassler, Pedro Aravena Medel.

En la misma línea, se pide el testimonio de la exalcaldesa Irací Hassler; del exdirector jurídico, Felipe Basadre; el representante legal de Artemedios, Jorge Varas Silva; y una serie de funcionarios de la Cordesan.