El pasado lunes, se votó favorablemente la denominada ley corta de isapres. La matriz del proyecto era salvar a las isapres de una quiebra inminente tras el fallo de la Corte Suprema que estableció que las aseguradoras, a las que pertenecen alrededor de un 17% de los chilenos, debían ajustar los valores de sus planes y devolver las ganancias generadas por cobros excesivos a sus afiliados.  

Con ello, la respuesta institucional fue salvar a las isapres desde el Ejecutivo, puesto que desde las instituciones argumentaban que no podían cumplir con lo indicado en la sentencia y por contraposición, Fonasa tendría que recibir un poco más de tres millones de nuevos afiliados.

Así, tras la votación favorables al proyecto, se les permitió la posibilidad de pagar la deuda en un plazo máximo de 13 para afiliados menores de 65 años, cinco años para personas entre 65 y 80 años y para los mayores de 80, dos años.

Para Petro las EPS corresponde a un modelo mercantil que él ideológicamente no comparte. En ese sentido, la reforma que propuso buscaba mejorar la atención primaria, eliminar el financiamiento de la EPS y girar los recursos del Estado directamente a las clínicas y hospitales. Recursos que bordean los USD$20 millones. 

Además. las isapres no podrán retirar utilidades mientras exista la deuda estimada en USD$1.500 millones. Cifra que según la estimación de la Superintendencia de Salud representa tres veces el patrimonio de las aseguradoras privadas. 

El Gobierno celebró la ley aprobada en el Congreso y el presidente Gabriel Boric afirmó que "el proyecto aprobado logra cumplir con el fallo de la Corte Suprema, proteger la salud de las personas, terminar con los abusos y evitar cualquier tipo de ‘perdonazos‘, además de otorgar estabilidad al sistema de salud, que creo es tremendamente importante". 

Y agregó que "es una ley responsable porque resguarda la continuidad de las atenciones de salud de los afiliados, quienes hoy pueden estar más tranquilos".

Muy contrario a la visión de Boric y desde otra perspectiva, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) —el símil de las isapres en Colombia— comenzaban a ser reformadas por el presidente colombiano, Gustavo Petro, hace tan solo un mes. 

A principios de abril, Petro comenzó su intervención a las EPS. La decisión fue tomada luego de la derrota legislativa que sufrió en el Congreso y que hundió la propuesta que el mandatario buscaba impulsar. 

En adición, la negativa de la Comisión Séptima del Senado se dio un día después de que la Superintendencia de Salud interviniera por problemas financieros a la Entidad Promotora de Salud (EPS) Sanitas, la segunda institución más importante en el país con alrededor de 5.7 millones de afiliados. 

Durante el mandato de Petro, se han intervenido seis aseguradoras: Savia Salud, con 1,6 millones de afiliados; Asmet Salud EPS, con 1,6 millones; Emsanar, con 1,7 millones; Famisanar, con 3 millones; Sanitas, con 6 millones, y Nueva EPS, con 11 millones. Así, la salud de cerca de 25 millones de colombianos es responsabilidad del Estado. 

Paralelamente, mientras se desarrollaba la votación en el parlamento, el Gobierno intervino Nueva, la EPS más importante del país con más de 11 millones de usuarios. 

"El gobierno tiene la obligación de salvar el sistema de salud, y la vida de los colombianos", dijo Petro durante la votación en que su reforma se cayó.

Y agregó que "el actual sistema como desde hace años se venía denunciando desde diferentes instancias de control administrativo, judicial y político, extrajo recursos públicos por decenas de billones de pesos que no se invirtieron de acuerdo a la ley y se perdieron, y debemos de actuar de acuerdo a la ley y la constitución y con decisión"

De la reforma a la intervención

El contexto de Petro fue distinto, pues parte de su campaña presidencial fue la promesa de un cambio al sistema de salud interviniendo las EPS que desde 1993 funcionan como un modelo de aseguramiento en que el Estado entrega recursos a dichas empresas para que gestionen y administren los servicios de salud de los colombianos en clínicas y hospitales. 

Para Petro las EPS corresponde a un modelo mercantil que él ideológicamente no comparte. En ese sentido, la reforma que propuso buscaba mejorar la atención primaria, eliminar el financiamiento de la EPS y girar los recursos del Estado directamente a las clínicas y hospitales. Recursos que bordean los USD$20 millones. 

Pero como la idea de Petro naufragó en el Congreso tras 15 meses de debate legislativo, el presidente decidió hacer los cambios interviniendo a las EPS. 

Según indica La República, de acuerdo con la Superintendencia de Salud, la intervención de las entidades se determinó por incumplimiento de reservas técnicas, deudas con prestadores y falta de liquidez para operar, lo que además se respaldó en la insistencia de las EPS en la crisis financiera del sector desde el pasado julio de 2023.

Así, durante el mandato de Petro, se han intervenido seis aseguradoras: Savia Salud, con 1,6 millones de afiliados; Asmet Salud EPS, con 1,6 millones; Emsanar, con 1,7 millones; Famisanar, con 3 millones; Sanitas, con 6 millones, y Nueva EPS, con 11 millones. Así, la salud de cerca de 25 millones de colombianos es responsabilidad del Estado. 

Según indica La República, de acuerdo con la Superintendencia de Salud, la intervención de las entidades se determinó por incumplimiento de reservas técnicas, deudas con prestadores y falta de liquidez para operar, lo que además se respaldó en la insistencia de las EPS en la crisis financiera del sector desde el pasado julio de 2023.

Con todo, la decisión de Petro ha sido catalogada como una intervención de facto, pues fue impulsada una vez su reforma no fuera aprobada.