"No compartimos sus opiniones respecto al sentido y la misión del Museo de la Memoria, que recoge los testimonios, las evidencias y las enseñanzas de un período muy oscuro en nuestro país". Esa podría haber sido la declaración del ministro de Hacienda Mario Marcel por el rechazo en la Cámara de Diputados del presupuesto para el museo y los sitios de la memoria. Pero en realidad, es una expresión del expresidente Sebastián Piñera, formulada en agosto de 2018, cuando aceptó la renuncia de su recién nombrado ministro de Cultura, Mauricio Rojas, por haber calificado al Museo como “un montaje y una manipulación de la historia”.

¿Qué sucedió en Chile entre agosto de 2018, cuando Piñera reivindicó la memoria, y noviembre de 2022, cuando la misma derecha, junto a un sector de la DC, rechazaron el financiamiento de los lugares del recuerdo y privaron de recursos al Instituto Nacional de Derechos Humanos?

Tres circunstancias podrían explicarlo. Primero, la necesidad de contener una fuga electoral desde Chile Vamos hacia la ultraderecha; segundo, el retroceso autoritario que se están permitiendo los sectores conservadores después del triunfo del rechazo en el plebiscito y; tercero, la conveniencia de relativizar el valor de los derechos humanos ante la proximidad del cincuentenario del golpe de estado de 1973 .

En el caso de sectores de la DC, la búsqueda de una explicación es más dolorosa, considerando la tradición humanista cristiana de ese partido y el recuerdo de sus cientos de víctimas de la represión de la dictadura. Tres de sus diputados -Eric Aedo, Johana Perez y Jorge Saffirio- se abstuvieron en favor del rechazo del presupuesto del Instituto Nacional de DDHH, el Museo y los sitios de memoria. Otros dos ex militantes se sumaron directamente al rechazo: Andrés Jouanett y Miguel Ángel Calisto.

¿Qué sucedió en Chile entre agosto de 2018, cuando Piñera reivindicó la memoria, y noviembre de 2022, cuando la misma derecha, junto a un sector de la DC, rechazaron el financiamiento de los lugares del recuerdo y privaron de recursos al Instituto Nacional de Derechos Humanos?

Y más grave que rechazar los presupuestos fue la iniciativa de la diputada DC Johana Pérez quien presentó una indicación de claro tinte autoritario para obligar al INDH a rendir cuenta trimestral de sus actividades -no de su presupuesto- ante el Congreso, es decir, barrer con la independencia de un órgano autónomo del Estado, sometiéndolo a la revisión política de la mayoría parlamentaria de turno. Jamás se osaría algo así con el Banco Central, el Ministerio Público, el Servel, el Consejo para la Transparencia y otros tantos órganos autónomos, cuya independencia depende justamente de la distancia que deben guardar con los tres  poderes del Estado. Por supuesto que toda institución pública debe ser fiscalizada, por eso cumplen con las normas sobre administración financiera del Estado, la ley de probidad, las normas de transparencia y se someten al escrutinio de la Contraloría General de la República, entre otras supervigilancias que jamás han requerido revisión del Legislativo.  

Resulta evidente que la arremetida contra el presupuesto de las instituciones vinculadas a los DDHH no tiene nada que ver con la fiscalización ni distribución de los recursos. Es un intento de soslayar la incómoda verdad de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura de Pinochet y su dramático flashback de abusos masivos, durante la represión de hace solo tres años, en plena democracia, durante el estallido social.

Es difícil que la oposición no conozca la resolución de 2009 del consejo de DDHH de la ONU, que reconoció el derecho a la verdad, del que se deriva la obligación de garantizar la no repetición, preservar la memoria y tomar medidas para impedir la repetición de los crímenes. Por eso existen en el mundo numerosos museos de la memoria que preservan la verdad respecto a masacres y persecuciones perpetradas por regímenes totalitarios de distinto signo político.

El museo Tuol Sleng del genocidio de Camboya, que acometió el régimen maoísta de los Khmer Rouge, es un ejemplo que puede tranquilizar la culpa de las derechas latinoamericanas, por su complicidad con el exterminio político de las izquierdas durante las dictaduras que proliferaron en el cono sur, desde la década de los 60.

También existen el Museo Yad Vashem del Holocausto, en Israel; el Museo del Genocidio Armenio, en Ereván; el del Apartheid en Sudáfrica; el Hiroshima Peace Memorial Museum, en Japón; el Museo de la Paz de Sierra Leona; el Whitney Plantation en Estados Unidos; por nombrar solo algunos que reflejan la variedad de los conflictos que originaron las masacres. En Nueva York se erigió un sobrecogedor Memorial de las torres gemelas, que recuerda las 2 mil 996 víctimas del salvaje atentado terrorista del 11 Septiembre del 2001.

Ningún sector político se atrevería a cuestionar los recursos que desembolsan los estados para financiar estos imprescindibles lugares de recuerdo, porque la memoria es un antídoto contra la repetición.

Resulta evidente que la arremetida contra el presupuesto de las instituciones vinculadas a los DDHH no tiene nada que ver con la fiscalización ni distribución de los recursos.

La conducta de la derecha chilena frente a la preservación de la memoria había madurado progresivamente en los últimos años, ante sucesivos informes oficiales que revelaban la tragedia de 2 mil 125 muertos, mil 102 desaparecidos, 34 mil 690 prisioneros políticos y 28 mil 459 torturados.

Este año ha sido distinto. Además de rechazar el financiamiento del INDH, el museo y los sitios de memoria, la oposición recortó la partida destinada a conmemorar  los cincuenta años del golpe del ’73.

La decisión resulta demasiado diferente a los avances democráticos ostentados por la derecha una década antes, en septiembre de 2013, cuando se recordaron los 40 años del quiebre de la democracia. Fue en el marco de aquella conmemoración que Piñera pronunció su recordada frase sobre los “cómplices pasivos” de la derecha en dictadura, “que sabían y no hicieron nada o no quisieron saber y tampoco hicieron nada", según dijo en un acto celebrado en La Moneda.

También en septiembre de 2013, los ministros de la Corte Suprema se pronunciaron con el fin de “explicitar el reconocimiento de las graves acciones y omisiones” en que incurrió la justicia chilena tras el golpe militar.

Pocos días antes, el entonces senador Hernán Larraín participó en el lanzamiento de "Las voces de la reconciliación" y dijo estar disponible a dar "un paso" antes de que otros lo hagan. "¿Por qué no dar un paso personal en lugar de esperar que otros hagan lo que uno quiere oír? Algo simple y transparente como: yo pido perdón por lo que haya hecho o por omitir lo que debía hacer”.

Habían pasado 40 años desde el golpe y la derecha se abrió tímidamente a la posibilidad de reconocer sus responsabilidades, pero una década después, cuando nos acercamos al medio siglo desde el quiebre de la democracia,  la marcha atrás es brusca y dolorosa. Tal vez algunos piensen que devaluando el sentido de los DDHH reducirán las culpas de quienes los violaron.

Memoria es la capacidad de recordar, los humanos y otras especies animales aprenden de la experiencia, recuerdan lo que les ha hecho daño o causado dolor y aprenden a evitarlo. En la diversidad de criaturas vivas, existen también otras bestias de distinto tipo, con sistemas neuronales menos sofisticados, que son incapaces de experimentar sus interacciones como aprendizaje, porque las olvidan. En la naturaleza este segundo tipo de especies generalmente se extinguen; en la política no siempre es así.