Estamos donde tú estás. Síguenos en:

Facebook Youtube Twitter Spotify Instagram

Acceso suscriptores

Martes, 15 de octubre de 2019
Diputados RN y PC en contra

El salvavidas de la ex Concertación y la UDI a la ENAP de Bachelet

Catalina Mundaca
Pedro P. Ramírez Hernández

Pese a que los antecedentes son contundentes para establecer responsabilidades de la administración de ENAP entre 2014 y 2018 en irregularidades que contribuyeron a engrosar la deuda de la petrolera estatal en US $ 5.100 millones, la Comisión Investigadora de la Cámara no los consideró en su informe, en una operación de salvataje protagonizada por Jaime Tohá (PS) y Juan Antonio Coloma (UDI).

En junio de 2018, el diputado Leonidas Romero (RN) consiguió la firma de 63 de sus pares para crear la Comisión Investigadora sobre las eventuales irregularidades en las inversiones y actuaciones comerciales realizadas por ENAP, entre 2014 y 2018. Cinco meses después, el 7 de enero recién pasado, el parlamentario terminó votando en contra del informe de la Comisión que él mismo creó.

En ese 7 de enero, Romero, al igual que las diputadas Camila Vallejo (PC) y Ximena Ossandón (RN), llevó a la sesión de la Comisión sus conclusiones, para aportarlas a la redacción del informe final, tal como se había acordado anteriormente en Comisión.

Para su sorpresa, el diputado Jaime Tohá (PS), quien preside la Comisión y quien se opuso a su creación en un principio, ya había cerrado el informe. Vallejo propuso entonces votar punto por punto las conclusiones de este, de manera que pudiera incluirse en la discusión sus observaciones y las de sus colegas RN, pero Juan Antonio Coloma (UDI) contra propuso votar la aprobación del informe completo y no por partes, contando con el respaldo de Gabriel Asencio (DC), Gastón Saavedra (PS), René Alinco (PPD), Álvaro Carter (UDI), Nino Baltolu (UDI) y el del propio Tohá.

De tal modo, ganó la aprobación del informe de Tohá, sin haber sido discutido, solo con los votos en contra de Romero, Ossandón y Vallejo, y el del diputado humanista Félix González, quien se sumó a la disidencia.

“El endeudamiento es delicado pero ha tenido un manejo responsable”, reza el informe de Tohá, al que tuvo acceso exclusivo INTERFERENCIA. 

Así, el informe aprobado terminó exculpando a ENAP de las irregularidades principales, pues considera que en la abultada deuda de la petrolera estatal, que hoy alcanza los US $ 5.100 millones, no hubo faltas administrativas involucradas, sino problemas regulares de gestión.

Con esto, quedan protegidos de momento, tanto el ex ministro de Energía de Michelle Bachelet, Máximo Pacheco, que en esa calidad fue presidente del directorio de la petrolera estatal durante la mayor tiempo estudiado, y Marcelo Tokman, su ex gerente general, quien fue citado, pero no asistió a la Comisión.

En palabras de Ossandón, el informe aprobado es "poco audaz y políticamente correcto", pues deja fuera la conclusión de que “ENAP no ha sido responsable en el manejo de la deuda”, el meollo del asunto, según la parlamentaria. "Una empresa que tiene un déficit de US$ 5.100 millones, en la conclusión principal, no puede decir que hay un manejo responsable de la empresa”.

"Yo rechacé este informe porque no recoge ni una de las irregularidades que se constataron con los antecedentes que recibimos. Existen pésimas decisiones de inversión, gastos totalmente absurdos y desproporcionados en el marco de una empresa que ha acrecentado su deuda”, dice por su parte Vallejo.

La diputada comunista destacó que existen irregularidades que han sido confirmadas por Contraloría, las que no fueron consideradas: “Existen conflictos de interés en el directorio de ENAP, la decisión por el cambio de edificio no tiene respaldo, tampoco los tienen las exploraciones que se hicieron en Irán y menos los US$ 4 millones que costó el cambio de imagen. Son decisiones irregulares e injustificadas”, argumenta Vallejo.

Según Leonidas Romero (RN) el actuar de la Comisión presidida por Jaime Tohá (PS), responde a un "blanqueamiento de la empresa"

Romero fue más lejos todavía. Según el diputado, acá hay un "blanqueamiento de la empresa", en el que fueron parte diputados ex Concertación junto con colegas de la UDI, estos últimos "quienes además nunca fueron a la Comisión", acusa Romero.  

Romero quedó absolutamente decepcionado y alega que Tohá hizo todo para presidir la Comisión, “en circunstancias en las que él votó en contra de su constitución, al igual que otro miembro de la misma, también militante socialista, Gastón Saavedra”.

“Yo fui el impulsor de la iniciativa, me la jugué para que se concretara, me conseguí las firmas y pretendí presidir la Comisión, pero extrañamente la UDI no concurrió a la votación. Por tanto perdí por un voto. Si hubiesen concurrido, yo hubiese ganado por dos”, dice Romero.

Según algunos cercanos al proceso de la Comisión, la UDI le quitó respaldo a Romero por viejas disputas entre este diputado electo por la región metropolitana de Concepción y el intendente UDI del Bío Bío, Jorge Ulloa.

En el salvataje de la UDI pesa el antecedente que señala que el hijo del diputado de ese partido, Osvaldo Urrutia, está envuelto en una cuestionada asesoría legal a ENAP por US $ 82.000. 

Sin embargo, en el trasfondo de la disputa aparece un elemento más decidor, que tiene que ver con el diputado UDI Osvaldo Urrutia, quien es esposo de la secretaria de la Comisión, María Eugenia Silva, y cuyo hijo en común, Osvaldo Urrutia Silva, prestó servicios legales a ENAP durante el periodos investigado por un monto cercano a US $ 82.000, en circunstancias en que la petrolera tiene 17 abogados contratados a su disposición.

Otro aspecto que ronda la reflexión sobre el actuar de la UDI es que durante el primer gobierno de Sebastían Piñera, comprendido entre los años 2010 y 2014, la deuda de ENAP tuvo un aumento correspondiente al 42%, lo que en dinero se traduce en un aumento de US$ 1.233, totalizando US $ 4.156 millones. 

Dada esa circunstancia, la Comisión que pesa sobre la ENAP de Bachelet II, en caso de prosperar, bien se podría transformar en una espada de Damocles que penda sobre la ENAP de Piñera I. 

A menos, claro, que ambas partes concierten tablas.

Tohá, por su parte, rechazó conversar de la materia con INTERFERENCIA hasta que el informe se haga público, lo que está sucediendo hoy con la publicación de este documento que puede consultarse aquí (link).

Coloma, en tanto, no atendió a los llamados que buscaban recoger su versión.

Las conclusiones de la discordia

Si bien son varias las conclusiones disonantes entre lo expresado por el informe de Tohá y lo que llevaban Romero, Ossandón y Vallejo para discutir, llama la atención dos casos que ejemplifican bien las materias que fueron desestimadas. 

El primero es el la mudanza de edificio corporativo de ENAP. 

La llegada a la nueva sede en Apoquindo 2929 tuvo un costo cercano a los US$ 5,8 millones, en un proceso que según consigna el mismo informe de Tohá “careció de la necesaria aprobación por parte del directorio".

Contraloría, por su parte, consideró este aspecto y consignó en su informe de enero de 2018 que “examinados los distintos antecedentes, relacionados con las características de las nuevas dependencias, se verificó que las dimensiones de las futuras oficinas de ENAP, sin incluir el casino, alcanzan los 5.400 metros cuadrados, cifra que resulta menor en 1.493 metros cuadrados, a las áreas del inmueble que se vendió, las que sumaban 6.543 metros cuadrados”.

Contraloría cuestiona el traslado de la sede corporativa de ENAP a Apoquindo 2929, pues el nuevo edificio es más pequeño y tiene menos estacionamientos que el anterior, en circunstancias en que la empresa adujo para el cambio que necesitaba más espacio y más estacionamientos.

Junto a la diferencia de tamaño, Contraloría comprobó que “la nueva ubicación cuenta con 120 estacionamientos disponibles, es decir, una cifra inferior en un 35% respecto de los 184, con que cuenta en su ubicación actual”.

Esto, en circunstancias en que el mismo documento se informa que ENAP argumentó que las necesidades del cambio eran acceder a más luz natural y no tener espacio suficiente ni estacionamientos en la sede anterior de Vitacura 2736.

Pese a los antecedentes, el documento de Tohá se encarga de descargar responsabilidades a la administración de ENAP. "Enajenación y cambio de sede justificada", y "No existen elementos objetivos que puedan demostrar carácter irregular" son las fórmulas escogidas para descartar irregularidades que responsabilicen a la empresa de malas decisiones que incrementaron la deuda de la petrolera. 

La Comisión llega a esa conclusión, pese a que el informe de Contraloría requirió a la empresa de varios nuevos antecedentes durante 2018, los cuales todavía están en proceso contralor y no han sido conocidos. "Existe un informe de la Contraloría que deja varios flancos abiertos, donde detecta al menos algunas irregularidades, y me parece que todo eso era materia para continuar la investigación", dice Ossandón.

En una carta enviada a la redacción de INTERFERENCIA en fecha 23 de enero de 2019, la petrolera estatal hace sus descargos (leer respuesta completa): "El traslado de oficinas trajo consigo mejoras en al entorno físico en el que nuestros colaboradores desarrollan su trabajo, incluyendo una distribución de los espacios de trabajo más equilibrado, mejores condiciones de climatización y autonomía energética y sanitaria, así como un notable incremento de las condiciones de iluminación, accesos y vías de evacuación. Para graficar las condiciones de luminosidad, podemos indicar que, si en abril de 2014 la Mutual de Seguridad afirmaba que “un 52% de los trabajadores disponían de menos luz de lo dispuesto en la normativa del ramo”, por medio del Informe de Higiene, Ocupaciones Iluminación en Puestos de Trabajo, la Mutual de Seguridad señaló, el 28 de febrero de 2018 que el cumplimiento de la norma lumínica “asciende a un 90% en las instalaciones de Apoquindo 2929”.

El segundo caso corresponde al cambio de la imagen corporativa de ENAP. 

Este servicio tuvo un valor de US$ 4 millones y al respecto, el informe aprobado por la Comisión reconoce que “quizás tuvo cierto grado de impertinencia, y probablemente asome como una decisión comercial poco conveniente”, pero de todas formas evalúa que se sostuvo de forma “consistente”.

El documento, también indica que el actual gerente general de ENAP, Andrés Roccatagliata, “declaró ante la Comisión que la empresa contratada era idónea, y que el monto pagado era razonable. Ahora, en cuanto a la oportunidad, señaló que él no habría incurrido en ese gasto, considerando la situación financiera de la empresa”.

En el cambio de logo de ENAP y sus aplicaciones, la Comisión y la actual administración no discuten el precio (US $ 4 millones), sino la pertinencia de hacerlo con una deuda de US $ 5.100 millones.

En la misma carta enviada por ENAP a INTERFERENCIA, la petrolera se defiende aduciendo que "el proceso de fortalecimiento de la marca ENAP se inicia en 2016, con la finalidad de eliminar la coexistencia de diferentes logos, en el marco de la renovación habitual de letreros, señaléticas e imagen gráfica en plantas e instalaciones, con el objetivo primordial de mejorar el posicionamiento comercial de ENAP, que, a contar de 2015 comenzó a ingresar con mayor fuerza en el mercado de distribución de combustibles, GNL y GLP en distintas zonas del país [...]  A la fecha, se ha intervenido más de 2.145 hitos, incluyendo letreros de acceso, oficinas, señalética de seguridad, plantas, patios de carga, estanques, camiones y camionetas, estimándose el término de este proceso en marzo de este año".

Sin embargo, para los diputados disidentes, el costo de US $ 4 millones es una cifra totalmente desproporcionada para un servicio innecesario para una empresa con una deuda de US $ 5.100 millones.

Los dos Anexos de Siberia

“Durante los numerosos testimonios entregados durante sus sesiones, surgieron distintos elementos que son preocupantes pero no son parte del objeto de la Comisión. Haber abierto nuevas líneas de investigación transgrede normas constitucionales, legales y reglamentarias. Pero es imposible no consignar que la Comisión constató con preocupación, materias relativas a: relaciones y conflictos laborales; sistemas de selección y contratación de personal; altos niveles de gasto en asesorías legales y falta de respaldo que las justifiquen en varios casos”.

Las palabras anteriores, corresponden al segundo párrafo del informe presentado por Tohá, el que busca sentar que el alcance legítimo de la Comisión se remite a la investigación de la información contable de ENAP, señalando explícitamante lo que la Comisión terminó dejando fuera, lo que -a su vez- corresponde a antecedentes relevantes que pueden establecer responsabilidad de la administración de ENAP en el engrosamiento de su deuda.

Dos anexos del informe de Tohá contienen antecedentes que no influyeron en sus conclusiones y que pueden configurar irregularidades cuyo resultado pudo afectar negativamente los estados de resultados de ENAP. El más serio señala despidos de profesionales que realizaron labores contraloras internas.

Estos antecedentes no considerados fueron relegados a dos Anexos.

El primero, bajo el título “Temas que no forman parte del objeto de la Comisión, pero que podrían tener un efecto en la marcha general de la empresa y sus resultados”, incluye la contratación de la empresa Dueik S.A, de la cual dos de sus tres socias, eran hijas de la directora María Isabel González, quien no se inhabilitó en el proceso de negociación, de acuerdo al informe de Contraloría.

Dentro del mismo apartado, la Comisión expresa que “llama la atención de la Comisión de que existiendo gerencias legales en la casa matriz, en Magallanes, Aconcagua y Biobío con alrededor de 17 profesionales, se hayan destinado en el periodo investigado, sobre 55 mil millones de pesos a asesorías legales externas [...] Con la información que proporcionó la propia empresa no queda clara la forma de adjudicación”.

Sin embargo, pese al perjuicio económico y la sospecha que recae sobre las asesorías, estos antecedentes fueron deliberadamente a parar fuera de las conclusiones.

Más grave es tal vez, el otro anexo, con el nombre de “Otras materias denunciadas fuera del ámbito de la Comisión Especial Investigadora”, el que saca del informe final una serie de despidos de agentes contralores al interior de ENAP, quienes hicieron denuncias respecto de lo que estaba pasando en la empresa.

Se trata del caso de las auditoras Elena Starikoff y Alejandra Millar, además de Alejandro Charme, gerente corporativo de ética y cumplimiento y René Taviló, gerente de recursos humanos de la casa matriz.

El caso de Starikoff es ejemplificador.

Esta jefa de auditoría de Refinería Bío Bío, una filial de ENAP, fue simplemente despedida luego de denunciar irregularidades en el contrato de la refinería con Best Enviromental Solution (Besten). 

De acuerdo a Starikoff, Besten se adjudicó un contrato tras una licitación que se declaró desierta, en la que había participado. Curiosamente, la minuta de adjudicación fue aprobada con fecha 7 de noviembre de 2014, fecha posterior a la de la carta de adjudicación, que fue el 23 de octubre de 2014.

La auditoría de Starikoff reveló que “en la cláusula sexta del contrato se definen los indicadores de desempeño para el contratista, sin embargo no obtuvimos evidencia de su medición y monitoreo”. Además, los servicios comenzaron el 27 de noviembre de 2014, “sin haberse firmado el respectivo contrato, cuya fecha figura el 7 de noviembre de 2017”. Es decir, casi tres años después.

Finalmente, en la auditoría de Starikoff entregada en noviembre de 2017 se señala que Besten no presentó a esa fecha su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) dependiente del Servicio de Evaluación Ambiental, para normalizar las cargas de procesos en la Refinería Bio Bío.

Al respecto, la mencionada carta de ENAP hecha llegar a INTERFERENCIA dice que la Declaración fue entregada en noviembre de 2015, pero la empresa no entregó la documentación solicitada que así lo acredita.

Tras la auditoría, Refinería Bío Bío, sin otra explicación desvinculó a Starikoff por "deshaucio por escrito del empleador" el 20 de abril de 2018.

La Comisión al respecto dice que “hubo reiteradas denuncias sobre despidos supuestamente injustificados por parte de la empresa, tanto del nivel central como en Bio Bío, los que en algunos casos se habrían motivado por el hecho que los funcionarios exonerados habrían denunciado situaciones irregulares”.

El problema es que lo dice en el Anexo del informe y no en el informe, por lo que los perjuicios asociados a despedir profesionales contralores, no fue considerado como parte de la responsabilidad de ENAP de cuidar sus recursos.

Lo curioso de estos casos, es que estos antecedentes fueron justamente los entregados por el diputado Romero al momento de solicitar las firmas para la comisión (Ver documento), los que finalmente fueron relegados a estos dos intrascendentes anexos adjuntos a las conclusiones finales.   

Lo que viene en el Congreso

El diputado Leonidas Romero tiene la esperanza de que el informe se rechace durante la votación en sala, aunque cree que no será sencillo, pues afirma que la ex Concertación y la UDI tienen intereses cruzados en el tema. “Al final, después de los meses, nos dimos cuenta de cuál era la verdader intención Tohá para presidir esta Comisión, que es principalmente blanquear a ENAP”.

“Durante la semana pasada, con toda la carpeta de investigación, junto a las observaciones que no fueron acogidas, estuve con la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, acompañado del senador Manuel José Ossandón. También visité al fiscal nacional, el señor Jorge Abott y le entregué estos antecedentes”.

Después de la aprobación del informe de la Comisión de Tohá, el diputado Romero ha presentado los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y al fiscal nacional, Jorge Abbott, en compañía del senador RN Ossandón.

Previo al cierre de la Comisión, Romero hizo también una denuncia por lo que -a su juicio- constituye un grave conflicto de interés, que afecta a la abogada secretaria de dicha Comisión, María Eugenia Silva y a su marido, el diputado Osvaldo Urrutia (UDI), quien asistió e intervino en la Comisión en dos ocasiones.

Desde el otro lado del espectro político, la diputada Camila Vallejo, afirmó que la aprobación del informe, contribuye “al hundimiento de una de las empresas estratégicas más del país”, perdiendo una oportunidad para “garantizar una gestión que esté dentro de los marcos de la probidad, la transparencia, la buena gestión y las buenas decisiones en materia de inversión”.

“La gravedad de esto es que de alguna manera el Congreso termina avalando una gestión tremendamente irresponsable, por no decir que raya en hechos de corrupción. Lo lamentable sería que producto de estos hechos la empresa termine por privatizarse y eso es algo que creo que hay que evitar a toda costa”, sentenció la parlamentaria comunista.

Adjuntos: 

Ya que estás aquí, te queremos invitar a ser parte de Interferencia. Suscríbete. Gracias a lectores como tú, financiamos un periodismo libre e independiente. Te quedan artículos gratuitos este mes.

Comentarios

Comentarios

Felicitaciones, muy riguroso el trabajo, sólo un par de detalles, mi apellido es Tabilo como consta en todas mis declaraciones, incluida la del 16 de octubre del 2017, fui el primero en denunciar, el primero en ser despido por ello, el único sin el pago de sus licencias médicas desde el 2017 y único demandado por la ENAP, por supuestas injurias y calumnias.

Añadir nuevo comentario