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Miércoles, 27 de Octubre de 2021
Convención Constituyente

En medio del caso Dominga, la Convención declara casi de forma unánime que la nueva Constitución se redactará bajo Emergencia Climática y Ecológica

Camila Higuera

Hoy se votan más de 400 indicaciones del Reglamento de Participación Popular.

Ayer lunes la Convención se declaró en Emergencia Climática y Ecológica luego de que el Pleno aprobara la iniciativa impulsada por 34 convencionales agrupados bajo el nombre de eco-constituyentes y que fue apoyada transversalmente durante la sesión. 

La propuesta fue presentada con el patrocinio de 48 convencionales y fue aprobada con 137 votos a favor, 3 en contra y 9 abstenciones.  La iniciativa fue presentada en relación al significativo cambio climático, el aumento del nivel del mar y en las temperaturas globales producto de la emisión de gases de efecto invernadero por la acción humana. La declaración indica que en el contexto del Acuerdo de París, suscrito por Chile y otros 194 países, donde los Estados se comprometieron a mantener el calentamiento global bajo los 2º celsius, es que la Convención tiene un rol fundamental en reconocer el momento de crisis que vive el planeta.

“La Convención Constitucional al ser un poder constituyente del Estado, tiene un rol político crucial dentro de esta crisis, por lo cual se insta a declararse en estado de Emergencia Climática y Ecológica y actuar de acuerdo a esto”, plantea el documento presentado por los convencionales al Pleno. 

El espacio constituyente no es el único organismo que ha declarado el Estado de Emergencia. La Región de Magallanes ya lo había hecho en agosto de este año luego de que el gobernador Jorge Flies tomara dicha determinación al hacerse público el resultado del informe 2021 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que arrojó un crudo resultado en la materia. Poco después se sumó el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, quien el 30 de agosto adoptó la misma medida.

Con esta declaración de Emergencia Climática y Ecológica, la Convención busca que la nueva Carta Fundamental se escriba teniendo en cuenta este contexto, puesto que “no podemos pensar el Chile del futuro sin considerar la crisis actual, que no solamente es climática, sino que también es social y ecológica”, indicó la convencional Cristina Dorador (MSC) a este medio. 

En ese sentido, la convencional parte de eco-constituyentes agregó que el actual panorama socio ecológico interpela al modelo extractivista a avanzar hacia otras lógicas económicas. “Tenemos que cambiar esta ética de relación entre el ser humano y la naturaleza, en que nosotros como seres humanos somos parte de la naturaleza y no estamos ajenos a ella”, dijo la convencional.

“La Convención Constitucional al ser un poder constituyente del Estado, tiene un rol político crucial dentro de esta crisis, por lo cual se insta a declararse en estado de Emergencia Climática y Ecológica y actuar de acuerdo a esto”, plantea el documento presentado por los convencionales al Pleno. 

En ese sentido, la declaración que aprobó la Convención indica que este espacio tiene el deber de implementar la Petición Convención Constitucional Sustentable, que fue firmada por 118 convencionales de todos los sectores. En esta se solicitan medidas como la instalación de puntos de reciclaje en las dependencias donde sesione la Convención, la máxima disminución posible del uso de impresiones, limitar el uso de plásticos, entre otros.

Si bien la declaración es relevante por sí sola puesto al gran acuerdo transversal que se logró en el espacio y por la importancia de la Emergencia Climática, esta coincidió con la revelación de un nuevo caso de corrupción que implica al presidente Sebastián Piñera y al proyecto minero Dominga. En la investigación revelada por Ciper y LaBot, se conoció que el ejecutivo vendió su parte del proyecto por 138 millones de dólares en tres cuotas a su amigo y socio, Carlos Alberto Délano. El tercer pago de dicho contrato estaba sujeto a que Piñera –entonces presidente de país– y su gobierno no podía declarar la zona del proyecto como zona de reserva natural.

“Es realmente lamentable ver nuevamente cómo se relaciona la política con la toma de decisiones económicas. Varios constituyentes hemos declarado nuestro rechazo a Dominga porque es un mal proyecto que ha sido rechazado en múltiples instancias pero que se mantiene a flote por razones políticas y ahora bien sabemos por qué”, declaró Dorador respecto al tema.

Despachado el Reglamento de Participación y Consulta Indígena

Por otro lado, esta pasada jornada el Pleno además terminó de votar el resto de indicaciones que fueron ingresadas al Reglamento de Participación y Consulta Indígena y que eran compatibles con la ya aprobada indicación sustitutiva que fue realizada por los convencionales de escaños reservados y patrocinada 81 firmas de todos los sectores de la Convención. 

El viernes pasado, el Pleno aprobó la indicación sustitutiva de los escaños con 103 votos a favor, la cual complementó y reemplazó el Reglamento que surgió desde la Comisión de Participación y Consulta Indígena, luego de que los 17 convencionales de escaños presentaron su iniciativa “conforme a un procedimiento propio de los pueblos indígenas a través del consenso”, según indicó ese día la presidenta Elisa Loncon.

Aquel día estuvo marcado por un intenso debate, luego de que el sector de Vamos por Chile reclamara por la forma en que dicha indicación sustitutiva anularía otras indicaciones ingresadas por ellos. Frente a eso, los convencionales de derecha plantearon la idea de que una vez aprobada la iniciativa de los pueblos indígenas, se abriera un periodo para ingresar indicaciones, lo cual fue rechazado por la mesa directiva puesto que no correspondía reglamentariamente. 

El Reglamento aprobado reconoce 14 fuentes normativas que son vinculantes para el proceso de participación y consulta indígena. Además, se establece que una Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad debe propiciar, acompañar y velar de manera permanente  un proceso adecuado de participación y establecer acuerdos entre todos los pueblos.

Ahora solo queda someter a votación las más de 400 indicaciones que contiene el Reglamento de Participación Popular, que contiene la propuesta de los plebiscitos dirimentes. Esta iniciativa nace como método de destrabe para aquellas propuestas de norma constitucional que no logren obtener el quórum de los ⅔ pero que sí logren los ⅗ o una mayoría simple, aspecto que se deberá definir próximamente cuando se vote dicha indicación.

Por otro lado, ayer la convencional del Frente Amplio, Giovanna Roa (RD) anunció que su asesora, Antonia Atria renunció a su cargo luego de ser cuestionada por ser hija del convencional del mismo sector, Fernano Atria, uno de los abogados constitucionalistas presentes en el espacio.

Los cuestionamientos surgieron a raíz de que según establece el reglamento de la Convención, un convencional no puede tener a ningún familiar contratado para ejercer las labores de asesoría. Si bien Antonia Atria no se desempeñaba como asesora del convencional Atria, este es compañero de colectividad con Roa, quien además obtuvo un cupo en la Convención luego de ser arrastrada electoralmente con los votos del abogado. 

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