El miedo es uno de los principales sentimientos de las comunidades vecinas de la Forestal Mininco, filial del holding forestal Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), en el sector de Coi Coi en Carahue. En su día a día, la comunidad debe ingresar y salir de sus casas por el camino de la empresa de la familia Matte. Controles de identidad de parte de Carabineros, drones sobrevolando el territorio o pensar en un allanamiento sorpresivo son parte de la cotidianeidad.
En la entrada del camino, ubicado a la altura del kilómetro 41 de la ruta S-138 , cuelga un lienzo que da cuenta que en el lugar viven comunidades mapuche en recuperación territorial. Este sector costero está rodeado de cerros con plantaciones de monocultivo de pino y eucaliptos. Ese es el paisaje que acompaña la ruta hacia el fundo donde fue asesinado Pablo Marchant, weichafe de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). (Revise acá el artículo Carabineros que mataron a Marchant se movilizaron ese día en una camioneta de forestal Mininco).
Casi al final del camino de tierra, una de las comunidades arrinconadas por el trabajo forestal es la José Loncolí, quienes para recuperar su territorio ancestral han debido convivir con Forestal Mininco y con empresarios del rubro como Juan Enrique Kind y su familia, pese a tener el Título de Merced que da cuenta de una parte del territorio reclamado.
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“El documento del despojo”
El 2 de enero de 1903, José Loncolí se presentó ante la Comisión de Título de Merced a Indígenas para solicitar que se reconociera su propiedad sobre el terreno de Coi Coi, departamento de Imperial. Según indica el documento al que accedió INTERFERENCIA, el territorio fue ocupado ancestralmente por su descendencia y 21 personas de su familia. Además, señala que la entidad evaluadora comprobó el linaje: “los solicitantes carecen de medios de trabajo (...) que la calidad del suelo es buena y se presta para los cultivos más usados”, constata el documento.
En menos de 25 años, los mapuche pasaron de tener 10 millones de hectáreas de tierra a sólo unas 500 mil.
“Por medio del Decreto supremo Nº733 de mayo de 1907, teniendo presente los artículos 6 y 7 de la ley de 4 de diciembre de 1866, la comisión hace merced a nombre de la República a los indígenas mencionados de la parcela Nº310 - A de 150 hectáreas”, estableció el Título de Merced para devolver a José Loncolí y su familia una mínima parte del terreno usurpado durante la Ocupación de la Araucanía, la cual significó una invasión al territorio.
En menos de 25 años, los mapuche pasaron de tener 10 millones de hectáreas de tierra a sólo unas 500 mil.
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Según explica el historiador de la Universidad Católica De Temuco, Pablo Marimán, la Comisión Radicadora nace de la ley del año 1866, conocida como Radicación Indígena, concebida en plena campaña militar. “En el acto deben atender el desorden creado y los intereses cruzados en materia de propiedad, entonces necesitan regular el asunto, o sea el despojo, y para eso se proponen ese año instalar una ley y un organismo que se encargue de establecer los títulos que le van a dejar a ‘los indígenas’, como pasarán a denominarnos. Sin embargo, no fue operativo hasta que se culminó la guerra en 1884, y desde ese año hasta 1929, durante 45 años, esa comisión estuvo yendo de norte a sur y desde los valles hasta las costas y montañas, repartiendo Títulos de Merced”, explica.
“Esa ley tenía un cuerpo técnico que era el que tenía que entregar las fajas de tierras que se inscribían a nombre de los indígenas, creando las llamadas reducciones. Entonces la lógica de los sujetos era bien racializada al concebir que los indígenas podían sobrevivir en cabidas de cuatro hectáreas por persona en zonas de valle, o de 10 y más, si era de montaña. Si el cacique, como llamaron y su familia directa y extendida identificada en el título componían una cantidad de 20 o 50 personas, se multiplicaba esa cantidad total por el promedio de hectáreas por persona, lo que daba la extensión definitiva, algo súper injusto, además que con el crecimiento de la población creará crisis al no haber forma de asegurar tierras a toda la descendencia”, añade el también integrante de la Comunidad de Historia Mapuche y la Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche.
Mariman señala que en esa época, los mapuche llamaban “fajeros” a quienes medían y establecían los polígonos que vemos en los mapas de propiedad, “lo que no tenía que ver con las formas mapuche de emplazarse y ocupar el espacio menos con un concepto de ‘propiedad’”.
Además, agrega que la Comisión Radicadora tuvo una figura, el Protector de Indígenas, sujeto que "debía constituirse en los lugares de conflicto para hacer defensa de los títulos, ahí su importancia cuando la cumplieron. Fue una figura en sí doblemente colonial, en el sentido que ejerce por mandato un tutelaje y porque proviene de una institución concebida en el tiempo de la colonia para relacionar los Pueblos de indios con la Corona".
El geógrafo Pablo Mansilla, afirmó: “Los títulos de merced no contemplan los verdaderos territorios mapuche”.
Anteriormente, el investigador Miguel Melin Pehuen explicó a INTERFERENCIA que los Títulos de Merced son el “documento del despojo” entre los siglos XIX y XX. “A los sobrevivientes de esta guerra de ocupación y exterminio, les entregó estos títulos, como un regalo, desplazándolos a distintos territorios en las tierras menos aptas para la ganadería y cultivo. Entregaron aproximadamente 3.000 títulos de merced". Mientras que el geógrafo Pablo Mansilla, afirmó en una entrevista: “Los títulos de merced no contemplan los verdaderos territorios mapuche”.
“Se instaló un campamento militar para custodiar la plantación forestal”
Mario Traipe, dirigente de la comunidad José Loncolí, relata a INTERFERENCIA que en 1986, cuando tenía 15 años, su padre, junto a la comunidad, ocupó el terreno donde viven actualmente. Su casa está en territorio lafkenche a unos mil metros de la playa aproximadamente, y es parte de las 533,4 hectáreas que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) compró en 2015 mediante el artículo 20 b -mecanismo para dar respuesta a las demandas de restitución de tierras- a Enrique Kind Mostard, uno de los dueños de la empresa Sociedad Agrícola Toquihue S.A..
La venta requirió de una inversión de 2 mil 300 millones de pesos según un oficio de compras de tierras de 2019 sobre compras en los “últimos seis años en la Región de la Araucanía”.
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“Entre 1960 y 1973 el Estado, a través de la Corporación de la Reforma Agraria (CORA), le regresó parte del territorio a nuestras familias. Después del golpe militar los terrenos fueron devueltos por la fuerza a una serie de latifundistas. Se hizo la plantación de pinos por medio de CONAF y se entregó la administración a Mininco, Arauco y Valdivia".
“Entre 1960 y 1973 el Estado, a través de la Corporación de la Reforma Agraria (CORA), le regresó parte del territorio a nuestras familias. Después del golpe militar los terrenos fueron devueltos por la fuerza a una serie de latifundistas. Se hizo la plantación de pinos por medio de CONAF y se entregó la administración a Mininco, Arauco y Valdivia. En ese entonces se instaló un campamento militar, que custodiaba la plantación forestal. Por las noches se ejercitaban con sus armas para infundir miedo”. Así recuerda Mario Traipe parte de su infancia.
El dirigente de José Loncolí explica que entre 1986 y el 2001 la comunidad "se mantuvo quieta, la gente vivía en los terrenos en recuperación, pero sin hacer ruido”. Esto cambiaría en 2001, cuando "ya éramos jóvenes y necesitábamos un espacio para vivir como mapuche. Eso significa tener nuestros animales y siembras que nos permitan la subsistencia, así es que iniciamos la recuperación de terrenos e instalamos el conflicto con las forestales en la opinión pública, para que se dieran cuenta de nuestra necesidad y que el Estado había pagado por estos terrenos que durante la dictadura regresaron a manos de los latifundistas", relata Mario Traipe.
“Para esa época ya no se podía expropiar los terrenos, así que cuando el Estado envió a Conadi para ver si lo que reclamábamos era cierto, nosotros exhibimos el Título de Merced que da cuenta de que en este lugar había ocupación ancestral de nuestras familias ,y que ya había sido reconocido de esa forma en el proceso de reducción de comunidades que se realizó en 1900", explica el dirigente.
Traipe, mientras revive el proceso de recuperación, profundiza: "A partir de ese documento, en 2005 se hicieron mediciones para tener relación de cuánto era lo que estaba ocupando la comunidad, además de un estudio antropológico para reconocer la forma de vida en relación al territorio. Esto sumado al constante asedio de carabineros en sus controles y la oposición constante de la familia Kind”.
El dirigente recuerda que en 2009 les informaron que se dio la aplicabilidad para la compra de terrenos para la comunidad José Loncolí, con lo que se inició el proceso que llevó al Estado a adquirir el terreno que se le debía retornaran a sus propietarios Lafkenche. Así como esta comunidad, paralelamente la Comunidad Pascual Coliche e Ignacio Catrilelbun iniciaban sus procesos de recuperación en el sector de Coi Coi, las que hoy también cuentan con tierras recuperadas en terrenos ocupados por forestales.
El libro “La Reforma Agraria y las tierras mapuche 1962-1975” (Lom, 2005) de Martín Correa, Raúl Molina y Nancy Yañez, da cuenta que los Títulos de Merced Nº1320, José Loncolil, por 150 hectáreas, de 30 de julio de 1908; Nº1564, Pascual Colicheo, por 139 hectáreas, de 21 de mayo de 1910; y Nº2549, Ignacio Catrilelbun, por 61 hectáreas, de 31 de diciembre de 1912. “Si bien el territorio deslindado abarca una superficie cercana a las 9.600 hectáreas, a las tres comunidades mapuche que habitan el sector se les reconocieron en Título de Merced, en conjunto, 300 hectáreas”, se explica.
A pesar de que se había dado paso a la compra del terreno para la Comunidad José Loncolí, tuvieron que pasar otros seis años y una nueva recuperación de terreno para que se lograra la compra, así lo describió Mario Traipe.
La mañana del 21 de abril de 2015, según informaban los diarios locales, se produjo una nueva toma del Fundo Toquihue, protagonizada por las 34 familias que buscaban la vía del diálogo para adquirir las tierras.
Esa jornada, según relata Mario Traipe, se tomaron el terreno de Enrique Kind Mostard, para encararlo, porque le daba un precio al Estado y otro a la comunidad, lo que mantenía en tensión la compra de tierras y sin posibilidad de avanzar. “Nosotros le preguntamos a Kind si es que quería vender, él dijo que no. Nosotros nos molestamos, porque nos había hecho esperar un largo tiempo y le hicimos saber que no estábamos dispuestos a caer en sus juegos. Él se molestó y junto a otros civiles comenzaron a disparar. Ese día uno de los peñis (hermanos) recibió un perdigón en la pierna”.
Desde ese día no hubo más diálogo entre la comunidad José Loncolí y Juan Enrique Kind. Finalmente, según comenta la comunidad mapuche, en febrero de 2016 se realizó la compra del terreno en $4 mil 480 millones y en abril de ese mismo año fue entregado a la comunidad.
Un informe elaborado por la Dirección de Inteligencia de Carabineros en abril de 2015, publicado por CIPER, da cuenta de los “Grupos de agricultores organizados y potencial enfrentamiento con comuneros indígenas”. “En ese cuadro aparecen nombres que luego no fueron incorporados en el informe final de la Dipolcar. Uno de esos nombres es el de Gastón Caminondo Vidal, ex presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de La Araucanía (Sofo), y padre de la seremi de Justicia en la región, Stephanie Caminondo. Otro es el del teniente coronel (r) de Carabineros, Andrés Cadiz Stewart, quien llegó a ayudar a Juan Enrique Kind cuando el 21 de abril de 2015 su fundo Toquihue fue afectado por una 'usurpación violenta'".
Desde ese día no hubo más diálogo entre la comunidad José Loncolí y Juan Enrique Kind. Finalmente, según comenta la comunidad mapuche, en febrero de 2016 se realizó la compra del terreno, y en abril de ese mismo año fue entregado a la comunidad.
“Los siguientes cinco años después de la compra de los terrenos, ha continuado el proceso de recuperación, ya que no todos los mapuche que necesitan vivir en un terreno calzan con el perfil de los subsidios. Sin embargo, se encuentran en la misma precariedad que nos encontrábamos nosotros, por lo mismo es que las forestales deben desocupar el terreno”, explica Mario Traipe.
Semanas después de la muerte de Pablo Marchant, la Coordinadora Arauco Malleco se tomó el fundo Santa Ana-Tres Palos, la comunidad hizo una plantación de árboles nativos y avena en el sector donde fue abatido el integrante de la CAM. Según comentó Mario Traipe, desde que "asesinaron al peñi ( hermano) no hay diálogo con Forestal Mininco". (CAM se toma fundo de Forestal Mininco donde fue asesinado Pablo Marchant)
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