El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, ha estado políticamente acorralado por las compras irregulares de tierras mapuche en la comuna de Pucón que realizó en 2009 y 2012. Al anuncio de una posible comisión investigadora en el Congreso, ahora se suma una acción que podría cercar aún más al otrora poderoso subsecretario, cuya situación ha sido uno de los temas de mayor preocupación al interior de La Moneda desde que INTERFERENCIA revelara el caso a inicios de marzo (ver artículos: “La casa de veraneo que el subsecretario Ubilla compró en territorio mapuche” y “Surgen más terrenos mapuche de Ubilla: uno de ellos fue comprado cuando ya ejercía como subsecretario en 2012”).

Los cinco hermanos y uno de los sobrinos de Jorge Painequir Molina -el fallecido dueño de las cuatro parcelas que Ubilla adquirió en lo alto de una colina en pleno territorio mapuche- interpusieron este fin de semana una demanda civil que busca la nulidad de los contratos que permitieron al subsecretario y a la Sociedad de Inversiones Quetroleufú Limitada hacerse con esas tierras.

INTERFERENCIA tuvo acceso a partes de la demanda donde se establece que en este caso “hubo actos jurídicos celebrados con infracción a las disposiciones señaladas en los artículos 1, 2, 12, y 13 de la Ley Indígena (...) Dichos actos constituyen una enajenación de bienes que la Ley Indígena ha calificado de tierras indígenas y que ha sometido a un tratamiento especial”.

Tal como reveló nuestro medio en marzo, las parcelas adquiridas por el subsecretario pertenecían a Guadalupe Moris, esposa de Jorge Painequir, quien las adquirió a su vez mediante una compraventa fiduciaria realizada con su padre, Rumaldo Painequir, en febrero de 2008.

Dos meses después de esa transacción, Jorge Painequir cambió el régimen matrimonial desde una sociedad conyugal a la de separación de bienes. Así, Guadalupe Moris, su esposa, pasó a ser titular de esas parcelas. En el año 2009 vendió a Ubilla 15.000 metros cuadrados por 17 millones de pesos. En 2012 Jorge Painequir murió sorpresivamente a los 42 años de edad. 

Considerando el fallecimiento del dueño indígena de la tierra, sus hermanos decidieron recurrir al tribunal para exigir la nulidad de todos los actos que derivaron en que el subsecretario del Interior adquiriera los terrenos.

Además de solicitar la nulidad de los contratos, la familia también exige la cancelación de las correspondientes inscripciones y declarar nulos todo otro acto o contrato que el tribunal estime.

La demanda presentada por la familia invoca el artículo 1 de la Ley Indígena relativo al reconocimiento que se hace de la tierra como fundamento principal de la existencia y cultura indígena. En ese sentido, afirma que resulta evidente “que el objeto de los actos jurídicos cuya nulidad absoluta se solicita en esta presentación constituyen tierras indígenas, porque así lo dispone la letra b) del número 1° del artículo 12 de la ley indígena”,

La acción de los Painequir descarta las reiteradas declaraciones de Ubilla, quien ha asegurado que la liquidación de la sociedad conyugal entre Guadalupe Moris y Jorge Painequir habría desafectado las tierras; es decir, ese acto de derecho común le habría quitado el carácter de indígena a dichas tierras. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, salió a respaldar esta visión y, posteriormente, tanto el director subrogante como el fiscal de la Conadi auxiliaron estos argumentos con dos reportes. Sin embargo, ambos informes no han sido reconocidos -e incluso han sido impugnados- por prácticamente todos los consejeros pertenecientes a los pueblos originarios de dicha entidad, incluyendo los Rapa Nui que tuvieron un fuerte encuentro personal con Ubilla hace una semana.  

La demanda pone sobre la mesa la prohibición legal de enajenar este tipo de tierras -excepto entre personas de una misma etnia- y asegura que las tierras vendidas por Guadalupe Moris a Ubilla nunca dejaron de ser indígenas, pues ni la subdivisión de la comunidad realizada en 1983, ni el fin de la sociedad conyugal desafecta la calidad indígena de los terrenos.

“No es posible interpretar que las tierras indígenas, consagradas por la Ley Indígena en razón del interés nacional, y que la propia ley señala que es el fundamento de las culturas originarias, puedan ser desafectadas de su carácter por una liquidación de la sociedad conyugal, por compraventas o aportes. Las limitaciones que tienen estos inmuebles especiales siguen al bien, sea quien sea la persona que los tenga bajo su dominio”.

Operación política

Poco antes de irse de vacaciones a Escocia a fines de febrero, el subsecretario dio una entrevista al diario La Tercera donde afirmó que “algunos de los incendios que se han producido en el último tiempo están asociados al tema de la causa mapuche”. Ubilla se estaba refiriendo a los incendios forestales que este verano afectaron a las regiones del Biobío y la Araucanía.

Fue esa declaración la que molestó a muchos en la comunidad Mariano Millahual, que han sido vecinos -y algunos empleados- de Rodrigo Ubilla por casi una década. Esta comunidad mapuche se dedica principalmente al etnoturismo y nunca ha estado en los titulares cuando han ocurrido actos de mayor violencia en la Araucanía.

Sin embargo, el subsecretario está convencido que detrás de estas revelaciones están sus enemigos políticos, provengan de la oposición o del interior del gobierno. “Hay una clara intencionalidad política”, afirmó a la prensa hace unas semanas al ser consultado respecto a sus tierras en la Araucanía.

En su momento, y como parte de la defensa de Ubilla, fuentes no identificadas del ministerio del Interior aseguraron a  La Tercera que el Conservador de Bienes Raíces de Pucón nunca informó que las tierras no eran indígenas y que, por ende, no había inconveniente para su compra, Con ello se abre la interrogante de quiénes y cuántos más han comprado de manera irregular tierras mapuche en esa región.

Con todo, Ubilla afirmó hace unas semanas no estar preocupado. “Estoy tranquilo, como se los informé en su momento al Presidente Piñera y al ministro Andrés Chadwick, se cumplen todos los estándares de legalidad (…) Yo tengo la conciencia absolutamente tranquila”.

Más allá de la conciencia de Ubilla, ahora será un tribunal de Pucón el que deba decidir acerca de la legalidad de las tierras que adquirió en medio de una comunidad mapuche.