Respetar los derechos de las niñas y las mujeres, particularmente las pobres, no es materia de “conciencia íntima” ni “convicción valórica”. Los y las representantes del pueblo que piensan que su fe y espiritualidad justifican rechazar estándares internacionales de derechos humanos, como la despenalización del aborto, están confundiendo gravemente su rol. Esa reflexión puede ser legítima en el templo, pero no el Congreso. Tuvieron la oportunidad de ser pastores o monjas, pero decidieron ser parlamentarios y tomar decisiones de política pública.

Es la confusión que el lunes llevó a votar en contra de la despenalización del aborto a varias diputadas de derecha que integran la comisión de mujer y equidad de género; el error también involucró a la demócrata cristiana Johanna Pérez, pese a que su candidata presidencial, Yasna Provoste, prometió días antes jugarse por ese proyecto de ley.

Pero la historia reciente de la legislación sobre el aborto no aleja tanto a la diputada Perez de la senadora Provoste. En 2016 la candidata presidencial votó seis veces con la derecha algunas de las normas relativas al aborto en tres causales, incluida la segunda de las condiciones: inviabilidad fetal. Sin eufemismos, se opuso a evitarle a las mujeres el calvario de nueve meses de vínculo afectivo con una criatura que perderá la vida al nacer.

"La historia reciente de la legislación sobre el aborto no aleja tanto a la diputada Perez de la senadora Provoste. En 2016 la candidata presidencial votó seis veces con la derecha algunas de las normas relativas al aborto en tres causales".

Esta vez, el proyecto rechazado ni siquiera pretende aprobar el aborto legal, seguro y gratuito. Significa tan solo alcanzar el mínimo civilizatorio que impida que una mujer se vaya presa, después de someterse a un procedimiento clandestino, peligroso, doloroso y traumático, para interrumpir un embarazo incipiente que no puede o no desea llevar a término.

Según un estudio de la Corporación Humanas, solo en el año 2019 hubo 162 mujeres denunciadas a la Fiscalía por decidir sobre sus cuerpos en contextos de vulnerabilidad por pobreza, edad, discriminación u otras debilidades. Durante cada uno de los últimos diez años, día por medio una niña o mujer chilena ha tenido que enfrentarse a Carabineros o a la PDI, a la Fiscalía o a los Tribunales, por interrumpir su embarazo en condiciones tan precarias, que terminan con riesgo de vida en la urgencia de algún hospital, donde además de ser mal tratadas, resultan denunciadas.

Este trato vejatorio que la ley ampara, como toda discriminación, afecta más a débiles que a poderosas. Hace unos años le costó el cargo a la exministra de Salud Helia Molina, decir que solo las mujeres pobres sufren persecución legal por poner fin a un embarazo, porque el aborto libre es un privilegio reservado a quienes pueden pagarlo en “clínicas cuicas” o pueden viajar al extranjero y costear un procedimiento que resulta legal en buena parte del mundo.

Mientras una mujer pobre arriesga entre tres y cinco años de condena por interrumpir su embarazo, en la comodidad del hemiciclo un grupo de parlamentarios sigue creyendo que la conciencia personal del legislador debe ser respetada, incluso venerada, aun a costa de conculcar la libertad y el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos de manera segura.

Inevitablemente, este debate evoca las excusas noventeras sobre prudencia y responsabilidad. El presidente Aylwin sinceró los claroscuros de la transición, cuando al hablar de las atroces violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura clamó “justicia, en la medida de lo posible”.

Treinta años después, la integridad física, psíquica y jurídica de las mujeres más vulnerables sigue sometida a la medida de lo posible, mientras resuena en los salones masculinos del poder la excusa de que “la sociedad no está preparada” para despenalizar el aborto.  Tampoco estuvo preparada para el sufragio de las mujeres, para que administraran el propio patrimonio, para tipificar el femicidio, la violencia de género y el acoso, para obtener derechos sexuales y reproductivos o para alcanzar paridad en las esferas del poder. Nunca estuvo preparada, entre otras razones, porque se trata de “asuntos de conciencia” o “temas valóricos” en los que hay que respetar las convicciones personales de cada legislador.

No hay ninguna convicción respetable que tolere violaciones a los derechos humanos como la penalización del aborto. Tampoco hay espacio para el doble estándar de quienes enarbolan la bandera feminista para acercarse al poder, pero la abandonan al momento de confrontar la dominación conservadora sobre la libertad individual de las mujeres. No se puede ser feminista “en la medida de lo posible”.