A fines de julio de 2024 se anunció que Gendarmería iba a adquirir 20 pistolas taser para usarlas al interior de la Cárcel de Alta Seguridad. En un acto donde participó el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, y el ex subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo (actual ministro del ramo), las autoridades anunciaron que este armamento se sumaría al ya existente para los gendarmes.

“Estas herramientas se suman a las que ya tienen los gendarmes, con las cuales se logrará proteger la vida e integridad de los funcionarios, disuadir al que intenta agredir o cometer un delito, reducir los reclamos por uso abusivo de la fuerza, entre otros”, dijo Orrego.

El mismo día, Sebastián Urra, director de Gendarmería, señaló que “la adquisición de este tipo de armamento será un refuerzo en contextos y situaciones específicas, mediante un control efectivo y que minimiza el contacto físico ante eventuales situaciones, brindando, además, mayor seguridad para nuestros funcionarios”.

Específicamente, la fecha de licitación de estas armas fue publicada por Gendarmería el 26 de marzo de 2025, varios meses después del anuncio público. En particular, se querían adquirir “20 armas electrónicas de inmovilización temporal”, con un presupuesto de $220 millones.

Lo que ocurriera con ese concurso en Gendarmería era importante, pues se planteaba de manera paralela al debate que han sostenido en la opinión pública distintos alcaldes, pidiendo al gobierno que acelere el proceso de compra de pistolas taser para ser utilizadas por Carabineros. Así lo planteó el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, en un punto de prensa el 18 de febrero de 2025, cuando criticó el plan piloto que el gobierno llevaría a cabo en Carabineros para este tipo de armamento.

“Yo no sé por qué es necesario hacer un período de prueba de una pistola eléctrica que ya está probada y es utilizada por las policías de Europa y Estados Unidos desde ya hace décadas”, dijo Desbordes ante la prensa apostada en el lugar.

Sin embargo, el 30 de mayo pasado salió una resolución de Gendarmería de Chile en la que declaró desierta la licitación para adquirir las 20 pistolas taser. Al concurso se presentaron dos empresas: Tecnologías Sociales Limitadas y Sociedad Comercial Millenium Limitada, pero ambas ofertas fueron rechazadas, debido a que no cumplieron con lo requerido en las bases.

Plan piloto en Carabineros

Una nota de La Tercera recogió unas declaraciones del gobernador Claudio Orrego criticando las medidas de seguridad del gobierno. “Tuvimos una carabinera herida por un arma blanca, eso en el mundo hoy día se puede evitar a través de la existencia y la autorización del uso por parte de la policía de armas no letales, llamadas armas taser o de inmovilización”, dijo Orrego en enero de este año.

Y luego de críticas de diversas autoridades del país, desde el gobierno iniciaron un plan piloto para el uso de pistolas taser, para que estas fueran usadas en el contexto de denuncias por violencia intrafamiliar.

Al día de hoy, ese plan de Carabineros sigue en curso, tal como informaron fuentes ligadas a esa institución.

En Carabineros ya se había evaluado este tipo de armamento en 2019. Lo reportó Interferencia en su minuto, en el artículo Carabineros compró armas de electrochoque por US$125 mil durante Bachelet II, pero su uso fue desechado luego de la revuelta de 2019. En ese reporte se daba cuenta de una compra en 2017 por esa cantidad de dólares, unos $80 millones al cambio de la época.

Sin embargo, en 2019, el entonces subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, fue uno de los principales opositores a ocupar este tipo de armamento.