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Viernes, 18 de septiembre de 2020
Reactivación ¿a qué costo?

Funcionarios del SEA rechazan criterios no ambientales en la evaluación ambiental de proyectos tras convenio con Ministerio de Economía

Nicolás Massai D.

Los trabajadores dicen que el convenio está lesionando la confianza de los intervenientes hacia el servicio. Esto se da en medio de distintas formas de apoyo del SEA a proyectos de Anglo American y Copec.

Distintas organizaciones, tanto del Estado como de la ciudadanía, se manifestaron en contra de la intervención que ha hecho este gobierno en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) por medio de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), dependiente de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño.

Se trata de convenios de transferencia de recursos que han beneficiado a grandes corporaciones, las que actualmente tramitan grandes proyectos en el SEA, tales como Los Bronces Integrado, de la compañía Anglo American.

Un grupo de más de 60 organizaciones medioambientales –dentro de las que se cuentan GreenPeace Chile, Modatima, Chile Sustentable, FIMA y Terram– condenaron que a través de este acuerdo, la Oficina GPS ejerza “una influencia que es a todas luces ilegítima”.

“Esto ha quedado recientemente en evidencia, a propósito de la evaluación del proyecto Los Bronces Integrado, de la compañía Anglo American, donde una profesional contratada a honorarios por el SEA con dineros provenientes del Ministerio de Economía, coordinó las reuniones de lobby del titular con los órganos de la Administración del Estado que participan en la calificación ambiental del proyecto”, señalaron en un comunicado, en referencia a la información dada a conocer por INTERFERENCIA (ver artículo Así interviene el gobierno el Servicio de Evaluación Ambiental en favor de Anglo American).

Todas estas organizaciones solicitaron a la Cámara de Diputados la creación de una Comisión Investigadora “para fiscalizar esta situación y evitar que continúe".  

De manera paralela a los grupos medioambientales, y de la denuncia que ingresó a la Contraloría General de la República por la intervención de la Oficina GPS en el SEA, la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Evaluacion Ambiental (Anfusea), que agrupa a 270 trabajadores a contrata o de planta del organismo, manifestó que no fue oportuno este acuerdo, que no conocían, y del que se enteraron, literalmente, por la prensa (INTERFERENCIA).

De tal modo, Anfusea publicó un comunicado en donde sostienen “que no es oportuno suscribir este tipo de convenios, que de ninguna forma colaboran con la construcción de confianzas entre los intervinientes del Sistema de Evaluación Ambiental, considerando que este es un procedimiento reglado, donde cada actor debe ejecutar su rol con el mayor grado de transparencia en una evaluación ambiental que tiene el carácter de pública”.

"Rechazamos cualquier intención de relevar otro criterio al interior del Servicio de Evaluación Ambiental que no sea el expresamente ambiental", señalan.

En conversación con INTERFERENCIA, la presidenta de Anfusea, Andrea Espinoza Gajardo, abogada que hace nueve años se desempeña en el SEA, comenta que como organización “estamos preocupados por el alcance que puede tener todo esto en la comunidad, en la ciudadanía”.

“Los funcionarios de carrera sabemos que construir confianza en los servicios públicos demora mucho, es muy complejo cuando mis colegas se tienen que presentar a realizar una participación ciudadana, y la gente no los quiere atender porque dicen que están vendidos o cualquier otra cosa. Los funcionarios trabajamos con harto respeto y cuidamos nuestra institución. Esto nos complica en temas de credibilidad frente a la ciudadanía”, agrega.

Respecto del convenio entre el SEA con el Ministerio de Economía, la dirigenta dice que “no con todas las carteras es compatible nuestro rol. Los mandatos para evaluar un proyecto no van de la mano con el quehacer de otras carteras. El convenio puede estar perfecto, y eso lo dirá la Contraloría, pero lo que entiende la comunidad es que nosotros tenemos que ser totalmente imparciales de cualquier tipo de influencia”.

Espinoza añade que “nuestro rol al evaluar proyectos tiene que ver con criterios ambientales y sustentabilidad, y Economía va a fomentar otro tipo de cosas: la economía, que es necesaria, así como el empleo, pero nuestro rol tiene que ver con sustentabilidad y criterios ambientales. No necesariamente vamos a estar tocando la misma tecla”.

Por último, Andrea Espinoza dice que “nosotros no teníamos conocimiento de existía este convenio”.

La preocupación de Anfusea se suma a la que mostró la Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente, los que a través de una declaración el pasado 3 de agosto rechazaron "cualquier intento de intervención en el Servicio de Evaluación Ambiental por otro organismo, ya sea, público o privado. Los/as funcionarios/as públicos/as, hemos venido defendiendo, a través de nuestras organizaciones, el derecho a una evaluación de carácter técnico, profesionalizada, sin presiones".

SEA recomienda aprobar proyecto Las Salinas 

Las última actualización de la denuncia ante la Contraloría General de la República (CGR) relacionada a los convenios entre la Oficina GPS y el Ministerio de Economía -realizada por la Corporación de Defensa de la Cuenca del Mapocho y la Junta de Vecinos Las Varas Camino a Farellones- dice que ya este martes 11 de agosto el órgano fiscalizador solicitó un informe para que responda tanto al director ejecutivo del SEA, Hernán Brücher Valenzuela, como al Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Esteban Carrasco Zambrano.

Ambos organismos tienen 10 días hábiles para responderle a la CGR.

Un día después de la actualización, el SEA de Valparaíso recomendó aprobar el proyecto de Saneamiento del Terreno Las Salinas, de Inmobiliaria Las Salinas Limitada, filial de Empresas Copec –grupo Angelini– una iniciativa que también patrocina la Oficina GPS y que genera cuestionamientos en parte de las comunidades aledañas a ese sector de Viña del Mar, donde se emplazará (ver artículo Copec informa qué bacteria específica pretende usar para descontaminar Las Salinas y despierta nuevas suspicacias entre vecinos).

“Esta decisión del SEA regional no nos parece extraña, desde que priman, como hemos dicho, los intereses económicos por sobre los jurídicos-ambientales. Nosotros estimamos que este proyecto es peor para el medio ambiente y la ciudad”, afirma a partir de esta noticia Gabriel Muñoz, abogado del movimiento ciudadano en contra del saneamiento de Copec.

INTERFERENCIA intentó obtener alguna declaración respecto del contenido de este artículo por parte de la dirección ejecutiva del SEA a través de su equipo de comunicaciones, sin obtener respuesta hasta el cierre de esta edición.

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Los trabajadores del sea. Por favor ponganse a trabajar, justifiquen su sueldo y no pongan trabas a los proyectos que generan empleos que tanto se necesitan hoy en dia.

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