En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el Gobierno de México ha develado las cifras de las fosas clandestinas del país, en gran parte producto de la guerra contra el narcotráfico desatada en la época del presidente de derecha Felipe Calderón (2006-12), en la cual se ha producido un enrevesado conflicto.
La Administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha informado este viernes que se han encontrado 4.974 cuerpos en 3.024 fosas durante los últimos 13 años y medio. Es decir, un número superior a los detenidos desaparecidos víctimas de la dictadura militar de Augusto Pinochet.
"Es un número dinámico que estamos revisando", afirmó la presidenta de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de México, Karla Quintana, en una conferencia de prensa realizada junto al presidente. Esta nueva contabilización implica un considerable aumento desde la última cifra trascendida a través de la investigación periodística de Quinto Elemento Lab en 2018, la que señalaba que había unos 2.884 cuerpos en 1.978 tumbas ilegales.
La comisionada encargada de la búsqueda ha señalado que los números provienen de un esfuerzo entre Estado y sociedad civil, ya que el catastro se construyó a partir de información de las fiscalías estatales y las organizaciones civiles que se dedican a buscar desaparecidos, según consigna El País.
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Junto con las cifras generales, la presidencia mexicana informó que desde la llegada de López Obrador (de Morena) al Gobierno el pasado 1 de diciembre, se han encontrado 522 fosas con 671 cuerpos. El ejecutivo ha destacado además que durante los últimos ocho meses y medio, se han identificado 200 restos humanos, de los cuales 116 ha sido entregado a sus familiares.
La administración de AMLO ha insistido en diferenciar la política actual con respecto a los anteriores sexenios. Una de las medidas fundamentales para distinguirse de lo que fue el gobierno de Enrique Peña Nieto (PRI) ha sido reconocer las existencia de desaparecidos y tumbas clandestinas, y a partir de ello abrir las puertas a la inspección internacional. "Se hará una invitación formal al Comité contra las Desapariciones Forzadas [de Naciones Unidas] para el segundo semestre de 2020, una solicitud estaba pendiente desde 2013", ha anunciado el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. "El Gobierno anterior se negó recurrentemente a dar [la invitación], invisibilizando el problema", denunció.
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