La primera intención de búsqueda de diálogo en el Wallmapu por parte del Gobierno tuvo un duro revés durante la mañana del martes 15 de marzo en Temucuicui.

La comitiva interministerial encabezada por la ministra del Interior, Izkia Siches, tenía agendada una reunión en la casa de Marcelo Catrillanca, padre de Camilo Catrillanca, quien es parte de dicha comunidad, pero la cita no pudo concretarse, pues antes de ingresar a la comunidad fueron recibidos con un corte en la ruta, disparos al aire y consignas políticas en alusión a los presos políticos mapuche.

Esto, pues la comitiva no respetó los protocolos mapuche para el ingreso a esta comunidad que está en abierto conflicto con el Estado chileno por reclamos de territorios ancestrales. En concreto, el lonko de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Víctor Queipul, advirtió que Siches debió haber consultado con él, como autoridad ancestral, el ingreso y el inicio del diálogo, lo que no se hizo con anterioridad.

INTERFERENCIA informó ampliamente de la postura de Queipul en su artículo: Habla el lonko de Temucuicui (A): "Si quieren entrar así están muy equivocados, podemos recibir a Siches y Boric si hablamos de restituir territorios" 

El traspié generó la primera crisis del gobierno, la cual es autoinducida, en cuanto la acción fue de carácter improvisado y demostró que el debutante Gobierno no tiene las redes para entrar a negociar con las comunidades más refractarias al diálogo. De tal modo, Siches se vio obligada a modificar su agenda y La Moneda se puso en modo de respuesta frente a una situación potencialmente explosiva.

La decisión de Siches permitió mantener los compromisos del Gobierno de desplegarse por el territorio y abordar los conflictos con el diálogo.

Sin embargo, y pese a la gravedad de los hechos, el Gobierno tomó la decisión de mantener dos de los compromisos que el mismo presidente Gabriel Boric sostuvo en su primer discurso como mandatario.

El primero, que los secretarios de Estado estén en terreno haciendo su trabajo. De tal modo, pese a que la forma de ir a Temucuicui era la equivocada, no lo fue la intención, en una acción inédita respecto de cualquier otro gobierno desde que estalló el conflicto en los 90. 

El segundo, buscar el diálogo para encontrar soluciones entre la relación del Estado chileno con el pueblo mapuche.  

Ambos compromisos se pudieron mantener en la misma medida en que el Gobierno decidiera no querellarse contra quienes fueran responsables de los delitos. Esto, pues en caso contrario, se habría dificultado aún más el movimiento del Gobierno por el territorio y se habría cerrado toda oportunidad de diálogo.

La decisión fue adoptada por Siches en conjunto con el subsecretario del Interior, a cargo del orden público, Manuel Monsalve (PS), de quien se tenía dudas respecto de su postura frente al conflicto con los mapuche, al ser cercano a Mahmud Aleuy, ex subsecretario de la misma cartera durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, quien es reponsable político de la 'Operación Huracán' que buscó incriminar mapuche con pruebas falsas por parte de Carabineros. “No aporta mucho en las medidas profundas”, dijo Monsalve respecto de la decisión de no querellarse.  

De todos modos, en el día de ayer el Gobierno no respondió a la apertura al diálogo que propuso el propio Queipul, a condición de que se aborde la restitución de territorios.

Siches: del error a un giro inédito

Como parte de los argumentos del Gobierno para no querellarse está el hecho de que ya existe un oficio presentado por el Ministerio Público, y que designó al fiscal de Alta Complejidad, César Chibar, para recabar información sobre el caso frente a los delitos de incendio, disparo y atentado contra la autoridad.

Sin embargo, a pesar del oficio, el Gobierno podría haber tomado la determinación de querellarse por Ley Antiterrorista contra quienes fueran responsables, tal como han hecho todos los gobiernos anteriores frente a casos de alta connotación pública.

Facultad que el ejecutivo decidió no aplicar, marcando un precedente y diferenciándose de hitos emblemáticos como el ‘Caso Iglesias’ donde el intendente de la Araucanía de Bachelet durante 2016, Andrés Joauannet, se querelló por Ley Antiterrorista por la quema de una iglesia en Padre las Casas.

Los sospechosos del hecho fueron cuatro mapuche. El lonko Alfredo Tralcal Coche y los hermanos Ariel Alexis Trangol Galindo, Benito Rubén Trangol Galindo y Pablo Iván Trangol Galindo, quienes supuestamente quemaron el templo luego de obligar a los fieles a retirarse. No obstante, no existían pruebas que les responsabilizaran del hecho, pues fueron encontrados a 10 kilómetros de la zona y con herramientas de trabajo, y acusaron una persecución en su contra por su labor en la reivindicación del lof wenteche. 

Los gobiernos anteriores ante hechos de alta connotación pública, terminaban querellándose por Ley Antiterrorista.

Tras una huelga de hambre de más de 100 días, la presidenta Bachelet, decidió retirar la querella por Ley Antiterrorista, aunque de igual forma se estableció la culpabilidad de los hermanos Pablo y Benito Trangol Galindo. 

Asimismo, el episodio recuerda a la querella presentada por Ley Antiterrorista el año 2017 producto de la ‘Operación Huracán’, donde fueron formalizados ocho imputados mapuche por supuestamente tener responsabilidad en la quema de más de 50 camiones, templos evangélicos y católicos en la Araucanía. 

Los 'hechos' fueron supuestamente constatados gracias a un software falso que -según decía Carabineros- interceptaba dispositivos para extraer información y una segunda aplicación web que revelaba la ubicación de una persona. 

Frente al fraude y el inculpamiento, el Consejo de Seguridad del Estado concluyó que los agentes responsables Alex Smith y Manuel Antonio Riquelme habían faltado a la verdad y cometido el delito de falsificación. 

Respecto a la gestión de Piñera, en su último mandato, tan solo a siete días de asumir la Presidencia presentó su primera querella por Ley Antiterrorista tras ataques incendiarios ocurridos en Vilcún y Lautaro, comunas de la Araucanía, siendo afectadas dos casas y dos maquinarias agrícolas, pero que no registraron personas heridas. 

Del "se evalúa" al "definimos no tomar mayores acciones"

El episodio sufrido por Izkia Siches fue la prioridad de La Moneda durante la mañana del miércoles 16 de marzo. Antes de las 08:00 de la mañana, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se reunió junto a Ricardo Yáñez, director de Carabineros, el subprefecto general de la PDI, Lautaro Arias y otras autoridades uniformadas para sostener un comité policial extraordinario producto de los hechos suscitados en Temucuicui.

Tras dos horas de reunión, el subsecretario entregó declaraciones en el patio de los cañones de La Moneda. Fue enfático en señalar que la visita a Temucuicui estaba “planificada” y que existía un “plan de contingencia estructurado y planificado por parte de las policías”. 

Palabras que contrarían la versión de Marcelo Catrillanca, quién indicó que hubo “improvisación” por parte de la comitiva y que no se le avisó con tiempo como para advertir a las autoridades indígenas. No obstante, planificado o no, lo concreto es que el lonko de Temucuicui -máxima autoridad-, Víctor Queipul, se enteró de “rebote” de dicha visita.

Había dudas respecto de cómo enfrentaría un problema de esta naturaleza el subscecretario Monsalve, dada su cercanía con el ex subsecretario Mahmud Aleuy, quien es el responsable político de la 'Operación Huracán'.

Respecto a la posibilidad de presentar una querella frente a los hechos ocurridos, Monsalve señaló en ese instante que “se evalúa”. Esto, pues indicó que existe “una obligación legal respecto de las autoridades frente a la comisión del delito”. Aunque, frente al oficio presentado por la Fiscalía, Monsalve aseguró que eso “nos libera, efectivamente, de cualquier responsabilidad”.

Además, Monsalve sostuvo que “cuando un Gobierno no se hace cargo de los problemas políticos profundos que están detrás de un conflicto, la respuesta normalmente es la violencia. Queremos paz, creemos que la estrategia del diálogo debe perseverar”.

Declaraciones que pueden leerse como un mensaje directo a las comunidades mapuche y que podrían definir la tónica del viaje que tiene programado para la próxima semana al Wallmapu.

Minutos después de las declaraciones, Monsalve abandonó las dependencias de La Moneda junto a un grupo de asesores que le acompañaron hasta un vehículo que le esperaba en calle Moneda, con rumbo hacia el Congreso. 

Allí, el subsecretario esperaba reunirse con Izkia Siches para tomar una decisión respecto a una eventual querella tras la reunión que Monsalve sostuvo con autoridades policiales en horas de la mañana. Cita que por cierto, también tuvo como punto establecer nuevas estrategias de seguridad una vez finalizado el estado de excepción en el Wallmapu. 

De todos modos, el no querellarse abre un flanco para la derecha, que buscará connotar en el hecho una señal de debilidad del Gobierno para enfrentar problemas de orden público. 

Finalmente, Siches y Monsalve, tomaron una decisión al respecto y decidieron no presentar querellas frente a lo sucedido en Temucuicui.

“Lo conversamos con el subsecretario. Rápidamente cuando ya supimos que la Fiscalía actuó de oficio definimos no tomar mayores acciones, entendemos que se ha intentado hacer un punto político de ello, Nuestra respuesta fue más que nada práctica en torno a que estaban ocurriendo muchas cosas a la vez y creemos que en este momento no aporta mucho”, dijo Siches en un punto de prensa del Congreso.

La decisión estaba concatenada con el motivo principal de su visita al Poder Legislativo, donde iba a solicitar la prórroga del estado de excepción en el norte del país por la crisis migratoria. Algo que sintonizaba con la demanda de la derecha, que pide que el nuevo Gobierno extienda también el estado de excepción en el Wallmapu.

De tal manera, el episodio tendrá nuevas secuelas en la medida en que la derecha lo empleé como argumento de la debilidad del Gobierno para enfrentar el problema de orden público de la zona. Por ejemplo, el senador Francisco Chahuán, presidente de RN, anunció que él sí se querellará. 

“En el territorio del sur tenemos un estado de excepción que lleva más de cinco meses”, dijo para dar a entender que dicha medida no ha funcionado.