Poco después de asumir como ministro de Justicia y Derechos Humanos en marzo de 2018, Hernán Larraín (UDI) tomó una medida que tensionó de inmediato la relación con el mundo de los derechos humanos: retiró el proyecto de ley presentado al final del gobierno de Michelle Bachelet, que les otorgaba a los ex presos políticos de la dictadura cívico-militar un bono de $3 millones a cada uno como medida complementaria de reparación.

Cuando la oposición se lanzó contra él, el ministro dijo que se enviaría otra iniciativa de reparación, pero a poco más de un año del hecho, lo que ha sucedido es todo lo contrario. Según un oficio enviado por el ministro a la diputada Maya Fernández (PS), el gobierno no tiene en su agenda regularizar esta situación.

“El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no ha elaborado, ni tiene como iniciativa el reingreso del proyecto”, señala el documento enviado el pasado 11 de abril por el ministro Larraín.

Esta propuesta, si bien no era del agrado de todas las agrupaciones de ex presos políticos, fue una de las pocas medidas concretas que tomó Bachelet en su segundo gobierno. Tras cuatro años de reuniones con las víctimas de la dictadura, y un mensaje presidencial que buscaba mejorar la situación de estas personas que reciben poco más de $ 150 mil pesos de pensión según estableció la Ley Valech, la presidenta al final de su mandato ingresó esta medida reparatoria.

Hoy la situación está en punto cero y las organizaciones intentan reactivar de alguna forma que se tramite algún beneficio, peleando contra el tiempo puesto que todos los meses son varios los ex presos políticos que fallecen por enfermedades o la avanzada edad. En este sentido, durante abril el Comando Unitario de Ex Prisioneros Políticos y Familiares se reunió con parlamentarios del Frente Amplio, con el fin de buscar alguna ayuda política.

Por el retiro de este proyecto, Larraín fue interpelado en 2018 por la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz. En 2019, en conversación con INTERFERENCIA, la congresista criticó al ministro por no cumplir con el compromiso que hizo en aquella oportunidad de presentar una nueva iniciativa.

“Al retirar el ajuste reparatorio que había sido acordado están demostrando cuál es el ADN de este gobierno, donde los prisioneros políticos no son dignos para ellos de ser reparados, tal como exige la normativa internacional. Esto dice que forman parte de una coalición que respaldó el exterminio, por lo mismo no les interesa reparar a las víctimas”, dijo.

Uno de los argumentos que esgrimió Larraín para retirar el proyecto el año pasado era que el gobierno central no contaba con los medios para financiar la medida. Sin embargo, en la Ley de Presupuestos aprobada para 2018 existía una glosa que consideraba los dineros para este aporte reparatorio. Para la negociación del presupuesto para este año, Hertz y otros parlamentarios intentaron que se incluyera la misma glosa, pero no se llegó a acuerdo.

La posibilidad de que se entregue una medida reparatoria ahora sólo puede ser impulsada por el gobierno. Por lo mismo, la diputada Hertz también apuntó sus dardos a la actual oposición por no haber realizado las cosas a tiempo durante la administración anterior.

“Es lamentable que el gobierno de Bachelet haya enviado el proyecto de ley que entregaba este aporte miserable a última hora, en los estertores de su gobierno, lo que demuestra también la indiferencia de los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría respecto de esto mismo”, agregó Hertz.

La débil agenda de Larraín en Derechos Humanos

El nombramiento de Hernán Larraín como ministro de Justicia causó ruido desde el comienzo, debido a su dudoso historial en la defensa de los derechos humanos. Además de haber sido un férrero defensor de Augusto Pinochet, Larraín también defendió en reiteradas ocasiones a la Colonia Dignidad y su lider Paul Schäfer, acusando al gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle de perseguir arbitrariamente a esa secta.

De hecho, en 1994 Larraín formó el Grupo de Amigos de Colonia Dignidad, entre los que figuraban personeros de la UDI como Andrés Chadwick, Evelyn Matthei, Jaime Orpis y Juan Antonio Coloma, según consignó un reportaje de El Mostrador.

Dados estos antecedentes, su agenda en materia de derechos humanos no ha causado mayor entusiasmo entre quienes abogan por la protección de estas garantías universales.

En el oficio enviado por Larraín a Maya Fernández se exponen otras medidas que tiene contemplado el Ministerio en esta materia, las cuales son detalladas a continuación:

- “Restauración el memorial del Cementerio General”.

- “Sitio de memoria en la ex Colonia Dignidad”

- “Cifra oficial de víctimas” (no especifica más).

- “Informe que dará cuenta sobre las acciones en materia de memoria, verdad, justicia y reparación que el Estado de Chile ha llevado a cabo desde 1990 a 2018”.

- “Protocolo de denuncias, sitios de memoria”

- “Continuar y profundizar el trabajo de búsqueda de Justicia (...) en esa línea continuaremos trabajando y potenciando lo relacionado a materias de documentación y archivística, en donde apuntamos a modernizar la Plataforma Tecnológica UPDH (Unidad Programa de Derechos Humanos), sistema informático que desde su creación (...) no ha sido actualizado a los estándares de seguridad vigentes”.

Maya Fernández pidió también que Larraín respondiera acerca de otras medidas que había anunciado anteriormente. Las respuestas también vienen en el documento. En estas, el titular de Justicia señala que “no hay avances” en la posibilidad de convertir en permanente la Comisión Calificadora de Víctimas de la Dictadura.

Además, el ministro explicó que de las 1.880 personas que estaban pendientes para recibir la pensión Valech, se ha podido contactar a 1.402. Por otro lado, para los ex presos políticos que buscan optar a subsidios, el ministro delegó las “necesidades” a la subsecretaría de Vivienda.