En 2009, la Corte Suprema decidió rebajar la pena de los ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) involucrados en el asesinato del periodista José “Pepe” Carrasco, editor de la revista Análisis, quien en septiembre de 1986 fue secuestrado desde su casa y horas después fue encontrado muerto en una calle cercana al cementerio Parque del Recuerdo.

Su asesinato correspondió a una venganza por el reciente atentado en contra del dictador Augusto Pinochet, perpetrado por militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Junto a Carrasco,quien fue militante del MIR, también fueron acribillados el profesor Gastón Vidaurrázaga Manriquez (MIR), y los militantes del Partido Comunista Felipe Rivera Fajardo, electricista, y el publicista Abraham Muskatblit Eidelstein.

Con la decisión final de la Corte Suprema, los criminales ya condenados por el caso recibieron el beneficio de la media prescripción, más conocida como “doctrina Dolmestch”. ​ 

Se rebajó las penas a catorce agentes procesados por los asesinatos, entre los que figura el entonces jefe de operaciones de la CNI, Álvaro Corbalán Castilla,-a quien se le redujo la pena de 18 años a 12 años,- al ex oficial de Carabineros Iván Quiroz Ruiz y al ex capitán del Ejército Jorge Vargas Bories, sentenciados originalmente a 13 años de prisión, a quienes se le rebajó a 7 años.

Tras esta decisión, su familia decidió recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de anular la decisión y de que ésta política de rebajar penas en casos de lesa humanidad deje de aplicarse en el país. Son decenas las familias de casos de ejecutados y desaparecidos de la dictadura las que también recurrieron a la Corte. 

“A las abogadas les llamó la atención que los jueces preguntaran tanto por el caso de mi padre, vieron mucho interés en ellos, parece que eso no es tan común. Además porque Chile es el único país que en estas materias aplica la medida de prescripción".

Dentro de este proceso que ha durado años, el recién pasado 1 de febrero se generó un hito importante, cuando se realizó la audiencia por esta demanda, en donde las abogadas representantes de las familias, Karinna Fernández y Magdalena Garcés, expusieron las motivaciones de las familias para pedir la anulación de estas medidas de media prescripción de la Corte Suprema chilena y que ésta no se aplique más. El testimonio del caso lo dio el hijo de José Carrasco, Iván Carrasco Mora, quien habló sobre el caso de su padre y cómo la impunidad de su asesinato ha afectado a su familia.

“A las abogadas les llamó la atención que los jueces preguntaran tanto por el caso de mi padre, vieron mucho interés en ellos, parece que eso no es tan común. Además porque Chile es el único país que en estas materias aplica la medida de prescripción, eso les llamó mucho la atención” cuenta Iván Carrasco a INTERFERENCIA.

Iván Carrasco no sólo perdió a su padre, sino también a su hermano, Luciano Carrasco, quien se suicidó en 2002. En la Corte, el pasado miércoles, Iván Carrasco afirmó que la decisión de su hermano, en parte, se relacionaba con la impunidad del caso de su padre.

“Esperamos que se haga justicia, es la última instancia que nos queda para eso”, comenta  INTERFERENCIA, en esta entrevista donde reflexiona sobre la impunidad en casos de vulneraciones a los derechos humanos en Chile y donde critica la política de Estado y la “debilidad” del actual gobierno ante esta deuda histórica con las víctimas de la dictadura.

- La semana pasada pudimos verle en la transmisión online que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hablando del caso de su padre. ¿Me podría contar en qué está el caso de su padre, judicialmente?

- Lo último que pasó fue hace tiempo atrás, en 2009, cuando la Corte Suprema, a petición de los asesinos, estableció rebajas de penas a cerca de 15 operativos de la CNI que participaron en las cuatro guardias de esa noche. Mi padre fue asesinado por Iván Quiroz y Jorge  Bories y todo ese grupo dirigido por Álvaro Corbalán. A todos ellos se les bajó la pena y quedaron con libertad condicional, menos a Corbalán porque tenía acumuladas otras penas de otros casos y en el caso de Vargas Bories y Quiroz, que fueron los que lo sacaron de la casa y lo acribillaron, a ellos les rebajó siete años, lo que les permitió cumplir la mitad de la condena en libertad. 

"Lamentablemente, el estado chileno, a pesar de los diversos gobiernos que han pasado en democracia, no han podido generar dentro de la Corte Suprema una línea o jurisprudencia clara en donde se busque la verdad".

Y eso, al aplicarse, no es apelable en la justicia chilena, por eso, ese mismo año, se inició el proceso para ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue ingresado con otros casos más, porque ese mismo año la Corte Suprema falló así en muchos casos. En la primera etapa del proceso llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que analiza y estudia los casos, y la comisión presenta los casos a la corte. 

En este caso, el año antepasado la comisión acogió el proceso y la presentación formal a la corte se hizo en 2022. Finalmente se fijó audiencia para la semana pasada. Son en total 49 personas entre detenidas y ejecutadas políticas, casos que están agrupados en 14 causas, desde el año 1973 hasta 1987. De las 14 causas, el caso de mi padre fue un ejemplo de los casos. 

Lo que viene es que el equipo de abogados de víctimas y familiares, la Comisión Interamericana y el Estado chileno presentan un documento a la corte y con ese documento la corte va a decidir, y el fallo posiblemente esté a fines de este año.

- Es significativo,-quizás la corte no lo hizo a propósito-, pero es relevante que estos casos se vean este año, a 50 años del golpe de estado, por lo menos en Chile hay una sensibilidad mayor ante los crímenes ocurridos en dictadura  ¿cómo lo ve usted?

- Por supuesto, es significativo.

Lamentablemente, el estado chileno, a pesar de los diversos gobiernos que han pasado en democracia, no han podido generar dentro de la Corte Suprema una línea o jurisprudencia clara en donde se busque la verdad, se castigue a los responsables de los crímenes proporcionalmente a los crímenes que han cometido. A 50 años del golpe, la justicia sigue siendo esquiva, limitada, en la medida de lo posible. A pesar de todos los avances, los esfuerzos que han hecho familiares, agrupaciones de derechos humanos y abogados. Y eso es responsabilidad de distintas instituciones del estado. Una responsable de esto es la Corte Suprema, pero también lo es el Ejército, las Fuerzas Armadas, que nunca han proporcionado información ni la verdad de lo que pasó. 

"La exposición que hizo la abogada representando al Estado, afirma que la rebaja de pena es un error, pero dicen que eso no invalida las causas ni los fallos. Pero detrás de lo que ellos llaman error, hay una línea política de no escuchar a las víctimas".

En el caso del actual gobierno, vemos que ha sido débil en fijar una norma clara de que tiene que haber justicia y que se castigue a los culpables.La exposición que hizo la abogada representando al Estado, afirma que la rebaja de pena es un error, pero dicen que eso no invalida las causas ni los fallos. Pero detrás de lo que ellos llaman error, hay una línea política de no escuchar a las víctimas y llegar  a especies de acuerdos tácitos, soterrados, para dejar libres a los asesinos. Por eso yo creo que hay responsabilidad de los diversos gobiernos que han habido hasta ahora.

- Aunque cuando uno vive en Chile, se da cuenta de que muchos de los casos de derechos humanos no están resueltos, en que hay impunidad, el estado chileno se ha mostrado en el exterior como un país que ha juzgado a los criminales de la dictadura, al parecer de manera ejemplar. ¿Cómo vio este panorama cuando fue a la Corte Interamericana?

- Claro, lo que ocurre es que afuera de Chile se cree que Chile avanza en juzgar a los culpables. Yo no conozco los casos de todos los países de América, hay lugares donde ni siquiera se han procesado a los responsables, como el caso de Brasil. Pero también es cierto que esa imagen externa que tiene Chile es distorsionada, porque si bien es cierto que acá se han avanzado en muchos casos, también es cierto que hay muchos criminales que nunca cumplieron condena, quedaron libre, hay muchas autoridades de dictadura que nunca han sido procesadas por su responsabilidad política, por ejemplo, ministros del interior que tuvieron responsabilidad en ordenar matanzas en protestas, allanamientos, etc. Y ellos no han sido juzgados. Y son tan responsables y tienen tan manchadas sus manos de sangre como quienes dispararon.

En Chile hay una impunidad todavía velada. Y además hay muchos casos que recién se conocen, que recién se están abriendo. Hay muchos muertos que no eran militantes de partidos políticos y por lo tanto no tenían redes de apoyo para denunciar. Hay muchos muertos en allanamientos, en protestas, trabajadores, etc. Incluso el mismo día del golpe, mucha gente del pueblo fue asesinada, y hay muchos casos que ni siquiera salen en el informe Rettig. 

Hay una deuda muy grande de verdad y justicia y terminar con la impunidad. Y hay que seguir haciendo todos los esfuerzos para que se conozca la verdad. Uno, conociendo internamente los procesos, sabe que hay limitaciones y una deuda pendiente.

- Me llamó la atención que en la corte le preguntaran sobre los efectos que ha tenido la impunidad en su familia y en su vida…

- Claro, es que esa pregunta se entiende en el contexto judicial en que se desarrolla el caso. Si uno lee la presentación del estado de Chile, donde responde la denuncia que hacen las familias, hay una parte muy lamentable donde dicen que según sus peritos, que los criminales tengan o no tengan castigo no afectaría ni vulneraría a las familias. 

"No puede ser que una persona que secuestra a una persona, la asesina o la hace desaparecer, tenga menos condena que una persona que se robó una bicicleta. Es absurdo. Esas condenas bajas son una afrenta a la memoria de los muertos".

En ese contexto, la pregunta de los jueces quería hacer hincapié en eso, en la opinión del estado de Chile. Porque esa afirmación es muy brutal. Yo al menos así entiendo esa pregunta. Porque si se reduce la condena de los asesinos, eso sí tiene efectos en la familia, obviamente, las familias no sólo buscan la verdad y que los culpables tengan condenas, sino también que las condenas sean efectivas, no en libertad.

No puede ser que una persona que secuestra a una persona, la asesina o la hace desaparecer, tenga menos condena que una persona que se robó una bicicleta. Es absurdo. Esas condenas bajas son una afrenta a la memoria de los muertos, a la lucha de las familias, a los derechos humanos. Estas bajas condenas generan un impacto en nuestras familias, dolor y mantienen el trauma permanente.

Una cosa importante es que la legislatura en derecho internacional de este tema dice que hay que garantizar la no repetición de estos actos. Eso es la garantía de no repetición, es una de las cosas que el estado se compromete. Y uno de los requisitos para eso es que las condenas a los criminales sean efectivas y ejemplificadoras. Si después de haber asesinado, torturado, el criminal queda libre, no es algo ejemplificador. No garantiza que no se vayan a repetir los crímenes. 

- ¿Cree que el gobierno actual ha propuesto o avanzado en políticas para acabar con la impunidad y seguir con la búsqueda de desaparecidos?

- Todos esperamos que el gobierno pueda avanzar en la búsqueda de desaparecidos y la búsqueda de verdad y extender la responsabilidad a los responsables políticos de las matanzas, pero ha sido débil. No han cumplido las expectativas que teníamos. El mismo programa que se anunció de búsqueda de desaparecidos no está en nada. Es una política algo precaria, se ha volcado a recopilar cosas que ya se saben. Entonces, hay un déficit del gobierno por la búsqueda de la verdad, la justicia y terminar con la impunidad. Yo creo que este gobierno está al debe en ese aspecto.