“El director del INDH, señor Sergio Micco, me pide disculpas en letra microscópica al final de indh.cl, sin explicar las razones del agravio. Esta forma de reparación desnuda y acentúa el vejamen”, acusó a través de su cuenta de Twitter Osvaldo Torres, ex jefe de la Unidad de Estudios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Al entrar al sitio del INDH y luego de bajar hasta el final, pasando por 46 entradas, se encuentra la disculpa a la que alude Torres: “En conformidad a lo establecido en la sentencia del 7 de septiembre de 2021, RIT: T-1023-2020 del Primer Juzgado del Trabajo de Santiago, se ofrecen disculpas al Sr. Osvaldo Torres Gutiérrez”. Aquella sentencia, además, ordenó el pago de una indemnización por 6 remuneraciones, alcanzando los $30 millones.

Disculpas públicas del INDH a Torres. Fuente: indh.cl

Disculpas públicas del INDH a Torres. Fuente: indh.cl

El juzgado –y luego la Corte Suprema, que rechazó un recurso de nulidad interpuesto por el INDH– determinó que el instituto incurrió en despido discriminatorio, al cesar a Osvaldo Torres de sus funciones luego de que durante el estallido social elaborara un informe anual donde se concluía que ocurrieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Según se relata en el fallo publicado en mayo de este año por Interferencia, el director del INDH, Sergio Micco, manifestó su disconformidad con el trabajo hecho por la Unidad de Estudios; crítica que se centraba en el informe anual de derechos humanos de 2019, elaborado por Torres y su equipo. Micco, luego, contrató personal externo ad honorem para elaborar un nuevo informe, sin contar con las facultades para hacerlo y “sin registro alguno de un proceso de selección” para su contratación. (Revise acá el artículo de este medio al respecto).

Después, según lo concluido por el Primer Juzgado del Trabajo de Santiago, el director del instituto convirtió el cargo de jefe de Unidad en uno de exclusiva confianza, cuando antes se trataba de un cargo técnico. Es aquí cuando decide despedir a Torres, determinación que según el fallo se tomó “sin haberse pactado cláusula de exclusiva confianza en el contrato del denunciante, ni de norma legal, estatutaria o reglamentaria”.