INDH
La investigación jurídica comparada demuestra que la ausencia de definiciones específicas correlaciona con tasas elevadas de impunidad. El análisis de las 3.216 querellas interpuestas por el INDH tras el estallido social, que resultaron en apenas 33 condenas, ilustra cómo los vacíos normativos obstaculizan la efectividad del sistema de justicia.
Julia Chuñil lideraba la reivindicación de las tierras de su comunidad y las protegía frente a la creciente deforestación del bosque nativo. A su familia y cercanos les había advertido sobre las amenazas frecuentes que recibía. Desde noviembre, cuando se la vio por última vez, las búsquedas han sido intensas. Se han rastreado bosques y cerros, y los esfuerzos para dar con su paradero continúan a diario en la región de Los Ríos. Esta crónica fue publicada originalmente en Revista Anfibia, y fue escrita por la periodista Natalia Figueroa.
El magistrado de la Corte de Santiago Miguel Vásquez argumentó que alzar la reserva de los documentos, implicaba violar el secreto profesional que tiene el CDE con el fisco de Chile, al igual que un abogado con su cliente. La determinación se enmarca en la nulidad de derecho público interpuesta por el abogado de Yáñez, Jorge Martínez. La causa estuvo reservada durante cinco meses.
Sebastián Benfeld señaló a Interferencia que la defensora medioambiental recibió "amenazas que constan de ataques verbales explícitos, cortes de camino, agresiones físicas y también a la propiedad de Julia Chuñil".
El instituto, querellante en causas de robo de guaguas en dictadura, acusa que el ministro en visita “ha manifestado cristalina y públicamente la convicción” de que los hechos investigados “no son constitutivos de delito, careciendo de la imparcialidad necesaria”.
Se trata del teniente coronel Daniel Estrada Garay, a quien se le acusa de golpear a un interno reducido y esposado luego de un altercado en un penal de Santiago. Estrada, además, es parte del Directorio Nacional de la Asociación de Oficiales Penitenciarios, como tesorero del principal gremio de oficiales de Gendarmería.
En diciembre del 2019, Luis Guerrero fue golpeado con una lacrimógena que lo dejó con graves lesiones en su cuerpo. La semana pasada recién se formalizó al carabinero que disparó, siendo el primer uniformado procesado por lesionar a un funcionario del instituto.
La sede regional del organismo presentó un recurso para anular el juicio que condenó al Cabo 2° Manuel Sánchez al pago de 6 UTM por atropellar a un manifestante en el estallido social y no prestarle auxilio, argumentando que hay delito de apremios ilegítimos por parte del funcionario público. Nuestro medio accedió al video del atropello.
María Diemar ha sostenido reuniones con autoridades del Ministerio de Justicia, Cancillería, Congreso, INDH, Conadi y, próximamente, con Minsal. En conversación con INTERFERENCIA y a un día del 3er Congreso de niños chilenos adoptados ilegalmente, Diemar repasó su agenda y criticó que en Suecia aún pongan en duda casos como el suyo.
El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos deja el cargo luego de nuevos nombramientos de consejeros, con lo que perdió los equilibrios políticos que le habían permitido sostenerlo en el cargo. Esto, pese a la grave crisis a la que arrastró a la institución, por su obsecuencia con el gobierno de Sebastián Piñera. De todos modos seguirá siendo consejero.
La justicia estableció que Osvaldo Torres, ex jefe de la Unidad de Estudios del Instituto Nacional de Derechos Humanos, fue despedido irregularmente por Sergio Micco después de que el funcionario indicara la existencia de violaciones 'sistemáticas' a los derechos humanos durante el 2019. Además de las disculpas –que deberán permanecer tres meses en la página del instituto, y que están al final de la web en letra chica– se condenó al pago de una indemnización de $30 millones.
El 7° Juzgado de Garantía ordenó suspender de sus funciones al teniente coronel Daniel Estrada, y al cabo Francisco Godoy, como medida de protección en el marco de una querella del INDH en la que se los acusa de torturas contra un interno. Estrada ya tenía varias causas en su contra por apremio ilegítimo y tortura, incluyendo dos en las que se encuentra formalizado. Existe un sumario en curso en Gendarmería, y de manera inédita el oficial fue suspendido.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de nulidad presentado por el INDH, el que buscaba revocar una sentencia de 2021 donde se acreditó el despido discriminatorio de Osvaldo Torres, ex jefe de la Unidad de Estudios. Según el fallo, Sergio Micco sacó irregularmente a Torres del instituto por su trabajo en el informe anual de 2019.
Con el voto a favor de los consejeros de derecha y de Branislav Marelic, Micco logró levantar la idea de no querellarse por las vulneraciones a los derechos humanos durante el estallido social, al no considerarlas 'sistemáticas'. Esto, a pesar de la crítica de expertos, víctimas y los mismos funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos visitó a los funcionarios en prisión preventiva acusados de torturar y mutilar a un joven de 20 años con medicación psiquiátrica. La víctima no ha sido visitada por Micco y se encuentra en prisión fuera de la Región Metropolitana.
El antropólogo Elias Padilla asegura que la dirección nunca consideró al grupo de expertos y que se han reunido sólo en tres ocasiones desde septiembre de 2020. “Se cumplió con el número de reuniones base al año”, indicaron fuentes cercanas a dirección.
Pese a los diversos y graves reparos que pesan sobre el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos desde 2019 a la fecha, la composición del Consejo del organismo le ha resultado favorable para permanecer en el cargo. ¿Son los consejeros corresponsables?
El 2021 fue un año de fuertes movimientos políticos que marcarán la vida en común de Chile. INTERFERENCIA desarrolla en estos días un especial de siete números con lo que fue su mirada respecto de este año histórico. Desbordes, Provoste, Campillai, la entrenadora de fútbol Paula Navarro y otros personajes relevantes entregaron sus posturas en entrevista con este medio.
Fuentes cercanas a Dirección del INDH aseguran que la decisión de no renovar a 48 funcionarios de 63 que terminaban contrato, se debe a que los fondos son transitorios, por lo que no se podría garantizar su paso a contrato indefinido. Desde las jefaturas regionales aseguran que las víctimas pagaran las consecuencias.
Un video desde el frontis de la fábrica donde se escuchan tres disparos, una pistola desaparecida, testigos que si declaran pueden pasar a ser imputados y un avaluó de pérdidas de la empresa por $14 mil millones con seguros comprometidos suman antecedentes a un caso que no se resuelve.
Osvaldo Torres acaba de ganar un juicio que acredita que fue despedido víctima de "discriminación por opinión" por decir que las violaciones a los DD. HH. fueron "sistemáticas". En entrevista con INTERFERENCIA se refiere a las implicancias del fallo para el INDH, donde fue jefe de estudios.
La abogada española Alicia Gil se opone a la justicia con perspectiva de género y dio una polémica entrevista a un medio español a propósito del caso "La Manada". Además, es contraria a la aplicación de la figura del delito de “genocidio” para perseguir a quienes han exterminado a colectividades por razones políticas, a pesar de que ha sido una herramienta para condenar a esos criminales.
La Affindh advirtió sobre un eventual cierre del programa psicosocial para víctimas de violaciones de DD.HH. en el contexto del estallido social, tras recibir notificaciones a funcionarios de cerrar casos. El sindicato dice que la dirección encabezada por Sergio Micco se ha excusado en hacer gestiones para conseguir presupuestos por los paros.
En medio de paros de los funcionarios, críticas por la reducción de cifras de heridos oculares en los reportes y una encuesta que sitúa al organismo por debajo de Carabineros en confianza ciudadana, Sergio Micco busca asesoría externa. Tras no recibir ofertas en el plazo establecido de 9 días hábiles, la licitación fue declarada "desierta" ayer en la tarde.
El director del INDH accedió a todo el petitorio de los trabajadores del sindicato ANDEDH. Este mismo viernes, los dos sindicatos del INDH emitieron comunicados respondiendo a Sergio Micco quien los culpó de armar la polémica de rebaja de heridos oculares para obtener ventajas en la negociación. Los trabajadores dicen que no hay relación entre ambas cosas.
El director del INDH fue a explicar a los diputados las razones de por qué pasó de contabilizar 460 a 176 los heridos oculares en los reportes del organismo. En la ocasión dijo que el problema era gremial y comunicacional, y no “una política de ocultamiento”. Entre evasivas, eludió retomar el conteo exhaustivo en los próximos reportes, mientras miembros de una de las coordinadoras que agrupan a las víctimas pidieron su renuncia.
Este miércoles, tras la publicación de un reportaje de INTERFERENCIA que da cuenta de que el INDH sólo está contabilizando en sus informes a los heridos oculares que se querellaron junto a la institución, la comisión de Derechos Humanos de la Cámara citó al director del INDH, Sergio Micco, a explicar el fundamento de esta medida. Se suma a las diputadas Mix (Comunes), Yeomans (Convergencia Social) y Sandoval (RD), quienes este jueves oficiarán a Micco pidiendo detalles del caso.
El jefe del organismo decidió contabilizar sólo a las víctimas que presentaron querellas conjuntas con el INDH, con lo que en el último reporte oficial aparecen 173 casos. Antes del cambio de criterio -que contraviene las prácticas internacionales- había 460 casos, lo que se acercaba más al conteo que hacen las organizaciones de víctimas.
Este martes 1° de junio se realizará la última cuenta pública presidencial, en la que se suele hacer un balance general del periodo de gobierno. En materia de derechos humanos y pandemia, la información no es muy auspiciosa. ¿Tiempos Mejores?
Juan Ignacio Latorre (RD) es uno de los parlamentarios que presentó el proyecto de ley. En conversación con INTERFERENCIA, el senador indicó que en algunos casos ha existido “persecución penal con fines políticos”, algo evidenciado por detenciones irregulares y abuso de la prisión preventiva, entre otros.
