Un fallo disciplinario del año 2023 dictado por el Pleno de la Corte de Apelaciones cobró relevancia tras ser citado por el ex presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, en un contexto de desconfianza hacia el sistema judicial por los hechos de connotación pública conocidos en las últimas semanas. Según informó Radio Biobío, el caso citado por Leturia hace referencia a la sanción contra la secretaria y jueza por artículo 47, Lilian Lizana Tapia, por fallas graves en inscripciones de camiones armados con partes usadas.

De acuerdo con la radio, ocho causas involucraban solicitudes administrativas tramitadas por la pareja de Lizana. La investigación también se refirió al rol informal de un ex funcionario del tribunal que seguía ingresando a este pese a haber renunciado. Lejos del ojo público, el caso reflotó recientemente por Leturia que lo utilizó como ejemplo de un síntoma de fallas sistemáticas al interior del poder judicial.

La emisora, señala que la historia del caso comienza con un reportaje de Canal 13 que detectó un patrón irregular donde la mayoría de causas de camiones armados con partes usadas ingresadas en 2022 acababan en el 28° Juzgado Civil de Santiago.

A raíz de estos hechos, se inició una investigación interna lejos de la exposición mediática y que hasta hoy mantiene un sumario administrativo que no terminó con la remoción de la funcionaria e incluso continúa dictando justicia dentro del mismo tribunal.

En el detalle, la Corte estableció que entre 2020 y 2021 se ingresaron ocho solicitudes de inscripción vehicular rechazadas previamente por el Registro Civil. El solicitante administrativo fue Cristián Mandujano Moreno, pareja de la secretaria bajo investigación.

Así las cosas, en sede judicial las causas recayeron en Lizana que actuaba como juez por el artículo 47 del Código Orgánico de Tribunales. Las ocho causas obtuvieron fallos favorables y el Registro Civil tuvo que inscribir los camiones armados.

El hecho fue calificado como grave por la fiscal instructora quien afirmó que Lizana “no advirtió, o no quiso advertir” la relación con su pareja que la obligaba a inhabilitarse.

Pero la investigación arrojó un segundo hallazgo. En 2022% el 98% de las causas presentadas por el abogado Luis Eduardo Muñoz Chacc, en representación de Víctor Kulm, quedaron alojadas en el mismo tribunal.

Lo particular es que en la asignación no hubo intervención humana, pues el algoritmo de la Oficina Judicial Virtual asigna las causas según materia y RUT del solicitantes. Según Radio Biobío, si se utiliza el mismo RUT de referencia el sistema tiende a enviar las causas al tribunal donde existe un procedimiento similar.

No obstante, el caso deja al descubierto que, pese al uso de un elemento informático, este no queda exento de distorsiones o esquemas de corrupción para quien tenga acceso a estos.

Con todo, en 2023 la jueza titular, Claudia Veloso, remitió las antecedentes a la Fiscalía Centro Norte y la persecutora Ximena Chong, abrió una investigación penal por eventuales delitos asociados a estas inscripciones.

Sin embargo, el último movimiento de la causa, informa Radio Biobío, data del 24 de septiembre de 2024 en que se revisó una audiencia de sobreseimiento pedida por la defensa de Lizana. A día de hoy la investigación parece incierta sin cierre y sin actividad reciente.