“Un poder judicial vertical es tan extraño a la democracia como un ejército horizontal”, citó el juez Daniel Urrutia Labreaux al finalizar la carta con la que anunció el jueves pasado su renuncia a la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM), el único ente gremial que agrupa a los jueces del país. La cita corresponde al juez argentino de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Eugenio Zaffaroni, emitida en la sentencia sobre el caso en el que Urrutia le ganó al Estado de Chile por atentar contra su libertad de expresión.

De tal modo, Urrutia, magistrado del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, renuncia al gremio de los jueces de Chile luego de que la directiva de la ANMM confirmara la sanción que su Tribunal de Honor le había impuesto por sus dichos de agosto de 2021 en la Convención Constitucional, cuando señaló que detrás de cada violación a los derechos humanos "hay un juez que por acción y omisión permitió dicha violación", y donde agregó que la Corte de Apelaciones de Santiago pudo haber ordenado frenar el uso de armas que terminaron en mutilaciones a manifestantes durante el estallido social.

Dichas declaraciones motivaron que más de cincuenta magistrados denunciaran a Urrutia ante la Asociación de Magistrados, denuncia que tuvo que esperar más de un año para tener resolución, cuando recién en noviembre de 2022 el Tribunal de Honor del gremio resolvió sancionar a Urrutia con la suspensión de sus derechos de socio por varios meses.

Dicha demora fue vista como una operación intencional, en la que la ANMM habría 'chuteado' el problema de resolver sobre el caso de Urrutia esperando el resultado del plebiscito constitucional de septiembre de 2022, para así tomar una decisión luego de conocer el escenario político posterior al resultado.

Urrutia fue sancionado por su gremio por decir que hubo responsabilidad de los jueces en la comisión de cada violación a los derechos humanos, y que la Corte de Apelaciones de Santiago pudo evitar mutilaciones durante el estallido social frenando el uso de las armas policiales.

Urrutia apeló a la sanción, y finalmente la directiva de la asociación la confirmó en abril pasado por cuatro votos a favor y tres en contra, aunque "sólo en cuanto a aplicar la medida de carácter ético en contra del juez asociado". 

”Lamentablemente la ANMM, no ha logrado aún separarse de la impronta autoritaria que se constituye como sello identitario de este Poder Judicial (...). Sin perjuicio de la relevante e histórica declaración de perdón de la ANMM del año 2013, donde se asumió que el Poder Judicial pudo y debió hacer más en favor de los Derechos humanos durante la dictadura cívico-militar. La misma asociación, nada ha dicho o cuestionado respecto de propios asociados que violaron derechos humanos. Por el hecho de denunciarlo públicamente dentro de la Convención Constituyente, se me abrió un espúreo sumario interno que terminó con una sanción atentatoria contra el Derecho Humano de la libertad de expresión, consagrado en la Constitución y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”, señaló Urrutia en su carta.

Urrutia agregó además que seguirá asociado a diversas organizaciones internacionales, y que "a nivel interno, comunico mi incorporación a la nueva Organización de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial, organización horizontal que lucha por el acceso a la Justicia Social de todas y todos, a ello dirigiré mis esfuerzos”.

Consultado por Interferencia, Urrutia aseguró que "el proceso en que me sancionan se basó en el enojo de jueces y ministros de la Corte de Santiago", señalando además que el ministro Antonio Ulloa [de la Corte de Apelaciones de Santiago] fue quien "organizó esta denuncia. Él es defensor de la burocracia del Poder Judicial y además es muy amigo de Rosa Egnem [ex ministra de la Corte Suprema], la cual, según su propia confesión y tal como se supo públicamente, fue encubridora en el caso de 19 trabajadores asesinados en Laja a una semana de haber ocurrido el Golpe de Estado". 

"Sin perjuicio de la relevante e histórica declaración de perdón de la ANMM del año 2013, donde se asumió que el Poder Judicial pudo y debió hacer más en favor de los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar. La misma asociación, nada ha dicho o cuestionado respecto de propios asociados que violaron derechos humanos", dice la carta de renuncia de Urrutia.

"En mi carta, digo que la Asociación nada ha dicho sobre asociados que cometieron violaciones a los derechos humanos, en parte refiriéndome a este caso. El gesto tendría que haber sido expulsarla, pero la Asociación no dijo nada", agregó Urrutia. 

"En cambio me sancionaron a mí por una crítica y haciendo uso de mi libertad de expresión en un órgano constituyente. Lo mío no fueron declaraciones en un medio de comunicación ni nada de eso, sino que en la Convención [Constitucional] dónde estábamos discutiendo el tipo de Poder Judicial que queríamos tener a futuro", dijo Urrutia a este medio.

"Además, mis críticas no eran a la ANMM, mi crítica fue al Poder Judicial, entonces ¿por qué me sanciona el gremio? Si critico al Poder Judicial entonces que me sancione la Corte Suprema, pero no el gremio. La ANMM lo que hizo entonces fue defender los intereses de los patrones, y no de un afiliado. Entonces eligieron por sus jefes, y no por el derecho de libertad de expresión de un asociado", agregó Urrutia. 

Las críticas de Urrutia hacen eco en varios jueces que, en todo caso se han vuelto minoritarias en el gremio luego del revés que significó la derrota del ‘Apruebo’ en el Plebiscito Constitucional de septiembre de 2022, cuando estuvo en juego la posibilidad de que el Poder Judicial entero se viera reformado. Aún así, varios jueces han decidido desprenderse de su afiliación a la entidad gremial por sentirse poco representados. 

Por lo pronto, en diciembre del año pasado, la ministra Silvana Donoso Ocampo, de la Corte de Valparaíso, renunció a la Asociación señalando que “la actuación del Tribunal de Honor de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (...), que acordó una sanción ‘ejemplarizadora’ para el asociado Daniel Urrutia, tampoco me parecen ajustadas a un racional procedimiento, acorde con la normativa internacional”, tal como comunicó en su carta.

Urrutia aseguró a Interferencia que "el proceso en que me sancionan se basó en el enojo de jueces y ministros de la Corte de Santiago", señalando además que el ministro Antonio Ulloa [de la Corte de Apelaciones de Santiago] fue quien "organizó esta denuncia, y quien es cercano a la ex ministra Rosa Egnem, cuestionada por violaciones a los derechos humanos en dictadura". 

Otro juez que ya no es asociado, y que prefirió hablar fuera de micrófono sobre la asociación en comento, mencionó a Interferencia que "pienso que el éxito de un gremio se tiene que evaluar por la cantidad de gallitos que le ganas a la jerarquía. Eso en cualquier oficio o profesión, y en este caso esa jerarquía sería la Corte Suprema".

"Pienso que cuando estaba [Álvaro] Flores de presidente, iba más al choque, tenía reuniones con la Suprema y se peleaban cosas. Fue bien importante para nosotros el tema del recurso de queja, por ejemplo, y en esas negociaciones el asunto llegó a ser bien de tú a tú con los supremos. Pero aún así, la asociación siempre ha sido bastante reacia a hacerle frente a la jerarquía", mencionó a nuestro medio el mismo juez. "No tiene mucho sentido seguir asociado y te digo que somos varios. Yo me salí porque no sentí ningún apoyo en un tema más particular, más personal, pero en lo general también es así. No se siente una representación real por parte del gremio”, agregó. 

"La asociación replica la estructura piramidal del Poder Judicial. Pocas veces ha asumido la impronta de un gremio de verdad que representa los intereses de sus asociados. Lo de Urrutia es un caso importante al respecto. Yo no estoy particularmente de acuerdo con todo lo que dice él, pero un gremio intentaría proteger, o al menos prestar cooperación a un juez al que sus superiores están presionando o tensionando", comentó otro juez a Interferencia.

"Aquí hay una disputa en apariencia ideológica, pero lo que hay en realidad es un gremio terriblemente incómodo por ver que sus propias carreras en ascenso puedan verse afectadas con las 'salidas de libreto' de Urrutia", mencionó otro juez quien calificó a la directiva actual de "conservadora en lo jurídico y en lo político también". 

Está apreciación es compartida generalizadamente entre los jueces, considerando que la última lista ganadora tenía como protagonistas a Mariela Hernández [actual presidenta de la ANMM], férrea opositora del bloque 'progre' de los magistrados (compuesto por los jueces Álvaro Flores, Mauricio Olave y Soledad Piñeiro); y también Alejandro Vera, actual secretario general de la asociación, quien fue nombrado ministro a sus 45 años durante el gobierno de Sebastián Piñera en 2011, cuando el ministro de Justicia era Teodoro Ribera. 

"Aquí hay una disputa en apariencia ideológica, pero lo que hay en realidad es un gremio terriblemente incómodo por ver que sus propias carreras en ascenso puedan verse afectadas con las 'salidas de libreto' de Urrutia", mencionó otro juez quien calificó a la directiva actual de "conservadora en lo jurídico y en lo político también". 

"Por la forma en que sale Urrutia, te aseguro que hay mucha molestia entre varios colegas y en la asociación, porque no les gusta figurar por este tipo de cosas. En otra ocasión, la directiva hubiera reaccionado, porque el tenor de la carta de Urrutia es duro, pero ahora no lo han hecho porque los interpela por el tema de los derechos humanos a poco de la conmemoración de los 50 años [del golpe]. Muchos colegas se preguntan si habrá para estos 50 años algún tipo de declaración importante del gremio por la responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos, considerando que en 2013, para los 40 años, esa directiva pidió perdón en una declaración bien potente”, menciona el mismo juez, “en esta ocasión, fuera de lo que hacen algunos grupos de la asociación, no se ve una preocupación particular de esta directiva. No creo que sea el tipo de preocupación de esta gente", señaló.

"Esta directiva, que asumió a fines del año pasado, fustigó la cercanía de la directiva anterior con la Convención Constitucional, y se ha encargado de distanciarse de ese tipo de actuaciones y discursos, posicionándose en una postura conservadora”, mencionó este magistrado, en alusión a un fenómeno que en todo caso se ha visto en otros aspectos de la contingencia nacional desde el fracaso de la Convención en el plebiscito de septiembre pasado.

Nueva organización gremial de trabajadores del Poder Judicial

En su renuncia, Urrutia anunció que en el contexto nacional se uniría a la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales (OTJ).

Interferencia se comunicó con el receptor judicial Marcelo Acevedo, presidente de esta nueva organización gremial que pretende la adhesión transversal de trabajadores judiciales.

"Está organización viene a terminar con esta segregación dentro del Poder Judicial, donde hay distintas asociaciones para distintas funciones (jueces, empleados, profesionales), entonces la OTJ pretende romper esos esquemas para tener una organización más transversal. Donde puedan convivir personas de grado 19, por ejemplo, y jueces o ministros si quisieran adherirse. Queremos romper esos esquemas tan verticales y decimonónicos. El próximo año el Poder Judicial cumple 200 años, y si bien hay ciertas reformas, esta estructura tan vertical sigue siendo intocable, y queremos romper esos esquemas", mencionó Acevedo.

"Nos creamos recién en mayo, y Daniel [Urrutia] es el primer juez que se adhiere a esta organización, y esperamos que sean muchos más", menciona Acevedo, quien además dice que "estamos en conversaciones con varios jueces que han preguntado por nuestra organización y podrían asociarse prontamente".

"Está organización viene a terminar con esta segregación dentro del Poder Judicial, donde hay distintas asociaciones para distintas funciones (jueces, empleados, profesionales), entonces la OTJ pretende romper esos esquemas para tener una organización más transversal. Donde puedan convivir personas de grado 19, por ejemplo, y jueces o ministros si quisieran adherirse", mencionó Acevedo.

"Hay una crítica transversal a todas las asociaciones del Poder Judicial porque no han resuelto los problemas de los trabajadores. Desde los grados más bajos hasta los ministros, y cuando el Poder Judicial ha sido objeto de críticas, estas asociaciones han tenido un silencio cómplice, cuando los trabajadores debieran sacar la voz. Esta realidad nos ha servido para canalizar ese malestar y cambiar estás lógicas decimonónicas del Poder Judicial", agregó.

"Pretendemos tener como prioridad varios ejes, como el respeto a los Derechos Humanos, la diversidad, la paridad, entre otros. Sobre derechos humanos, y la conmemoración de los 50 años del Golpe, tenemos planificado realizar un seminario a principios de septiembre en el que abordaremos el rol del Poder Judicial en la dictadura y en las violaciones a los derechos humanos, tanto en dictadura como en democracia", señaló Acevedo.