El Washington Post, en exclusiva publicó un acuerdo entre el secretario de Estado Marco Rubio y el presidente salvadoreño Nayib Bukele: regresar a miembros de la MS-13 que colaboraron con la justicia de Estados Unidos, a cambio de que El Salvador acepte deportaciones masivas de migrantes. Lo que el medio norteamericano no menciona es la motivación de Rubio en satisfacer a Bukele. 

El pacto se presentó como una jugada diplomática pragmática, pero detrás de ese cálculo se escondía algo más que una ruptura grave en la confianza del sistema judicial estadounidense. La idea de intercambiar informantes por cooperación migratoria destruye el principio básico sobre el que se construyó el programa de testigos protegidos: la palabra del Estado vale más que cualquier acuerdo político. Entonces, ¿por qué Rubio arriesgaría la credibilidad de un país por un puñado de inmigrantes venezolanos?

The Washington Post no publica algo que sí saben los agentes que investigan a las pandillas y a Bukele. El Salvador tiene su propio cártel de drogas, integrado por miembros de su gabinete y policías y, peor aún, están asociados con narcotraficantes del estado de Florida. 

"Rubio prometió traicionar a informantes estadounidenses para conseguir el acuerdo de Trump sobre prisiones en El Salvador".

"Rubio prometió traicionar a informantes estadounidenses para conseguir el acuerdo de Trump sobre prisiones en El Salvador".

Otro importante factor que el Washington Post no menciona son detalles de los motivos de Marco Rubio de ceder tan rápido a la petición de Bukele. Hay que entender que cuando el secretario de Estado era senador, ya había una relación con el presidente salvadoreño a través de un oscuro y autodenominado lobista: el argentino-americano Damián Merlo, que además fue la única persona que respondió a nombre del gobierno de El Salvador en el artículo del Washington Post. Merlo, conocido por su limitado intelecto, ya que prefiere coleccionar y portar armas más que leer un diario o un libro, da la cara por Bukele, pensando que eso le da más réditos publicitarios para sus posibles clientes, pero ignora que lo marca con el sello de tapar testimonios que afecten a su jefe Bukele, que ahora es visto solo como el carcelero y torturador de inmigrantes de Donald Trump. 

The Washington Post perdió la oportunidad de haberle preguntado al operador de Bukele todo sobre el acuerdo con Marco Rubio y solo le consultó su opinión.

Al parecer el medio norteamericano lo ve solo como un vocero de Bukele y desconoce que Damián Merlo es quien tiene la respuesta del apuro de Rubio en bloquear los testimonios de los líderes de la MS-13. Merlo, realiza las operaciones sucias y de espionaje en Estados Unidos para Bukele. Su misión es comprar senadores y congresistas a través de financiamiento para sus campañas con pagos en Bitcoin y hasta de recursos provenientes del narcotráfico. Además, se encarga de organizar grupos armados de mercenarios para secuestrar y amenazar opositores y periodistas en diferentes países. Merlo ha postulado muchas veces a puestos en el gobierno norteamericano, pero nunca ha pasado los exámenes psicológicos ni los de seguridad. 

Según un policía de alto rango salvadoreño, que trabaja para Damián Merlo y que incluso viven juntos en un departamento cuando el “lobista” viaja a San Salvador, señala que Merlo le ha regalado un carro, armas y dinero. Este policía, que trabajaba en la asamblea y que ahora fue enviado por Merlo a México para coordinar los negocios de narcotráfico de Bukele, comentó recientemente a unos miembros de un cártel en el norte mexicano que Rubio siempre ha sido casi un cliente de Merlo desde que era senador y que hasta le buscaba clientes que le donaran dinero a Rubio para sus campañas en otros países como Paraguay y Panamá. Lo que más les causaba risas a los narcos sinaloenses, mientras bebían cervezas y se drogaban, era que el dinero que donan a los políticos norteamericanos, que visitan El Salvador o apoyan a Bukele, proviene del negocio de la cocaína y el fentanilo. 

El funcionario policial y Damián Merlo son investigados por la DEA y el FBI desde 2022, año en que le quitan al policía su visa luego que sostuvo reuniones en Miami y Panamá con narcos colombianos y un exmilitar norteamericano que es asesor de Bukele y activo miembro Maga, para coordinar las entregas de cocaína que incautan en El Salvador y que venden a cárteles mexicanos y de Florida. Sin embargo, al pueblo salvadoreño se le dice que la droga se quema.

Estos hechos que menciona el policía salvadoreño tienen que ver a la vez con la muerte, el año pasado, del jefe de la policía de El Salvador, Mauricio Arriaza Chicas, que fue tildado como un accidente de helicóptero, justo cuando estaba investigando al gabinete y al propio presidente Bukele por sus negocios de narcotráfico en México y Estados Unidos. 

La decisión de Marco Rubio deja de ser un simple episodio diplomático y se transforma en una alarma en la región. El mensaje para quienes colaboran con la justicia norteamericana es devastador: tu protección depende de la coyuntura política. Si el sistema no protege, nadie querrá colaborar. 

Arriaza Chicas, dejó documentos y un disco duro con pruebas de estos hechos que están en manos de una agencia de EE. UU. y de periodistas norteamericanos. Esta información no se ha publicado aún debido a que los agentes pidieron poder realizar sus investigaciones, que luego fueron detenidas con la llegada de Trump y su cercanía con Bukele. Es por eso que poco a poco los medios han ido verificando y exponiendo el testimonio del fallecido director de la policía, y son los artículos que ahora vemos en el New York Times, el Washington Post y otros. Aún falta mucho más. 

En los documentos aparecen los nombres del “lobista” Damián Merlo, policías y miembros del gabinete salvadoreño, exmilitares norteamericanos, funcionarios de la embajada de EE. UU. incluso un exembajador en San Salvador, y hasta el propio presidente Bukele. Y no solo involucrados en temas de narcotráfico, sino que hasta en asistencia de pasaportes y protección de grupos terroristas iraníes y sirios en El Salvador en conexión con el medio hermano de Bukele, Emerson, quien es el imán de la mezquita en dicho país. 

La decisión de Marco Rubio deja de ser un simple episodio diplomático y se transforma en una alarma en la región. El mensaje para quienes colaboran con la justicia norteamericana es devastador: tu protección depende de la coyuntura política. Si el sistema no protege, nadie querrá colaborar. 

El daño ya está hecho. Los fiscales federales que dependen de fuentes humanas para desmantelar redes criminales saben que su principal activo, la confianza, se está desmoronando. Sin esa confianza, no hay testigos, no hay confesiones y no hay condenas. 

Lo que ocurre hoy con Bukele y Rubio va más allá de la frontera salvadoreña. Fue un negocio pagado años atrás. La idea ahora es proteger a Bukele de que los testigos no hablaran de sus negocios y crímenes. Tal como se hizo con el expresidente paraguayo, Horacio Cartes que bajo la administración Trump fue eliminado de la lista de sujetos corruptos y hasta recuperó su visa de entrada a los Estados Unidos. Rubio, casualmente lo “visitó” en varias ocasiones cuando era senador. 

Marco Rubio tiene muchos compromisos desde que era senador y eso le está costando caro a él, a su país y al propio Trump. Ya lo vimos con el exsenador cubanoamericano Bob Menéndez, condenado a 11 años de prisión por delitos de corrupción, cohecho y soborno. 

The Washington Post perdió la oportunidad de haberle preguntado al operador de Bukele todo sobre el acuerdo con Marco Rubio y solo le consultó su opinión. El mismo error sucedió el año 2020 cuando el FBI tenía todas las evidencias contra Damián Merlo como: su participación en el escape de los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, un fallido secuestro e intento de asesinato de un expresidente salvadoreño y su hijo de 5 años, no estar registrado como lobista en Washington, no pagar impuestos de ingresos en el extranjero, pagos a diputados y presidentes en Panamá, espiar para el gobierno salvadoreño en EE.UU. contra diplomáticos, congresistas y periodistas norteamericanos y opositores a Bukele. Con todas esas evidencias, el fiscal en Nueva York demoró el caso y luego con la pandemia la investigación quedó suspendida, pero algunos agentes aseguran que Merlo debe ser detenido y su nacionalidad estadounidense revocada porque es naturalizado y ha cometido numerosos crímenes que incluye espionaje y traición a los Estados Unidos. 

El Washington Post estuvo muy cerca de saber las verdaderas razones y más detalles del acuerdo entre Rubio y Bukele. Es casi como que los periodistas tuvieran la posibilidad de entrevistar a Ghislaine Maxwell y solo le preguntaran qué opinaba de Jeffrey Epstein. Son otros tiempos del Washington Post, ya no están Woodward ni Bernstein, y el espía de Bukele pudo haber sido su “garganta profunda”.