Más de cuatro años han pasado desde que estallaron los casos de financiamiento ilegal de campañas políticas más grandes en la historia del país. Todo comenzó en octubre de 2014, cuando la prensa y el Ministerio Público remecieron el tablero político nacional revelando los aportes entregados por el grupo Penta. Luego vendría SQM y Corpesca, involucrando a relevantes personeros de la ex Concertación y Chile Vamos.

Desde entonces, una larga fila de empresarios y políticos han comparecido ante la Justicia, ya sea para declarar como testigos o imputados.

Lo cierto, es que transcurrido el tiempo, la Justicia ha sobreseído o ha impartido condenas irrisorias a todos los imputados en los casos, sin que ninguno haya pagado con cárcel, pese a la evidente corrupción develada en los casos.

El único caso con alguna sanción significativa, fue el de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, directivos de Penta, quienes estuvieron en prisión preventiva poco más de un mes en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, finalmente recibiendo una condena de cuatro años de libertad vigilada (sin cárcel), una multa cercana a los 860 millones de pesos cada uno y clases de ética. Por su parte, los únicos políticos del caso Penta que recibieron penas aflictivas (pérdidas de derechos ciudadanos), pero sin cárcel, fueron Pablo Wagner, el ex subsecretario de Minería de Piñera I, y Jovino Novoa (UDI), un factótum de la política chilena, quien fue condenado solo a tres años de libertad vigilada, plazo que se cumplió hace poco.  

Esta vez es fue el turno de zafar de Pablo Longueira, quien fue sobreseído por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago por su participación en el caso SQM en lo que respecta a los delitos tributarios ¿La razón? De acuerdo al tribunal, no se podía ejercer una acción legal en contra del dirigente histórico de la UDI y otro de los factótums de la política chilena debido a que el Servicio de Impuestos Internos (SII) no presentó denuncia o querella nominativa en contra del ex parlamentario.

Sin embargo, todavía pesan sobre Longueira acusaciones de cohecho, dada la evidente connivencia entre el gerente general de SQM, Patricio Contesse y Longueira en 2010, cuando este era senador y se discutía la invariabilidad tributaria, la cual se terminó aprobando en favor de la empresa. 

“Estamos en las horas decisivas. Un abrazo mi General. Del Coronel Longueira”, le escribió entonces el senador al general Contesse, como reveló Ciper en un artículo que además exhibió los contratos mediante los cuales el entonces ministro de Economía, Pablo Longueira, que otorgaron la invariabilidad tributaria a SQM en 2011.

Lo anterior, sin contar la red de boletas ideológicamente falsas que montó Longueira para recibir 900 millones de pesos de SQM desde 2009, según informó también Ciper.

Con todo, para quienes siguen el caso, el cohecho es una figura más difícil de probar, y el sobreseimiento actual representa una señal positiva para Longueira respecto de la decisión judicial respecto de esta otra arista.

Solo en SQM los datos indican que de los 180 imputados que tenía la investigación, a la fecha solo ocho personas -ninguna de gran figuración política- han recibido una condena, mientras que otras 120 ya han dejado de ser investigadas. Además, el 14 de febrero de 2018, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la suspensión condicional del único proceso judicial en contra de SQM como persona jurídica y el 2 de marzo del mismo año, la Corte Suprema rechazó desaforar al senador Fulvio Rossi (en ese entonces PS). Los políticos con figuración nacional que quedan en estado de formalizados, sin condena ni sobreseimiento, son solo Jorge Pizarro (DC) y Marco Enríquez Ominami (PRO).

En el caso de Penta, en tanto, todavía está por resolverse las medidas contra Pablo Zalaquett, ex alcalde de La Florida, Felipe de Mussy, ex diputado UDI, Carlos Bombal, ex senador UDI y Laurence Golborne, ex ministro de Minería, Energía y Obras Públicas de Piñera I, quienes probablemente reciban a lo más suspensiones condicionales del procedimiento a cambio del pago de multas y fijación de domicilio, como sucedió con Iván Moreira (UDI) y Alberto Cardemil (RN) en el mismo caso.

Otro caso que hay que estar observando es el de Corpesca, en el que están formalizados los ex parlamentarios UDI, Marta Isasi y Jaime Orpis.

La vía de escape de Longueira

La Justicia exculpó a Pablo Longueira en consideración a que el Servicio de Impuestos Internos (SII) no presentó en su momento denuncia o querella nominativa en contra del ex parlamentario. 

Dicha tabla de salvación tiene una carambola larga que viene desde el tiempo en que estalló el caso en 2015.

En ese entonces, según Ciper, gracias a la habilidad política del entonces ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, se logró establecer una estrategia de contención del caso que consistía en presionar al director del SII, Michel Jorratt, para que llevara el caso por la vía administrativa y no la penal, como al parecer era su intención.

Finalmente a Jorratt se le pidió que renunciara en mayo de 2015, poco después de que Peñailillo saliera de su cargo. En su reemplazo -pocos meses después, en agosto- llegó Fernando Barraza, quien sigue como director del SII hasta ahora, pues fue ratificado por el presidente Sebastián Piñera y el ministro de Hacienda, Felipe Larraín.

Desde entonces no ha habido querellas penales por delitos tributarios asociados a boletas ideológicamente falsas destinadas al financiamiento ilegal de campañas políticas por parte del SII. Esto, dado lo que Canal 13 llamó la Doctrina Barraza, la cual hace preferir al SII la acción pecuniaria por sobre la penal, a diferencia de lo que prefería Jorratt. 

Entre tanto, el 22 de junio de 2016, Longueira fue formalizado por delitos tributarios y cohecho, y ahora zafa al menos del primer cargo.