En un artículo anterior hicimos referencia a la sujeción de las Fuerzas Armadas a la autoridad del presidente de la República, consagrada en los artículos 22, 71 y 72 de la Constitución Política del Estado y en el DFL N° 1 de 1968. Afirmamos que, por consiguiente, no cometían delito alguno quienes manifestaban, de palabra o por escrito, que nuestros institutos armados no debían obedecer a aquellos oficiales que, encandilados por los cantos de sirena de los voceros reaccionarios, intentaron una aventura golpista.
Lejos de constituir un llamado a la subversión militar, toda campaña destinada a destacar que las FF.AA. no tienen que seguir a los que no acatan la autoridad presidencial, se encuadra dentro de las mejores tradiciones militares.
Distinto es el caso de la conferencia dictada en el Instituto Cultural de Providencia por el profesor de Filosofía del Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Hugo Tagle Martínez, quien "respecto a la obediencia..., destacó que (las Fuerzas Armadas) la deben a la Constitución y a las leyes, pero si ocurriere que una u otras no expresan el proyecto de vida común de una nación - también aquel que la mayoría sostiene en un momento determinado de su historia y esta des-adecuación amenaza a la pacífica convivencia social, su deber es obedecer a dicho proyecto nacional y no a la Constitución… En Chile, hoy, el poder político, con la prescindencia del derecho positivo que nos rige, pretende con inobservancia de la ley, imponer a la nación ideas ajenas a su proyecto de vida. Este intento coloca a las FF.AA. en una encrucijada, en la cual la última y definitiva palabra la tienen sus integrantes" (El Mercurio, 5 agosto 1973, p.34).
La campaña de algunas organizaciones de izquierda de alertar a los soldados contra las intentonas golpistas, tampoco socava la disciplina de las FF.AA., pues -como bien anota Luis Acuña Vega "de ser cierto lo que (se) sostiene, querría decir que el artículo 335 del Código de Justicia Militar socava la disciplina".
Estas expresiones sí que constituyen, a nuestro juicio, una clara incitación a la subversión militar, no sólo contra la autoridad del Ejecutivo, sino que contra la propia Carta Fundamental, cuyas normas, según el destacado catedrático, las Fuerzas Armadas tendrían la obligación de transgredir en aras de la obediencia a un hipotético "proyecto nacional". ¿Quién determina en qué consiste este "proyecto"? ¿Y la "des-adecuación" a que se refiere el conferencista, quién precisa cuando se produce? ¿Dónde está consagrado el deber de los institutos castrenses de desobedecer las normas constitucionales y legales, esas mismas normas que han jurado respetar?
Extraña que un catedrático de una escuela de derecho pueda hacer estas extrañas aseveraciones, por lo que esperamos que todo se deba a una errónea y mercurial transcripción de sus palabras.
La campaña de algunas organizaciones de izquierda de alertar a los soldados contra las intentonas golpistas, tampoco socava la disciplina de las FF.AA., pues -como bien anota Luis Acuña Vega "de ser cierto lo que (se) sostiene, querría decir que el artículo 335 del Código de Justicia Militar socava la disciplina. En efecto, allí se sostiene que el inferior suspenderá el cumplimiento de una orden cuando ella 'tienda notoriamente a la perpetración de un delito'".
Además, el artículo 269, que se refiere, precisamente, al delito de rebelión, exige a todos los militares emplear "todos los medios a su alcance para contener la rebelión o la sublevación en las fuerzas de su mando". Señala sanciones al que omite actuar en esa forma y, además, si es oficial, le aplica, en todo caso, la destitución. "Quienes cometen delito son los que incitan a la rebelión, los que se levantan en armas contra el Gobierno y no los que lo defienden ni los que impiden que se consume ese objetivo y se oponen a la rebelión".
El propio presidente del partido Demócrata Cristiano, la principal fuerza de oposición recordó en artículo publicado en El Mercurio (1 de noviembre 1972) que el Código de Justicia Militar y el Reglamento de Disciplina de las FF. AA. consagran el sistema de "obediencia reflexiva" y citó, en su apoyo, la opinión de dos oficiales, manifestada en sus memorias para obtener el título de abogado, en el sentido de que "el primer requisito para que la obediencia jerárquica opere como eximento de responsabilidad (es) la de que 'la orden sea impartida por un superior. Dentro de la órbita de sus atribuciones legítimas'".
¿Las órdenes de un oficial a sus subordinados para sublevarse están dentro de la órbita de sus "atribuciones legítimas"? El llamado a no obedecer a los oficiales que emprenden una intentona "golpista", ¿es un intento de subversión militar, una campaña destinada a socavar la disciplina de las Fuerzas Armadas?
Cabe, entonces, preguntarse, ¿las órdenes de un oficial a sus subordinados para sublevarse están dentro de la órbita de sus "atribuciones legítimas"? El llamado a no obedecer a los oficiales que emprenden una intentona "golpista", ¿es un intento de subversión militar, una campaña destinada a socavar la disciplina de las Fuerzas Armadas o está dirigido -como puntualizara el senador Altamirano- "a ratificar su obligación de obedecer a la autoridad legítimamente constituida"?
Pretender lo primero significaría que la Fiscalía Militar debería estar procesando a los oficiales y suboficiales que se negaron a obedecer el 29 de junio las órdenes del comandante Roberto Souper y no, como lo está haciendo, a los que lo acompañaron en su aventura. ¡Absurda conclusión que no resiste el menor análisis!
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¿Peruanismo castrense en Chile?
En las últimas semanas ha circulado el rumor de que en algunos sectores de las Fuerzas Armadas ha tomado cuerpo la idea de un golpe "a la peruana".
Esta corriente "peruanista", que sería especialmente fuerte en la Aviación, abarcaría también a sectores civiles, integrados por hombres que no son los golpistas de siempre, vinculados a las FF. AA. y que incitan a sus amigos parientes o allegados militares a dar un salto de frentón. De acuerdo con la revista De Frente, habría trascendido que en algunas ramas castrenses "el sector constitucionalista está en franca minoría. En otras existen grupos pro Unidad PopuIar, de Patria y Libertad, constitucionalistas y peruanistas".
Según De Frente, "lo más curioso del caso es que tanto los uniformados como los civiles contagiados con esta enfermedad ignoran las características reales que tiene el proceso peruano. Ninguna de las personas con quienes se ha podido discutir el tema, está enterada de la marcha de la revolución peruana".
Si alguien les cita estas palabras: "Sabemos que el Gobierno será atacado; las tenebrosas fuerzas de la oligarquía interna y externa defenderán hasta sus últimos esfuerzos los baluartes de privilegio y de dominio que han detentado siempre; se tratará, con el engaño, de azuzar a las masas populares para exigir cada vez más lo que ellas en cerca de ciento cincuenta años se negaron a darles, ya que nunca rompieron las cadenas de la esclavitud". Creerán, posiblemente, que fueron pronunciadas por Salvador Allende y no podrán convencerse de que se trata de un discurso del general Juan Velasco Alvarado (Lima, 7 nov. 1968). La posición antiimperialista del gobierno popular asusta a estos “peruanistas", sin parar mientes, que el gobierno peruano ha desarrollado precisamente una línea política antiimperialista.
La nacionalización del cobre en Chile, antes en manos de los consorcios norteamericanos, Anaconda y Kennecott, equivale a la nacionalización del petróleo en Perú, antes en poder de la International Petroleum Company (IPC), una subsidiaria del trust Standard Oil de New Jersey.
La nacionalización del cobre en Chile, antes en manos de los consorcios norteamericanos, Anaconda y Kennecott, equivale a la nacionalización del petróleo en Perú, antes en poder de la International Petroleum Company (IPC), una subsidiaria del trust Standard Oil de New Jersey, una de las corporaciones monopolistas más poderosas de Estados Unidos.
Más aún, el presidente Velasco, el 28 de julio de 1969, proclamaba que "cancelar la tradicional dependencia de nuestro país es objetivo fundamental de la revolución nacionalista y meta central del desarrollo pleno del Perú"; después siguió el choque frontal con Estados Unidos que pretendía aplicar la Enmienda Hickenlooper (comparable con el "bloqueo invisible" contra Chile y las acciones judiciales emprendidas por Kennecott en el exterior); prosiguió con la estatización de los intereses foráneos en la actividad bancaria, la proclamación de una doctrina sobre inversiones extranjeras, su asistencia a las conferencias de países no alineados, las relaciones diplomáticas con Cuba y, últimamente, su anuncio de que proyecta nacionalizar las minas que explota la Cerro Paseo Corporation.
La lucha contra los sectores monopolistas en Chile también se da en el Perú. Veamos las palabras del general Velasco Alvarado: "La oligarquía que ha visto afectados sus intereses... no invierte su dinero en el país. Este es un gran complot de la derecha económica, su gran estrategia contrarrevolucionaria, su gran traición a la causa del pueblo peruano. Se persigue de este modo crear una crisis económica que vulnere la estabilidad del Gobierno. La excusa para no invertir es que no existe en el país un clima de confianza. Esta frase manida es el estribillo, pero también el arma psicológica que día a día utiliza la reacción para cubrir con cortina de humo su verdadera intención antipatriótica".
"¿Qué confianza reclaman los grandes propietarios del dinero? ¿Una confianza como aquélla que se creaba cuando eran los dueños del país? Este tipo de confianza no van a tener mientras nosotros gobernemos..., porque en este tipo de confianza se basaron las injusticias que hundieron en la miseria y en la explotación a la gran mayoría de nuestro pueblo" (3 oct. 1969).
La complicidad entre los sectores oligárquicos y los intereses imperialistas no pasó tampoco desapercibida al general Velasco: "Detrás de la campaña contra la revolución en marcha hay, es cierto, muy poderosos intereses: la sincronizada propaganda deformadora de la verdad, que opera a través de ciertas agencias noticiosas extranjeras, de algunas revistas de circulación internacional y de la mayoría de los periódicos que se imprimen en el Perú, que representan y defienden los intereses de la oligarquía peruana y sus cómplices foráneos... Sabemos que frente a la revolución hay una conjura tenebrosa manejada por elementos externos, que persigue detener el proceso de cambios en el Perú" (3 oct. 1969).
A través de nuestra historia ha habido gobernantes que recurrían a las tropas del Ejército o a Carabineros para sofocar cualquier justificada protesta de nuestros trabajadores. Pero en estas ocasiones hubo militares que se negaron a cumplir órdenes que significaran disparar contra el pueblo y los trabajadores.
El parecido no puede ser más semejante. Los mismos métodos, los mismos intereses, las mismas campañas contra los gobiernos de Chile y Perú. Es una prueba evidente de que detrás está la mano oculta del imperialismo y la CIA. No podía ser de otro modo: en todo proceso liberador los enemigos son los mismos.
El "peruanismo castrense” se da en los países en que imperan gobiernos entreguistas y no, como en Chile, donde se lucha precisamente contra la dependencia; en países donde gobiernan intereses oligárquicos y no donde estos mismos intereses combaten y tratan de derrocar a un gobierno popular. Entre el auténtico nacionalismo popular y revolucionario de los militares peruanos y el "nazionalismo" de "Patria y Libertad" o de algún otro sector que instigue al golpe a algunos oficiales de nuestras FF. AA., hay un mundo de diferencia.
A través de nuestra historia ha habido gobernantes que recurrían a las tropas del Ejército o a Carabineros para sofocar cualquier justificada protesta de nuestros trabajadores. Pero en estas ocasiones hubo militares que se negaron a cumplir órdenes que significaran disparar contra el pueblo y los trabajadores.
Guiados por un afán estrictamente histórico es oportuno traerlos a colación.
Corría el mes de diciembre de 1907. Las oficinas salitreras habían declarado la huelga general y los obreros pampinos, junto con sus familias, inician la "marcha del hambre" sobre el puerto de Iquique, concentrándose en la Escuela Santa María. El 21 de ese mes, "como si fuera un día de fiesta escolar”, el edificio de la Escuela Santa María se encontraba engalanado con banderas de repúblicas hermanas, en que descollaban chilenas, bolivianas, peruanas, cubriendo partes de los muros, junto a estandartes con letras doradas y plateadas. Destacaba uno de terciopelo rojo, era el de los subalternos del general Silva Renard; a su alrededor montaban guardia los veteranos del 79 (Guillermo Kaempffer Víllagrán. Así sucedió. Taller Arancibia Hnos. Stgo., 1962, p. 144).
Pronto llegó hasta la escuela el cónsul boliviano, pidiendo a sus compatriotas que abandonaran el recinto porque iban a ser “ametrallados", pero éstos contestaron que si había que morir lo harían junto a sus compañeros chilenos, argentinos y peruanos.
Julio César Jobet (Ensayo crítico del desarrollo económico-social de Chile. Ed. Universitaria, Stgo., 1955, p. 139) cuenta que un sargento primero se negó a cargar con su pelotón de lanceros sobre la masa indefensa y dio orden de retirada a sus hombres.
La escuela estaba totalmente rodeada de tropas, en tanto que los barcos de guerra apuntaban amenazantes contra la ciudad. Un huelguista, orador popular, frente a las tropas les decía: "Marineros del 'Esmeralda', ¿consentiréis que se empañen vuestras glorias adquiridas al frente de un enemigo poderoso y en defensa de los chilenos, matando ahora a chilenos indefensos? ¿Queréis que el pueblo de Chile no pueda ya invocar el glorioso 21 de mayo sin recordar al mismo tiempo un cobarde 21 de diciembre? (Julio César Jobet. Temas históricos chilenos. Ed. Quimantú. Stgo., 1973, p. 233).
A las 15.45 horas el jefe de la plaza, general Roberto Silva Renard, dio orden de disparar contra los huelguistas, entre los que se contaban numerosos subalternos suyos de los tiempos de la guerra del Pacifico: más de dos mil personas, hombres, mujeres, ancianos y niños, son masacrados por la metralla implacable. Fue tal la premura de Silva Renard que ocho soldados que habían entrado a la escuela a notificar la orden de desalojo no alcanzaron a salir a tiempo y cayeron bajo las balas.
¿Y ningún militar se negó a participar en esta matanza?
Julio César Jobet (Ensayo crítico del desarrollo económico-social de Chile. Ed. Universitaria.Stgo. 1955. p. 139) cuenta que un sargento primero se negó a cargar con su pelotón de lanceros sobre la masa indefensa y dio orden de retirada a sus hombres; y Patricio Manns expresa que "el comandante Aguirre, de uno de los buques de guerra, se negó a prestar ametralladoras y bombas al Ejército para cumplir su macabra tarea" (Las grandes masacres. Ed. Quimantú. Stgo., 1972, p. 86).
Corren los años y el 21 de julio de 1920 es asaltada y saqueada la Federación de Estudiantes de Chile (FECh) por bandas de "pijes", comandadas por dos oficiales vestidos de civil. "El general Diego Dublé Almeyda condena la participación del ejército en actos sangrientos, preparados por La Moneda”, en ese entonces en manos reaccionarias (Id., p. 86).
Cinco años más tarde, el 5 de junio de 1925, en una época de cesantía y crisis económica, ocurre la matanza de cientos de obreros de la oficina salitrera de La Coruña (Tarapacá), a cargo del Regimiento Carampangue. Luego se inventa el "palomeo de rotos": los sobrevivientes deben cavar su propia tumba y cuadrarse frente a ella, luego un oficial apunta y dispara. El "roto" da una voltereta en el aire y cae junto al foso que él mismo ha cavado. Otros son llevados al crucero O'Higgins y "fondeados" en el mar.
También se hizo público el caso del capitán Enrique Caballero que viendo que un grupo de sus propios soldados hacían funcionar una ametralladora contra una gran muchedumbre de obreros. mujeres y niños, que huían a la desbandada, lanzó intrépidamente su caballo por delante de la ametralladora.
Carlos Vicuña Fuentes (La Tiranía en Chile, T 2. Stgo., 1939, p. 43). dice al respecto: "en una carta que recibí en Iquique fechada el 14 de agosto de 1925, me cuenta entre otros temibles pormenores que a bordo del O'Higgins falleció de un ataque el teniente Lizana a causa de la impresión que le causó la orden de fondear a un grupo de obreros, que arrodillados, llorando sobre la cubierta, le pedían piedad".
También se hizo público el caso del capitán Enrique Caballero que viendo que un grupo de sus propios soldados hacían funcionar una ametralladora contra una gran muchedumbre de obreros. mujeres y niños, que huían a la desbandada, lanzó intrépidamente su caballo por delante de la ametralladora, hizo cesar el fuego e increpó a los soldados, afeándoles su conducta y diciéndoles que las armas no debían emplearse contra “gente que huía". Al oír decir a los soldados que disparaban por orden expresa del comandante Anasio Rodríguez Caballero, desobedeciendo esa orden, reiteró la de cesar el fuego.
Días más tarde llegaba a hacerse cargo del mando el general Enrique Bravo Ortiz, "quien conociendo la actitud de la oficialidad para con los obreros de la pampa, durante la sangrienta represión, representó a la oficialidad el perjuicio que hacían al honor del Ejército al jactarse de atrocidades cometidas en contra de los trabajadores" (G. Kaempffer, ob. cit., p. 259).
Mucho más tarde, el 5 de septiembre de 1938, setenta jóvenes nacionalsocialistas son masacrados en el Seguro Obrero (posteriormente llamado la "Torre de Sangre") después de rendidos. La operación estuvo dirigida por el general Humberto Arriagada, de Carabineros, de acuerdo con las instrucciones impartidas verbalmente por el presidente Arturo Alessandri: "¡Que no quede ni uno vivo! ¡mátenlos a todos!" Sin embargo, el teniente Antonio Llorens Barrera, "se negó a participar en la matanza, fue detenido y llevado a Investigaciones por el medio de la calle Morandé, pasando frente al Senado, donde esa escena no dejó de impresionar a algunos senadores que la presenciaron" (Ricardo Donoso. Alessandri, agitador y demoledor. T II. Fondo de Cultura Económica. México, 1954, p. 264).
Digna de destacar fue la conducta del general de Carabineros, Aníbal Alvear que, velando por el prestigio del Cuerpo, lejos de querer echar tierra sobre la actuación de oficiales y tropa, reunió un caudal de información del más alto valor para formarse un consenso de la forma en que se desarrollaron los hechos y señalar a los verdaderos culpables.
Lo que importa es que en las presillas de nuestra oficialidad a cada momento revivan con patriótica energía el ejemplo que dieron muchos hombres de armas que desobedecieron las órdenes criminales, sacrificando su profesión y su porvenir en aras de la libertad y en beneficio de los principios humanos.
Como podemos observar, en las grandes matanzas contra nuestro pueblo -desde los sangrientos incidentes de Sierra Gorda (Antofagasta) en 1884, hasta la masacre de Pampa lrigoin (Puerto Montt, en 1969), participaron uniformados (Fuerzas Armadas y Carabineros). que "pasaron por millares de cadáveres que en vida habían sido sus hermanos. Pero ningún hombre de armas esgrimió la bayoneta por su gusto. Manos oscuras y siniestras escribían o llevaban las órdenes para que se efectuaran las grandes masacres”.
Nuestras gentes también saben con certeza que los oficiales y tiradores que "palomearon rotos" en el salitre o en las gélidas regiones del sur, no fueron ni se sintieron pueblo en armas. Tampoco fueron militares o policías, en el sentido exacto del vocablo.
Uniforme se puede poner cualquiera, pero eso sólo tapa los pelos o las garras simiescas. Igualmente -ese uniforme- pudo vestir sotana, frac o tricornio diplomático. Lo que importa es que en las presillas de nuestra oficialidad a cada momento revivan con patriótica energía el ejemplo que dieron muchos hombres de armas que desobedecieron las órdenes criminales, sacrificando su profesión y su porvenir en aras de la libertad y en beneficio de los principios humanos (revista Aquí Está, N° 47).
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El Ejército paralelo
Durante la ceremonia en la cual juraron los nuevos ministros, el presidente Salvador Allende reiteró que no habría en Chile "Ejército paralelo". Nosotros, con el debido respeto al presidente de la república, creemos que no se trata de si va a haber o no Ejército paralelo pues éste ya existe, tiene un "comando invisible" que planifica sus acciones, "grupos de combate armados" que los emprenden, órganos de propaganda, apoyo logístico, y está en plena acción amenazando al Gobierno, a las Fuerzas Armadas y a la seguridad nacional.
No es un misterio para nadie que "Patria y Libertad" ha declarado la guerra al Gobierno. No puede argumentarse que este movimiento carece de importancia, pues más allá de sus filas ejerce una influencia cada vez más decisiva en las actitudes que adoptan los partidos de oposición. Muchos de sus integrantes tienen doble o triple militancia; sus vinculaciones con organismos patronales, (como Sociedad Nacional de Agricultura o la Sociedad de Fomento Fabril), y con ciertos colegios profesionales, son bastantes fuertes: sus publicistas están detrás de las huelgas de los sectores "gremialistas" y sus líderes (respecto de los cuales hay orden de detención) encuentran generosa acogida en las radios "democráticas" y en el Canal 13 de televisión. El concepto de "guerra total" -militar, económica y sicológica-, es practicado sin el menor escrúpulo por este "Ejército paralelo".
Ahora último, especialmente con motivo del paro camionero ordenado por León Vilarín, las acciones de los grupos reaccionarios (en las que no ha estado ausente el PN, a través de su comando "Rolando Matus") han recrudecido y adquirido un carácter abiertamente terrorista.
El hecho es que a la "desobediencia civil", a la que llamaba un senador de la Democracia Cristiana, y a la "resistencia civil", a la que posteriormente llamó el Partido Nacional, han seguido acciones directas que nadie, honestamente, puede negar. La quebrazón de vidrios en los edificios públicos que se producían en las "inocentes" manifestaciones de los estudiantes "democráticos"; los trolley-buses de la ETC que eran apedreados en el barrio alto, los semáforos inutilizados y la destrucción de bienes fiscales no son casos de simple coincidencia, sino que obedecen a un plan determinado.
En un "volante" repartido por "P y L", se dan a conocer "Ocho medidas para derrocar al Gobierno". La tercera expresa: "Sabotear las fuentes de trabajo estatales".
Ahora último, especialmente con motivo del paro camionero ordenado por León Vilarín, las acciones de los grupos reaccionarios (en las que no ha estado ausente el PN, a través de su comando "Rolando Matus") han recrudecido y adquirido un carácter abiertamente terrorista.
Hasta mediados del mes de agosto y sin considerar los atentados a las comunicaciones, plantas de radio y de televisión, a las personas o casas particulares, locales, escolares, hospitales. sedes diplomáticas, sindicatos y locales partidarios, han ocurrido nada menos que 249 atentados (71 contra camiones), 80 contra vehículos de locomoción colectiva, 16 contra bencineras, 40 contra vías férreas, 14 contra servicios públicos, 10 contra sedes laborales, 5 contra centros comerciales, 2 contra centros industriales y 1 contra túneles). Hacia esa misma fecha los muertos sumaban ya siete y había docenas de heridos, muchos de ellos víctimas inocentes.
No es la izquierda la que ha hecho estos atentados, no son las organizaciones populares las que han asesinado al general Schneider o al capitán Araya, no son los trabajadores los que lanzan maíz al paso de los militares. No son ellos los que llaman a las Fuerzas Armadas a separarse de sus actividades profesionales, como tampoco son ellos los que atentan -como ha ocurrido con el paro camionero y la violencia terrorista que lo ha acompañado- y comprometen tan gravemente la seguridad nacional.
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