Ha pasado casi un mes desde que The Intercept Brasil hiciera pública una serie de conversaciones privadas entre fiscales y jueces encargados del caso Lava Jato, las que demuestran que Sérgio Moro -el fiscal del caso y actual ministro de Justicia de Jair Bolsonaro- fue parcial en la persecución de Lula da Silva, el ex presidente brasileño hoy preso por dicho caso.

De hecho, el Lava Jato, que afectó principalmente al Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece Da Silva, fue parte clave de la campaña presidencial de Bolsonaro, en tanto, una de sus promesas principales fue acabar con la corrupción. Y -justamente- el Lava Jato simbolizaba todo eso, por tratarse del desvío fraudulento de fondos de Petrobras -la petrolera estatal brasileña- hacia empresas constructoras, como Odebrecht, las que a su vez pagaban favores a políticos, no solo en Brasil, sino que en también en varios otros países latinoamericanos.

Tras ser electo, Bolsonaro reclutó justamente a Moro como ministro de Justicia. Si bien eso fue polémico por las dudas respecto de la independencia de Moro en su labor como fiscal, para muchos brasileños la jugada era acertada en miras a la lucha mayor contra la corrupción que se demandaba al nuevo gobierno, y que en Brasil es generalizada.

Hoy, justamente, el zar anticorrupción -Sérgio Moro- está siendo acusado de corrupto, dadas las revelaciones de The Intercept, pues es ilegal que jueces y fiscales tengan niveles de connivencia para perjudicar a alguna de las partes en un juicio, en este caso a Lula da Silva. Algo que ha incidido en la popularidad de Bolsonaro, quien cuanta solo con un 32% de aprobación, según el sondeo del Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística (Ibope), y a solo seis meses de asumido.

Según Wagner Romão, cientista político y profesor de la Universidad Estatal de Campinas, pareciera que en este momento la credibilidad de gobierno se sostiene en el encarcelamiento de Lula da Silva. “Brasil tiene casi una obsesión con la prisión de Lula. El gobierno sabe que si sale de la cárcel toda la imagen de combate contra la corrupción se viene abajo”, dice Romão.

Y como consecuencia, la polarización de la opinión pública se ha acrecentado desde que se divulgaron las conversaciones de Moro. “Todo el país desde el 2014 está acompañando la operación Lava Jato como una telenovela. Claro que habrá una conmoción popular si se da la liberación de Lula”. 

Manifestaciones a favor de Sérgio Moro

El pasado domingo 30 de junio, hubo movilizaciones en apoyo a Sérgio Moro en varias grandes ciudades de Brasil, las que convocaron a unas 30 mil personas en Sao Paulo y Rio de Janeiro.

Esto quiere decir que -pese a los golpes que ha recibido el oficialismo brasileño- aún tiene el respaldo de un sector que confía en que Bolsonaro y Moro acabarán con una corrupción institucionalizada.

Wagner Romao explica eso: “una parte considerable de la población en Brasil comprende que no hay ningún problema en hacer algo que pueda ser ilegal para que los corruptos se asusten un poco. Bajo esa lógica, pareciera que los fines justifican los medios. Eso es algo que está muy arraigado en una parte muy grande de la población brasileña. En la región, Moro es visto porque tuvo el coraje de ser efectivo en la prisión a los corruptos”.

Esto calza -según Romao- con la visión de una parte de la sociedad civil de Brasil, que por muchos años siente que la han engañado, y cree que muchos políticos se han hecho ricos gracias al Estado. Un estado de las cosas que -antes de la operación Lava Jato- se veía como inmutable.

También los partidarios de Bolsonaro han cuestionado constantemente la veracidad de los mensajes publicados por The Intercept. Esto responde a un diseño por parte de Moro, quien ha sembrado dudas respecto a que la filtración no haya sido intervenida por terceros, con el propósito de perjudicarlo.

No solo Moro

Pero lo de Sérgio Moro no es el único caso de corrupción que afecta a la administración de Bolsonaro en escasos seis meses.

En febrero -y a poco más de un mes de iniciado su gobierno- el Partido Social Liberal (PSL) al cual pertenece el actual presidente, fue acusado de desviar fondos durante la campaña electoral de octubre en la cual salió electo. A raíz del escándalo, el ministro Secretario General de la Presidencia, Gustavo Bebianno fue eliminado del gabinete ministerial y reemplazado por el general Floriano Peixoto Neto. 

También el 25 de junio pasado, un militar miembro de la comitiva presidencial que venía en un avión escolta rumbo a la reunión del G20 (de las 20 principales economías mundiales) en Tokio, Japón, fue descubierto con 39 kilos de cocaína en el aeropuerto de Sevilla, España, en una escala. El presidente de Brasil le restó importancia al hecho y declaró que “[el militar] enlodó el nombre de instituciones. Ha perjudicado un poco a Brasil, pero esto sucede en cualquier lugar del mundo, en cualquier institución”.