Para hoy a las 8 de la mañana están citados los seis secretarios de Estado que conforman el llamado ‘Comité de Ministros’, el que deberá decidir si se aprueba o no el polémico proyecto minera Dominga. Dicha instancia será presidida por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, y estará integrada también por los ministros de Salud, Ximena Aguilera; de Economía, Nicolás Grau; de Agricultura, Esteban Valenzuela; de Energía, Diego Pardow; y de Minería, Marcela Hernando.

Pensado originalmente como un órgano político-técnico para dirimir proyectos con potenciales mega impactos medioambientales, lo cierto es que ha sido un órgano más político que técnico. Ello no debería extrañar considerando que sus seis miembros son nombrados directamente por el o la Presidenta de la República.

Para la votación de hoy ese conflicto de lealtades resulta evidente. La noche de su triunfo electoral en diciembre de 2021, frente a decenas de miles de personas reunidas en la Alameda, el actual Presidente Gabriel Boric exclamó: “¡No a Dominga!”, recibiendo un estruendoso aplauso.

Al igual que el acuerdo comercial TPP-11, el caso de la minera Dominga ha sido un símbolo para la actual coalición de gobierno, que considera que estos casos son una profundización del modelo neoliberal que, según sus proclamas, buscan superar.

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Cronología del Proyecto Dominga.

¿Inhabilitados?

El sindicato de pescadores de la Higuera, comuna donde se construiría la operación minera, presentó ayer un recurso de protección para que la ministra Rojas se abstenga de votar en el Comité de Ministros. Ella ha descartado inhabilitarse para votar en la instancia, afirmando que no recuerda haber expresado reparos sobre Dominga.

Sin embargo, después de que la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo aprobara en agosto de 2021 el proyecto, Rojas expresó públicamente que “no es una buena noticia, tenemos que lograr que el desarrollo del país no siga destruyendo nuestra naturaleza”. En esa época la actual ministra era directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia.

En enero de 2015 la Comisión de Evaluación de la Región de Coquimbo aprobó Puerto Cruz Grande. Ese proyecto también está ubicado en la comuna de La Higuera y está más cerca de las reservas de los pingüinos de Humboldt que Dominga.

Cercanos al proceso y a la empresa Andes Iron -propiedad de Carlos Alberto Délano, amigo personal de Sebastián Piñera y fundador del Grupo Penta, condenado por delitos tributarios y financiamiento irregular de la política- señalan que organizaciones sociales de La Higuera pedirán en los próximos días las inhabilidades del Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, y de la ministra de Minería, Marcela Hernando, quienes habrían emitido declaraciones que les impedirían proceder a una evaluación imparcial del proyecto Dominga.

En una entrevista con CNN Chile en marzo del año pasado, la ministra Hernando se refirió a medidas como el royalty minero y nombró el proyecto Dominga. “Me duele mucho que las empresas puedan explorar en cualquier parte. La mayoría de los terrenos en Chile (...) están cedidos en concesión para exploración, pero solamente se explota un 2% de esos terrenos. Una vez que están diseñados y encontraron algo, tienen el proyecto ya diseñado, gastaron plata, contrataron gente, y, recién, se le viene a consultar a la gente. Por lo tanto, proyectos en los que ha habido mucha inversión, terminan muy conflictuados y con dificultades. Un ejemplo es Dominga”, señaló en la ocasión.

El ministro Diego Pardow, en tanto, también podría tener una causal de inhabilitación, pero en su caso por su posible cercanía con la empresa minera. El abogado fue parte del estudio jurídico Ferrada Nehme entre 2008 y 2020. En 2016 ese bufete asumió la representación legal de Minera Dominga, comandado por el abogado Patricio Leyton. En las gestiones que el estudio debió realizar, intervino también el abogado Luis Cordero, el nuevo ministro de Justicia.

Y pese a la evidente resistencia del Presidente Boric al proyecto minero, lo cierto es que su jefa de prensa, Tatiana Klima, se desempeñó en 2019 como asesora de Iván Garrido, el entonces gerente general de Andes Iron, controlador de Minera Dominga. Luego trabajó en la consultora Dinámica Plataforma, donde se desempeñó en cuentas de Antofagasta Minerals, Anglo American y Copec, como reveló nuestro medio en enero del año pasado.

¿Doble estándar?

En enero de 2015 la Comisión de Evaluación de la Región de Coquimbo aprobó el proyecto Puerto Cruz Grande, el que se comenzó a construir cinco años después. Ese puerto también está ubicado en la comuna de La Higuera y, de hecho, se encuentra más cerca de las reservas de los pingüinos de Humboldt que el proyecto Dominga.

Excepto la oposición de grupos ambientalistas como Oceana, la aprobación de este megapuerto pasó casi inadvertido para la opinión pública. No así para el Tribunal Ambiental de Antofagasta, que en su sentencia de abril de 2021 reparó en el hecho de que ambos proyectos, Dominga y Cruz Grande, fueron tramitados de manera simultánea durante al menos tres años con resultados muy distintos.

“Acá el tema de fondo es que el tribunal ambiental reconoció que existió una discriminación en la evaluación de ambos proyectos, utilizando criterios diferentes para proyectos similares en la misma zona y en la misma época”, afirma una persona cercana a Andes Iron.

“Resulta inaceptable que a Dominga, que cuenta con igual o incluso mejores antecedentes (que Puerto Cruz Grande) se le ha aplicado un estándar de exigencia mayor, incurriéndose con ello en una incomprensible discriminación arbitraria”, dice la sentencia del Tribunal Ambiental de Antofagasta.

En efecto, el tribunal estableció que “mientras que en Cruz Grande el Comité de Ministros (…) estimó que ello (información entregada) era suficiente para aprobar el proyecto, en Dominga, en cambio, pese incluso a que la actividad de transporte marítimo fue evaluada dentro del SEIA, el Comité consideró que la información era insuficiente”. Y el escrito de la corte especializada en medioambiente asegura: “Resulta inaceptable que a Dominga, que cuenta con igual o incluso mejores antecedentes, se le ha aplicado (…) un estándar de exigencia mayor, incurriéndose con ello en una incomprensible discriminación arbitraria”.

Es sólo política

En agosto de 2017, el comité de ministros del entonces gobierno de Bachelet rechazó el proyecto Dominga por 3 votos contra 2. Esta decisión provocó que el equipo económico de su gobierno renunciara. En concreto, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, el subsecretario de esa cartera, Alejandro Micco, y el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, decidieron renunciar.

Su razonamiento era que, dentro de la institucionalidad medioambiental, Dominga cumplía con los requisitos de aprobación. Lo que no dijeron públicamente, era que estaban indignados porque el rechazo en el Comité de Ministros se debía a consideraciones personales de la Presidenta.

En efecto, el diario La Tercera había revelado en marzo de 2017 que la hija de Bachelet había adquirido una parcela de 5.000 m2 en Punta de Choros, cercano al puerto minero de Dominga, y que la nuera de la Presidenta, Natalia Compagnon, era dueña de al menos 12 parcelas en el mismo lugar.

Gravemente golpeada por el caso Caval que estalló dos años antes, Bachelet habría presionado a sus ministros por rechazar Dominga para evitar cualquier sospecha que sus familiares, una vez más, estaban tratando de profitar. Pero ello tenía poco o nada que ver con el fondo del asunto y la inversión de US$ 2.500 millones de Andes Iron. “Quiso resguardar su integridad a cambio de hundir un proyecto multimillonario”, afirma una persona cercana a la ex Presidenta en esos momentos.

Desde 2017, distintas instancias técnicas han emitido informes favorables, o al menos no han cuestionado, los informes ambientales de Dominga.

Sin embargo, hay una gran nube negra sobre el proyecto, la que incluye al propio ex Presidente Sebastián Piñera. En un intento por agraciarse con los movimientos ciudadanos a favor del medioambiente, en agosto de 2010 Piñera anunció que la central termoeléctrica Barrancones, situada en las cercanías del santuario natural de Punta de Choros, cambiaría de ubicación.

“Le he pedido y he acordado con Suez (compañía francesa) cambiar la ubicación de la central termoeléctrica Barrancones, de forma tal de alejarla del sector de Punta de Choros, Isla Damas e Isla Gaviota y proteger ese santuario de la naturaleza, no solamente para nuestra generación sino que también para las generaciones que vendrán”, aseguró al país.

“Con esto, hemos enfrentado con sabiduría, responsabilidad y respetando nuestro Estado de Derecho el tema de la central termoeléctrica de Barrancones y les puedo decir a todos los chilenos que como Presidente me siento feliz de poder preservar un santuario de la naturaleza”, expresó.

Lo que el ex mandatario no dijo, y que no se supo hasta varios años después, es que era socio del Choclo Délano en el proyecto inicial de Dominga, aunque en ese mismo año 2010 vendió su participación. Pero, entremedio, se había librado de una central termoeléctrica que le podía complicar la vida y la plusvalía de su socio y amigo.