Hace no tantos años el cuestionamiento a la prisión preventiva en el ámbito político solía relacionarse principalmente con el Pueblo Mapuche o con los presos del Estallido Social, específicamente con dirigentes o manifestantes que eran acusados de delitos violentos, muchas veces con la Ley Antiterrorista o la Ley de Seguridad Interior del Estado a cuestas.

Pero en el recién pasado 2024 el paradigma se quebró y este tipo de privación de libertad se volvió un tema común en la élite, puesto que varios de sus integrantes pasaron a habitar distintas cárceles en medio de investigaciones de corrupción.

Actualmente el caso más emblemático es el que ocurre en el anexo penitenciario Capitán Yaber, en el cual se encuentran cumpliendo prisión preventiva personajes como Luis Hermosilla, Daniel Sauer y Rodrigo Topelberg, por el llamado Caso Audio. Pero también hay mujeres, como Leonarda Villalobos –también por el Caso Audio–, y la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, investigada por diversos delitos de corrupción presuntamente cometidos durante su gestión edilicia.

Los cuestionamientos que han surgido tanto en el caso del Pueblo Mapuche como en el de los representantes de la élite, si bien tienen orígenes políticos totalmente distintos, apuntan a cómo esta cautelar significa una especie de condena anticipada, más allá de lo que finalmente se resuelva en el juicio y las eventuales instancias en tribunales de alzada.

Por ejemplo, respecto de dirigentes mapuche, son varios los casos emblemáticos en que se aplicó la prisión preventiva por más de un año incluso, para muchas veces terminar en absoluciones. Por mencionar un par, el caso de la machi Francisca Linconao en el marco del caso Luchsinger-Mackay, como también la situación Aniceto Norín con Pascual Pichún, quienes vivieron una situación similar pero que significó una condena al Estado de Chile de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sobre este tema Interferencia conversó con Mauricio Duce, abogado de la Universidad Diego Portales, magíster en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Stanford, académico de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director de Espacio Público.

El personaje tiene una visión crítica de lo que ocurre en Chile.

- Es paradójico que antes el tema de la prisión preventiva se abordaba desde el Pueblo Mapuche o los presos del Estallido Social, pero ahora se habla desde la élite. ¿Qué pasó que se comenzó a dar este escenario?

- Yo creo que ocurrió un fenómeno más global. En general el debate en Chile sobre las garantías y el debido proceso era mirado con mala cara porque se entendía como ‘garantías para delincuentes’, entendiendo que quienes eran sometidos a proceso eran otras personas, pero ahora como ahora hay casos donde la élite es objeto de persecución ellos empiezan a ver que estas garantías del debido proceso no conviene verlas como algo de ‘delincuentes’, sino que algo a lo que todo ciudadano debería tener derecho. Entonces se empiezan a dar cuenta que las reglas que rigen la prisión preventiva u otras garantías tienen algún sentido. El proceso penal es una herramienta que debe tener un complejo equilibrio entre herramientas fuertes de persecución pero también protección de las personas que podrían o no ser los autores de los delitos.

- Uno podría pensar que el poder ahora que se ve afectado podría acomodar la situación de una manera que perjudique a la medida cautelar en sí. ¿Hacia dónde debería encaminarse la prisión preventiva en Chile?

- El principio básico de la prisión preventiva es que tiene que ser excepcional, entonces deberíamos apuntar a racionalizar al máximo su uso, reservarla para casos excepcionales donde no tenemos otra alternativa. Para que eso ocurra no basta simplemente con una cuestión discursiva, que es donde ha habido un defecto en el funcionamiento del sistema. Hay que permitir que las alternativas a la prisión preventiva ofrezcan una posibilidad real de control. Hoy nuestra institucionalidad no garantiza que las alternativas a la prisión preventiva sean un sistema de control que nos deje a todos tranquilos. En la medida que seamos capaces de avanzar en este sentido, podríamos reservar la prisión preventiva para casos excepcionales. El problema es que este tema está muy enredado también con lo que ocurre en materia de seguridad pública, entonces no sé si este ‘veranito de San Juan’ en el debate va a tener capacidad de romper la inercia de cómo estamos mirando el problema, porque la prisión preventiva viene sistemáticamente reformándose en los últimos 10 o 15 años en términos de facilitar su uso.

- ¿Cuál es el panorama en el mundo? Muchas veces se puede pensar que es un problema local.

- En todos lados existe este debate, pero en los países desarrollados, que es con quienes nos gusta compararnos, es que efectivamente la prisión preventiva se ocupa excepcionalmente. Un indicador es que si tú vas a países europeos vas a ver que un día entras a la cárcel y hay alrededor de un 20% encarcelada con prisión preventiva, mientras que un 80% o más es gente que está condenada. Si vas a la cárcel en Chile te darás cuenta que el 37% de la gente privada de libertad está con prisión preventiva. Entonces tendemos a ocupar con mayor frecuencia esta medida que en los países desarrollados que miramos con admiración. Pero en América Latina Chile está todavía en una posición relativamente buena, porque el sobreuso de la prisión preventiva ha sido un problema histórico en la región, incluso cuando teníamos peores indicadores Chile era de los mejores en América Latina, entonces no es un escenario con el que convenga compararnos.

- Muchas veces la prisión preventiva funciona como un sucedáneo de justicia. ¿Cuáles son las consecuencias?

- Tiene consecuencias de todo tipo. Por ejemplo, un problema grave es el de las personas que son sometidas a prisión preventiva y que luego no son objeto de condena. En las cifras de la Defensoría Penal Pública, que no son el total del universo pero sí son una buena parte, ellos vienen contando sistemática que aproximadamente en promedio son 2 mil personas al año en esa situación. El impacto para esas personas es tremendo, a nivel psicológico, familiar, tienen muchos más problemas para reinsertarse laboralmente, para poder ganarse la vida y además hay un conjunto de otros problemas en ciertos perfiles de personas que su estancia en la cárcel puede ser una instancia de reclutamiento para el crimen organizado u otras cuestiones. Entonces no es baladí lo que produce la prisión preventiva, sabemos que tiene efectos devastadores y que incluso algunos de esos efectos podrían jugar en contra de lo que nos parece mejor como política pública, que es tratar de sacar a las personas del circuito de la relación criminal. También tiene muchos otros efectos. Por ejemplo, parte del problema que tenemos de sobrepoblación penitenciaria se explica por un uso excesivo de la prisión preventiva.

- En los casos relacionados al Pueblo Mapuche se solía hablar de intereses políticos en el uso de la prisión preventiva y en algunos de los de ahora en la élite se podría argumentar lo mismo.

- Lo que tiende a ocurrir es que los casos de alto perfil público le ponen una enorme presión al sistema para ocupar la prisión preventiva, más que los jueces se estén comportando partidariamente. Estos casos presionan políticamente, mediáticamente y de los propios actores del sistema en que todos tienen que ocupar la prisión preventiva. Y si tienes una mínima aversión al riesgo, la decisión que más ‘tranquilo’ te va a dejar es aplicar la prisión preventiva, porque si no lo hace se armará un escándalo, se anuncien acusaciones de distinto tipo, etcétera. Si tú quieres evitar cualquier riesgo todo te incentiva, no necesariamente a un nivel consciente, a comportarte con aversión al riesgo. Es un escenario muy complicado, porque les hace perder mayor independencia a los jueces a la hora de tomar la decisión.