En un artículo publicado en estos días en el medio trasandino Negocios&Política (negocios.com.ar) se preguntan: “¿Cómo se explica que el dirigente que en 2013 estuvo a punto de meterse en la segunda vuelta, el mismo que un año más tarde figuraba al tope de todas las encuestas para llegar a la presidencia, no haya logrado acceder -ni de cerca- a las instancias decisorias en las siguientes presidenciales a las que se postuló?”.

La respuesta, según los antecedentes recabados por Negocios, está en las filtraciones de mensajes entre fiscales que habrían dilucidado cómo se utilizó un direccionamiento “para intentar acabar con la carrera política de este dirigente, que fue uno de los fundadores del Grupo de Puebla”.

De esa forma, el medio apunta a lo sucedido en varios de los procesos políticos y electorales en la región: Brasil, Paraguay, Ecuador, Argentina, y también Chile. “El lawfare, también hizo de las suyas del otro lado de la cordillera”, aseguran.

En el contexto del Caso SQM, uno de los grandes ejemplos de financiamiento ilegal de la política en Chile que abarcó a todo el espectro de fuerzas del país, MEO fue apuntado junto a cerca de otras 200 personas. 

La respuesta, según los antecedentes recabados por Negocios, está en las filtraciones de mensajes entre fiscales que habrían dilucidado cómo se utilizó un direccionamiento “para intentar acabar con la carrera política de este dirigente, que fue uno de los fundadores del Grupo de Puebla”.

El medio entrevistó a Ciro Colombara, abogado del exsenador Fulvio Rossi, quien explicó que en ese marco es que la defensa inició una contra-causa, apuntando al propio Ministerio Público, sospechado de direccionar la investigación. “Entre otras cosas, pedimos todos los mails de esa época intercambiados entre los fiscales en relación a Rossi”, señaló.

Según el abogado, los resultados fueron sorprendentes. “O no tanto... Nos encontramos con algo muy parecido a lo que surgió en Brasil con Deltan Dallagnol y los fiscales del caso Lavajato contra Lula”, afirmó.

A diferencia de lo sucedido en Brasil, cuando las filtraciones fueron fruto de un hackeo, en el caso de Chile, los mensajes fueron obtenidos en el marco de una causa contra los propios encargados de la acusación. “Allí se logró determinar que los fiscales habían decidido dejar fuera de la pesquisa a la presidenta Bachellet y a los dirigentes vinculados al círculo de Piñera, para centrarse en el que era el principal competidor de ambos, Marco Enríquez-Ominami”, relató el abogado.

El diálogo más revelador se dio entre el fiscal Emiliano Arias y su colega Carmen Segura López. Fue el 10 de noviembre de 2015, cuando cruzaron vía e-mail varios nombres que debían ser incluidos como posibles destinatarios del financiamiento ilegal de la política.

Mientras tanto, según reseña una investigación de Biobiochile, ni Bachelet ni Piñera fueron investigados. “En el caso de la exmandataria, la investigación por eventual financiamiento irregular de su campaña se terminó en Giorgio Martelli”, operador político, que años más tarde “terminaría condenado por delitos tributarios, tras comprobarse que emitió boletas falsas a SQM”, consigna el artículo. 

“Esos mensajes dan cuenta de lo que siempre señalamos en esta causa”, sostiene el abogado Ciro Colombara. “Los fiscales habían decidido dejar fuera de su órbita a la presidenta Bachelet y también a Piñera, que era el principal competidor de Enríquez Ominami en la candidatura presidencial”, al punto que logró imponerse en las siguientes elecciones presidenciales de 2017.

Según el medio argentino, “lo que pasó durante los siete años que ya lleva la causa se parece bastante al manual aplicado en todo el continente. Multiplicidad de denuncias, filtraciones a la prensa, hostigamiento, operaciones judiciales, y un repetido etcétera”.

“Ya ganamos tres de los juicios. Nos queda sólo éste, que va a empezar al 12 de enero y podría durar dos años”, cuenta el abogado, asegurando que “durante todo este tiempo, tanto la derecha como la izquierda se han ocupado de intentar inhabilitar políticamente a Enríquez Ominami”, asegurando que esto conforma “claramente un caso de lawfare”.

Así, Negocios&Política postula que la baja votación obtenida por MEO en las últimas elecciones se debe al involucramiento que se le dio públicamente en un escándalo de financiamiento ilegal de la política. 

Según el medio argentino, “lo que pasó durante los siete años que ya lleva la causa se parece bastante al manual aplicado en todo el continente. Multiplicidad de denuncias, filtraciones a la prensa, hostigamiento, operaciones judiciales, y un repetido etcétera”.

“Debido a las causas abiertas en su contra, la autoridad electoral chilena (Servel, en manos de dirigentes de la UDI, uno de los tradicionales partidos de la derecha) había suspendido los derechos civiles y políticos de Enríquez-Ominami, quien de ese modo quedaba impedido no sólo de ser candidato sino siquiera de emitir su voto”, afirman. 

De esa forma, recuerdan que “con un timming formidable, la sentencia absolutoria en la causa que lo dejaba fuera de la contienda llegaría 24 horas antes del cierre de listas”. Una semana después, el 4 de septiembre de 2021, el Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana informó que otra vez MEO debía ser excluido del padrón electoral, y en consecuencia de las elecciones presidenciales, por sus vínculos con el caso OAS. Seis días más tarde, la decisión fue revocada por el Tribunal Calificador de Elecciones, que dejó sin efecto la exclusión.​

Así, se explica que en una campaña que dura tres meses, el candidato de la centroizquierda chilena “se pasó un mes y medio discutiendo legalmente si podía o no ser candidato”, concluyó el abogado.