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Martes, 20 de abril de 2021
Acusaciones

Narcos Chile II: las amenazas y hostigamientos al detective que denuncia red de policías corruptos en la PDI

Laura Landaeta

PDI

En esta segunda entrega, Patricio Sánchez relata cómo fue amedrentado por oficiales de la unidad de antinarcóticos de Arica tras denunciar que en el asesinato de un informante estarían involucrados agentes corruptos. Además, INTERFERENCIA contesta carta de la PDI.

Patricio Sánchez es ex detective antinarcóticos de Arica y aún es funcionario activo de la PDI. Lleva seis años denunciando a una camarilla de policías de esa ciudad norteña a los que acusa de orquestar el asesinato en abril de 2015 de Alex Cuevas, cabecilla de una banda de drogas pero también informante de la propia policía de investigaciones. Cuevas iba a delatar a los agentes por narcotráfico y corrupción.

A lo largo de los años Sánchez realizó diversas indagaciones que sólo acrecentaron las sospechas sobre los policías y que INTERFERENCIA dio a conocer en el reportaje “Narcos Chile: el caso de un grupo de policías corruptos que complica al alto mando de la PDI”.

En este período interpuso una decena de denuncias internas solicitando investigar a fondo el asesinato (que judicialmente está resuelto con la condena de dos hombres) y las supuestas prácticas de corrupción y extorsión del grupo de policías. Pero en vez de despertar el instinto investigativo de la institución, desencadenó la furia burocrática en contra de él.

Pese a estar obligada por ley, la PDI no remitió la mayoría de las denuncias al Ministerio Público. Por eso, en noviembre de 2018 Sánchez pidió una reunión con el fiscal nacional Jorge Abbott, presentando él mismo una denuncia formal en contra de cuatro compañeros de la institución por los delitos de tráfico ilícito de drogas y estupefacientes, homicidio, falsificación ideológica de partes policiales, falso testimonio, obstrucción a la investigación, extorsión y sustracción de dinero, entre otros.

Fue así como se originó la causa RUC: 1800837264-7, a cargo del fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia Cerda. “Esto solo generó una enemistad manifiesta con mi actual Director General, ya que claramente hice lo que él no quería, que los hechos denunciados fueran puestos en conocimiento de la Fiscalía”, afirma.

En paralelo, el detective consiguió los correos electrónicos personales del presidente Sebastián Piñera, del entonces ministro del Interior Andrés Chadwick, y del director nacional de la PDI, Héctor Espinosa, a quienes les envió todos los antecedentes del caso. Sánchez les solicitaba expresamente a ambos políticos que tomaran cartas en el asunto e intervinieran e investigaran a la PDI. Ambos correos nunca fueron respondidos, ni por los destinatarios ni por sus asesores.

Durante más de un año el fiscal Arancibia Cerda no realizó ninguna diligencia, por lo cual Sánchez presentó una denuncia en su contra por posible encubrimiento de delitos.

Además, Sánchez tenía antecedentes que lo hacían dudar acerca de la gestión de la fiscalía de Tarapacá. Esto no sólo por la condena en tiempo récord en el homicidio de Alex Cuevas, sino también porque en una posterior causa llamada “Barroco” y otras más llevadas tanto en Arica como en Iquique, el fiscal Arancibia Cerda habría condenado a personas con pruebas falsas e investigaciones mal llevadas. Curiosamente, esta causa involucra al padre y hermano de Alex Cuevas, quienes semanas antes de ser detenidos, contrataron al estudio de abogados de Vinko Fodich, José Luis Andrés Alarcón y Eduardo Riquelme Portilla para reabrir la causa por la muerte de Alex. Se trata de los mismos que consiguieron la más alta multa económica que el Estado de Chile haya pagado por un juicio mal avenido, en el cual se culpó de narcotráfico a funcionarios del OS7 y se les encarceló indebidamente durante un año.

Sánchez remitió estos antecedentes a la fiscalía nacional, la que el año pasado decidió abrir una nueva investigación. El 24 de marzo de 2020 la causa fue ingresada a la fiscalía regional de Antofagasta, con antecedentes que no solo incluyen la denuncia contra el fiscal de Tarapacá, sino también contra oficiales del alto mando de la PDI. El caso caratulado RUC: 2000536310-2 lo lleva el fiscal regional Alberto Ayala Gutiérrez.

Pero nuevamente hubo poco movimiento investigativo. Si bien la contingencia del Covid-19 ha obligado a reducir las reuniones presenciales, Sánchez cree que la falta de avance se puede deber a “una mano negra”. Ante una queja formal, la fiscalía nacional le respondió hace sólo unos días, el pasado 12 de marzo. En carta seriada 067/2021 el jefe de gabinete del fiscal nacional, Ricardo Mestre Araneda, le señaló al detective “previo a resolver el reclamo presentado, el Fiscal Nacional ha resuelto solicitar al señor Fiscal Regional de Antofagasta un informe acerca de la tramitación de la causa y los cuestionamientos generados por usted luego de lo cual se le comunicará la decisión que se adopte sobre el particular”.

Minuta interna de la PDI fechada septiembre de 2015 donde no se cuestiona la calidad de informante de Alex Cuevas