El lunes pasado, vecinos de las comunas de Maipú, Pudahuel, Lo Prado y Quilicura reportaron un intenso mal olor que afectó a la zona norte de la región Metropolitana, por lo que diversas instituciones iniciaron investigaciones al respecto.

Según la Municipalidad de Quilicura, los “malos olores se asocian a los procesos productivos de la planta de compostaje de reciclajes industriales Armony”, la que se dedica a la elaboración de compost a partir de la transformación de residuos orgánicos y se encuentra ubicada en Camino Lo Boza, comuna de Pudahuel.

La empresa se defendió, desmintiendo al municipio, aunque días después el seremi de Salud de la Región Metropolitana, Gonzalo Soto, confirmó el inicio de un sumario sanitario en contra de la compañía, debido a que no contaba con las medidas de mitigación necesarias para evitar la emanación de olores molestos.

En ese contexto, este episodio pasó a ser uno más de las múltiples reclamaciones por malos olores en distintos lugares del país, siendo el segundo tipo de contaminante con más denuncias ante la Superintendencia de Medio Ambiente durante los últimos años.

Actualmente, en el Congreso se encuentran tres proyectos referidos a la contaminación odorífera. El primero data de agosto de 2015 y fue presentado por las diputadas Daniella Cicardini y Denise Pascal. La iniciativa “modifica la ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para reconocer expresamente al olor como agente contaminante” y, según información disponible en el sitio web de la Cámara, desde el 2 abril del 2019 se encuentra en Segundo Trámite Constitucional, a la espera de ser discutida por la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado.

En el país existen múltiples reclamaciones por malos olores en distintos lugares, siendo el segundo tipo de contaminante con más denuncias ante la Superintendencia de Medio Ambiente durante los últimos años.

A este proyecto se le suma el presentado por los diputados Viviana Delgado y Rubén Oyarzo el 6 de septiembre de 2022, que “modifica la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, en materia de contaminación odorífica”. Este proyecto tiene suma urgencia desde el 12 de junio, la que ha sido renovada el 3 de julio y 12 de julio del 2023 por el Ejecutivo. 

En paralelo, está la iniciativa presentada por las diputadas Sara Concha y Francesa Muñoz el 15 de marzo de 2023, que “modifica la ley N°19.300, sobre bases generales del medio ambiente, para reconocer la contaminación odorífica”. 

Sin embargo, por tratarse de una suma urgencia, el proyecto presentado en septiembre de 2022 es el que podría ver la luz en el corto plazo. Esta propuesta recibió una serie de indicaciones por parte de la Coordinadora Ambiental La Farfana de Maipú, entre las que se cuentan la definición de olor y contaminación odorífica, qué actividades o proyectos susceptibles de generar contaminación odorífica deben ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y cambios propuestos en materia de ordenanzas municipales. 

“Consideramos que el Boletín 15.326-12 (del proyecto de septiembre de 2022) es el proyecto de Ley en materia de contaminación odorífica más completo presentado hasta la actualidad y que debe ser refundido con el Boletín 10.268-12 (de agosto de 2015) que se encuentra en tramitación en el Senado, ya que este último a pesar de estar más avanzado, resulta ser un proyecto de ley deficiente, que no cumple con las expectativas de las comunidades afectadas por la contaminación odorífica”, opinan desde la organización.

Ante este escenario, organizaciones y concejales de Maipú, Quilicura y Pudahuel presentarán este martes una carta ante la Superintendencia de Medio Ambiente y Seremi de Salud para requerir el cierre de Armony Sustentable y la fiscalización de otras empresas contaminantes de olores que han provocado emergencia de olores y sanitarias estas últimas semanas. 

Una fiscalización al debe

Interferencia se comunicó con la diputada Viviana Delgado (IND), una de las autoras del proyecto de ley que se encuentra con suma urgencia, para conocer más detalles de la tramitación y de la situación actual de contaminación de olores en el país. 

Al respecto, la parlamentaria destacó en primer lugar “la importancia y relevancia social que tiene este proyecto de Ley de Olores, porque la contaminación odorífica es un tema urgente a nivel nacional, puesto que el olor es el segundo tipo de contaminante con más denuncias ante la Superintendencia de Medio Ambiente durante los últimos años”.

En ese sentido, Delgado recordó que “existe otro proyecto anterior y que tiene una idea similar, pero que lamentablemente se encuentra hace años 'durmiendo' en el Congreso. Afortunadamente, la Ley de Olores que presentamos en septiembre de 2022 ha tenido un avance más veloz, siendo incluso calificado de 'suma urgencia' por el Gobierno, lo que permitirá acelerar su tramitación”.

“Sin duda, como equipo estamos felices con el rápido avance que ha tenido nuestro proyecto de Ley de Olores, porque su elaboración ha sido en constante comunicación y colaboración con los vecinos y vecinas del sector poniente, que periódicamente tienen que cargar con las consecuencias del 'progreso' del país, viendo convertidos sus hogares y proyectos de vida, que con tanto esfuerzo consiguieron, en el patio trasero de la Región Metropolitana”, sostuvo.

Pese a ello, la diputada resaltó la necesidad de "ser realista y totalmente transparente. Pese a que la 'suma urgencia' permite el despacho en un plazo de 15 días desde que se dictó la norma, este es un proceso largo y que va paso a paso. Hoy, el proyecto está siendo discutido y estudiado en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, quienes acordaron refundirlo con el otro proyecto que tiene ideas similares, por lo tanto en este momento se está elaborando un comparado que incluya ambas iniciativas y determine si son coherentes en sus modificaciones”.

“Y como la participación ciudadana es clave y el motor de nuestra diputación -y debería serlo en la política en general-, también serán invitados a discutir el proyecto organizaciones de la sociedad civil, académicos y académicas, dirigentes y dirigentas sociales, entre otras personas. Debido a esto, aunque me gustaría decir lo contrario, no es posible determinar plazos específicos para discutir el proyecto en Sala. Lo que sí está claro es que como diputación, y con la fuerza de las organizaciones y dirigencias sociales, insistiremos y continuaremos hablando con los parlamentarios que integran dicha comisión para dar toda la celeridad al proyecto para que prontamente pueda ser discutido en el hemiciclo”, apuntó.

“El proyecto señala que el olor sea considerado específicamente como contaminante en la Ley de Bases del Medio Ambiente, lo que permitirá generar un estatuto jurídico normativo que, por medio de las competencias de la autoridad ambiental, pueda multar, pero también si se comprueba daño ambiental, disponer de las responsabilidades civiles e incluso penales por la infracción a la normativa ambiental y de salud pública”, aseveró la diputada Viviana Delgado. 

Consultada sobre si situaciones como lo ocurrido durante la semana pasada dan cuenta de la necesidad de ponerle urgencia a esta materia, Delgado expresó que “definitivamente. El lunes fue noticia nacional, pero este tipo de episodios de malos olores son muy recurrentes en el sector poniente de la capital, porque no existe una normativa que realice una fiscalización efectiva o que simplemente se ponga del lado de la ciudadanía y no del empresariado, que en este país siempre actúa bajo una mirada de crecimiento a toda costa, sin importar si esto atenta contra la calidad de vida y dignidad de las personas”.

“Muchos de los vecinos y vecinas que sufrieron con los malos olores expandieron el mensaje de la necesidad de aprobar la Ley de Olores para fiscalizar y prevenir este tipo de situaciones. Aquí apuntamos a avanzar en más justicia social y territorial. Es inaceptable que la gente tenga que sufrir estos males y negligencias en sus propios hogares. Llamo a la clase política a ponerse en el lugar de las víctimas y a actuar en beneficio de la comunidad”, dijo.

 Ante la pregunta de cuáles serían las soluciones específicas que daría la nueva legislación para evitar los problemas de contaminación que se viven en la actualidad, la parlamentaria describió que “queremos que Chile avance en ser un país con una protección ambiental ejemplar, y uno de esos aspectos incluye contar con una normativa de olores robusta, con la suficiente capacidad de fiscalizar, detectar y sancionar a aquellas fuentes emisoras provenientes principalmente de las industrias, evitando con ello que se siga contaminando al medio ambiente”.

“El proyecto señala que el olor sea considerado específicamente como contaminante en la Ley de Bases del Medio Ambiente, lo que permitirá generar un estatuto jurídico normativo que, por medio de las competencias de la autoridad ambiental, pueda multar, pero también si se comprueba daño ambiental, disponer de las responsabilidades civiles e incluso penales por la infracción a la normativa ambiental y de salud pública”, aseveró.

“Sin embargo, la reparación e indemnización son las consecuencias, es decir, el costo y las sanciones a pagar cuando el daño ya está hecho, cuando los vecinos y vecinas se vieron afectados y respiraron los malos olores. El objetivo principal del proyecto de Ley de Olores es que se fiscalice y se establezca una normativa que regule, evite y erradique este tipo de episodios. Como país debemos actuar de forma preventiva y no reactiva, cuando el problema ya está desatado”, finalizó.