Esta semana será decisiva en el Congreso por la discusión parlamentaria de la megarreforma. Sin embargo, una trama paralela también se ha instalado sobre el Poder Legislativo: las denuncias por el denominado sistema de cuotas y las investigaciones que el Ministerio Público ha abierto para indagar presuntos descuentos irregulares de remuneraciones a funcionarios parlamentarios.

La primera alerta surgió con el caso de la senadora Camila Flores (RN), quien es investigada por la Fiscalía de Valparaíso en la causa conocida como la "cuota Flores". La indagatoria apunta a un eventual fraude al fisco mediante un mecanismo que habría consistido en descontar parte de las remuneraciones de sus asesores cuando ejercía como diputada.

En el marco de esa investigación, la Fiscalía allanó su oficina parlamentaria y solicitó el levantamiento de su secreto bancario. No obstante, hasta ahora la senadora no ha sido formalizada y tampoco existe una solicitud de desafuero en su contra.

Un caso similar enfrenta el senador Alejandro Kusanovic, actualmente suspendido de RN. Desde junio es objeto de una investigación de oficio de la Fiscalía Regional de Magallanes, luego de una denuncia presentada por un exfuncionario de su oficina parlamentaria. La causa permanece en etapa de diligencias y, al igual que la de Flores, aún no registra formalización.

Según la denuncia, antes de asumir el cargo el entonces jefe de gabinete del senador le habría informado al trabajador que debía devolver mensualmente $500 mil y, además, financiar con su remuneración diversos gastos de funcionamiento de la oficina parlamentaria, como servicios básicos e insumos. El escrito sostiene que posteriormente las devoluciones se realizaron mediante transferencias y depósitos en efectivo, acompañando comprobantes bancarios y conversaciones de WhatsApp que, a juicio del denunciante, acreditarían el mecanismo. Asimismo, afirma que los recursos eran destinados, entre otros fines, a financiar publicidad del parlamentario y otros gastos asociados a su actividad política.

El exfuncionario asegura haber restituido cerca de $23 millones solo por concepto de las devoluciones mensuales, sin considerar los demás desembolsos que afirma haber asumido durante su relación laboral. Tras conocerse los antecedentes, el fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, confirmó la apertura de una causa penal. Consultado por la denuncia, Kusanovic sostuvo que desconocía los hechos imputados, indicó que revisaría los antecedentes con su equipo administrativo y manifestó su disposición a colaborar con la investigación.

Un tercer caso salió a la luz esta semana tras la filtración de la declaración judicial de una exfuncionaria del exdiputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI). Su testimonio, prestado en el marco de la investigación por fraude al fisco que enfrenta el exdiputado Joaquín Lavín León (UDI), dio origen a una nueva arista conocida como la "cuota Fuenzalida".

De acuerdo con los antecedentes revelados por Mega, el mecanismo descrito sería similar al investigado en los casos de Flores y Kusanovic. La exasesora declaró que el entonces parlamentario incrementaba su remuneración mediante anexos de contrato y posteriormente le exigía devolver en efectivo ese aumento, por montos que fluctuaban entre $350 mil y $400 mil mensuales.

La testigo también aseguró que el mismo sistema habría sido aplicado respecto de la secretaria de la oficina parlamentaria y de su pareja, quienes igualmente habrían debido restituir parte de las remuneraciones percibidas mediante este mecanismo. Fuenzalida rechazó las acusaciones y negó haber solicitado devoluciones de dinero a miembros de su equipo.