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Sábado, 25 de mayo de 2019
Cambio Climático

No todo es malo: Chile se posiciona en la región por gravar contaminación por CO2

Diego Ortiz

El impuesto al dióxido de carbonoCO2, implementado en la reforma tributaria de 2014, solo cubre un pequeño porcentaje del costo social de las emisiones, pero, aun así, sitúa a Chile como uno de los pocos países de América Latina que grava la emisión de gases contaminantes.

US $ 5 por tonelada emitida. Ese es el impuesto que cobra Chile a las emisiones de carbono, iniciativa mundial de la que forma parte desde la implementación de la reforma tributaria de 2014. Colombia -con US $ 4,6 por tonelada de CO2- y Argentina -con US $ 10- cierran la lista de los países que implementaron este gravamen en la región, al que esperan sumarse Brasil y Perú, que se encuentran en la fase de estudios de impacto.

A nivel regional, el impuesto que se cobra en Chile, forma parte del promedio. Junto con estos países sudamericanos, los tres que conforman Norteamérica adhieren a la política impulsada por el Banco Mundial con la Alianza de Preparación para los Mercados de Carbono (PMR por sus siglas en inglés): México con un impuesto entre US $ 1-3 dólares por tonelada, Canadá con 15 US $ y Estados Unidos con oscilaciones de US $ 9 y 15, entre sus diferentes estados.

Los casos de Canadá y Estados Unidos -ambos países con impuestos que llegan a triplicar el chileno- se encuentran dentro de la categoría de países contribuyentes, correspondiente a aquellos que cuentan con experiencia y financiamiento superior. El resto de los países americanos se agrupan dentro de los países implementadores, quienes se encuentran en una etapa de desarrollo de políticas y estudios, recibiendo además financiamiento para estos fines por parte de los países contribuyentes.

El costo social que implica la producción de una tonelada de carbono fue tasado en US $ 32 por el Ministerio de Desarrollo Social, cubriendo el impuesto de US $ 5 solo un 15,6% del impacto que conlleva la liberación del compuesto.

Aun así, poner impuesto a la contaminación por CO2 queda lejos de cubrir los daños que genera esa contaminación. El costo social que implica la producción de una tonelada de carbono fue tasado en US $ 32 por el Ministerio de Desarrollo Social, cubriendo el impuesto de US $ 5, solo un 15,6% del impacto que conlleva la liberación del compuesto.  

El monto, asignado exclusivamente a establecimientos cuya potencia térmica supere los 50 MWt, asoma como uno de los más bajos de la OCDE -Suecia está en el otro extremo, con US $ 127 por tonelada de CO2- pero, aun así, representa uno de los pocos ejemplos de implementación de esta política en la región.

Desde Precio al Carbono Chile, entidad impulsada por el Partnership for Market Readiness (PMR), aseguran que el impuesto fue implementado con un valor bajo “con el fin de que facilite la adaptación de los sectores regulados, aumente su aceptabilidad social, y permita la instalación de la infraestructura institucional que lo sustenta”, dejando entrever que podrían verse aumentos en el futuro.

El PMR es una instancia creada en el año 2010 por el Banco Mundial. Proporciona financiamiento y asistencia técnica para explorar, desarrollar y pilotear instrumentos de precios al carbono en países beneficiarios, con el propósito de apoyar una reducción más costo-efectiva de las emisiones de gases de efecto invernadero

La Alianza de Preparación para los Mercados de Carbono (PMR)

Dentro de su composición se identifican tres tipos de colaboradores: Por un lado, están los países contribuyentes, 13 de los cuales su rol implica -además de implementar las medidas asociadas al impuesto al carbono- aportar con financiamiento y experiencia al resto de los participantes. Como complemento de los contribuyentes están los socios técnicos: países o jurisdicciones sub-nacionales (como el estado de California o la ciudad de Quebec) que están en un nivel avanzado en cuanto a reducción de gases invernadero.

Luego, están los países implementadores, categoría a la que pertenece Chile. Los 19 países suscritos en la actualidad se suman a acuerdos impulsados por el PMR, recibiendo recursos y asesoramiento técnico por parte de los otros socios.

Uno de los principales obstáculos para gravar las emisiones de CO2 es el incremento en costos de producción para las industrias asociadas.

Celebrada en su minuto como un paso importante en dirección a frenar el cambio climático, la PMR ha tenido resultados variados dentro de sus participantes. Uno de los principales obstáculos para gravar las emisiones de CO2 es el incremento en costos de producción para las industrias asociadas. Como solución para el aumento, las empresas relacionadas a la industria del gas, carbón y petróleo han subido sus precios, resultando los consumidores de sus productos los principales afectados.

De ahí que el impacto de la medida, a nueve años del inicio del proyecto, sea muchas veces marginal en sus implementadores.

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