Consejo de Defensa del Estado
En 2021, ProCultura presentó un proyecto para transformar la vivienda de la poetisa en Coquimbito en una casa museo. La propuesta recaudó $247 millones y la Municipalidad de Los Andes y el GORE apoyaron su realización. La iniciativa fracasó con el destape del Caso Convenios, y ahora el CDE y familia penquista solicitaron su embargo.
Mauricio Parra, quien fue el último productor ejecutivo del programa de conversación, denuncia que el canal privado incumple las sentencias laborales alcanzadas en los tribunales, y pide judicialmente el embargo de las señales de transmisión de la estación televisiva ante la política sistemática del canal privado de eludir su responsabilidad a decenas de trabajadores por alrededor de $500 millones.
El magistrado de la Corte de Santiago Miguel Vásquez argumentó que alzar la reserva de los documentos, implicaba violar el secreto profesional que tiene el CDE con el fisco de Chile, al igual que un abogado con su cliente. La determinación se enmarca en la nulidad de derecho público interpuesta por el abogado de Yáñez, Jorge Martínez. La causa estuvo reservada durante cinco meses.
Tras el cierre de la librería Escorpión Azul y la liquidación de la misma, circularon memes y mensajes que apuntaban a uno de los socios, Guido Arroyo, de haber estafado a personas del campo editorial independiente chileno: problemas en sociedades, derechos de autor impagos, publicar libros sin otorgar contratos de edición y cerrar fondos sin haberlos realizado.
Mauricio Mazza enfrenta una sanción penal de 6 años, impuesta por un tribunal del crimen y confirmada por la Suprema el 7 de noviembre de 2023. De acuerdo a un informe de la PDI, viajó al país vecino al día siguiente para evitar la orden de detención. El sujeto blanqueó capitales al traficante Fabio Ochoa Vásquez, uno de los socios de Pablo Escobar.
El terreno fue expropiado para construir un by pass, el que beneficiará a potenciales residentes de Maratué, el proyecto inombiliario de la familia Lería. La empresa reclama un monto 600% mayor a los $521 millones que fijó el fisco, cifra que el CDE asegura supera lo que se debería pagar.
Ayer fue reformalizada la ex alcaldesa de Maipú, conociéndose nuevos antecedentes respecto a la investigación en su contra por fraude al fisco y falsificación de instrumento público. “Soy inocente” y “sería injusto quedar en prisión preventiva”, declaró a la prensa. Sus medidas cautelares serán revisadas el 29 de octubre.
En junio de 2023 una funcionaria denunció irregularidades en uno de los cuatro convenios de Irade con el Gore Biobío –que en total ascienden a $2.397 millones–. Cinco meses después, el funcionario del Consejo de Defensa del Estado y esposo de la fiscal Marcela Cartagena, Álvaro Sepúlveda, prestó servicios a la corporación cuestionada.
La parlamentaria Mónica Arce (Ind.) solicitó entregar información al Consejo de Defensa del Estado respecto a la contratación del panelista de Sin Filtros por el alcalde Carter. Explica que esto es similar al caso de la ex alcaldesa Rojo, condenada por fraude al fisco, quien contrató servicios comunicacionales para su campaña electoral con fondos municipales.
El 2 de agosto de 2021, cuatro días después de ser designado por el Senado como nuevo ministro de la Corte Suprema, le agradece a Hermosilla por su apoyo en lograr la nominación. De inmediato, Hermosilla responde: “Un día deberíamos conversar sobre el fenómeno que esto produjo y que tuvimos que dar una pelea feroz para el éxito”.
El abogado Juan Pablo Hermosilla buscó derribar los antecedentes entregados por el Ministerio Público, asegurando que detrás de la parafernalia mediática, hay poco sustento legal. Esto, en primera instancia, para evitar la prisión preventiva de su hermano.
El recurso de nulidad que busca dejar sin efecto la absolución del ex comandante en jefe del Ejército por Lavado de Activos relata —entre otros— la compra de vehículos Audi y Porsche con efectivo proveniente de fondos reservados militares para luego revenderlos a la misma compraventa de vehículos donde fueron adquiridos.
En el libelo al que accedió Interferencia, el organismo agregó a Daniel Sauer como autor de delitos reiterados de soborno, al igual que el abogado Luis Hermosilla, su colega Leonarda Villalobos y el marido de esta última Luis Angulo. También incluyó a dos funcionarios públicos por ilícitos de cohecho, pertenecientes a la Tesorería y el SII.
La indagatoria de la Fiscalía Centro Norte lleva cuatro años y la ex secretaria de Estado no ha sido formalizada. Es altamente probable que la solicitud sea rechazada por el tribunal de garantía.
La acción legal incluye a su ex mano derecha y jefe jurídico en Lo Barnechea y administrador regional, Patricio Lazcano Silva, cuando Guevara fungió como intendente de Santiago. Se suman tres particulares, quienes recibieron la mencionada suma para realizar proyectos que nunca cumplieron los requisitos.
En un escrito de 29 páginas, el Consejo de Defensa del Estado retrucó las intenciones de Lillo Gutiérrez argumentando que las resoluciones adoptadas por el ministro en visita Alejandro Madrid, se dictaron en el marco del Estado de Derecho y el debido proceso.
Once organizaciones piden al CDE impugnar la propuesta de salida alternativa para Nova Austral en un caso subsidios fraudulentos por $60.000 millones, pues se estaría pagando la deuda tributaria de la salmonera con los mismos recursos que dieron origen a la causa.
Muñoz será formalizado el martes acusado de filtrar información reservada de la causa por malversación de fondos públicos en contra del ex director de la PDI, Héctor Espinosa, a su abogado defensor, Luis Hermosilla, quien a su vez se encuentra envuelto en el caso Audios, sobre coimas funcionarios públicos, inserto dentro del caso Factop, sobre facturas falsas.
En la causa donde el Ministerio Público ingresó ayer la petición de formalización en contra del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y su antecesor Mario Rozas, el Consejo de Defensa del Estado figura como querellante. Serán los consejeros quienes resolverán si acompañan a la fiscalía para imputar delitos ante un tribunal.
Se aplicaron las cautelaras de arresto domiciliario nocturno en contra de Oliva; Camila Ríos, ex secretaria ejecutiva de Comunes y a Jorge Ramírez, ex presidente del partido. Asimismo, Oliva evitó referirse a la relación de Carolina García, ex secretaria general del partido, con Giorgio Jackson respecto a las acusaciones que la ex candidata a gobernadora hizo ante el Tribunal Supremo indicando que le solicitaron incluir facturas de la campaña de un 'candidato de primarias'.
El alto tribunal rechazó una solicitud del Consejo de Defensa del Estado que buscaba mantener a la jueza en el caso por otros seis meses. El CDE argumentaba que aún quedaban 67 órdenes de investigar pendientes, pero el tribunal desestimó la petición. El 4 de septiembre deberá dejar su cargo en el caso por fraude donde ha encausado a 68 uniformados.
Una nueva acción legal por parte del Consejo de Defensa del Estado pesa contra condominios de lujo ligados a importantes nombres del empresariado chileno, como Gabriela Luksic y José Luis Délano, hijo de Carlos Alberto 'Choclo' Délano. Han sido cuestionados en distintas instancias por estar emplazados en áreas de preservación ecológica, donde se prohíbe urbanizar.
Un grupo hacker reveló miles de correos de entre 2015 y 2022 del Estado Mayor Conjunto de Chile, órgano asesor del Ministerio de Defensa compuesto por miembros del Ejército, la Armada y Fuerza Aérea. Los mails contienen documentos reservados, entre ellos interpretaciones sobre los grupos políticos supuestamente responsables del estallido social.
El Consejo de Defensa del Estado acusa la afectación de al menos dos de 14 sitios arqueológicos que se encuentran en la zona. Se trata de cuatro condominios exclusivos que buscan levantarse en pleno bosque esclerófilo. La entidad presentó una querella por daños a los sitios, al medio ambiente y por construir al margen del plan regulador.
Javier García, director del Observatorio del Derecho a la Comunicación, solicitó por Transparencia saber cuántas bases de datos utiliza la Agencia Nacional de Información. Datos que fueron denegados, pese a que el Consejo para la Transparencia acogió un amparo en su favor. El Consejo de Defensa del Estado judicializó el caso, logrando que se declarase ilegal el requerimiento y pidiendo costas por un juicio que García nunca solicitó.
Christian Alveal se sumó a una demanda contra el Fisco con el propósito de recuperar el sistema de pensiones de Gendarmería, que hasta 2016 les permitía jubilarse con millonarios montos y que fue un escándalo por el caso de la ex esposa de Osvaldo Andrade (PS). Actualmente el Consejo de Defensa del Estado lleva una querella por fraude al Fisco en contra de quienes obtuvieron dichas pensiones.
El ex titular de Interior denunció ante el fiscal Eugenio Campos –quien indaga el megafraude de Carabineros– la existencia de saldo sin justificar “que no se encuentra en la cuenta contable de la institución”, correspondientes a gratificaciones y gastos en adquisición de terrenos, vehículos y equipos. Con esto, ya serían $45 mil millones en investigación por el Pacogate.
El CDE levantó un reclamo de ilegalidad en contra del Consejo Para la Transparencia por haber visado recientemente una solicitud realizada por el Observatorio para el Derecho a la Comunicación para conocer las reuniones que el mandatario sostuvo con representantes de asociaciones que agrupan a medios durante 2020.
En un duro golpe para las aspiraciones ambientalistas de la multinacional minera, el CMN acordó enviar los antecedentes del caso a Fiscalía. En sectores aledaños al camino no autorizado -obra ejecutada por Fundación Santuario El Plomo- se encontraron “elementos arqueológicos” en riesgo.
La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó publicar esta información. Pero el Consejo de Defensa del Estado interpuso una queja que fue acogida por el máximo tribunal por razones de seguridad.
