El pasado miércoles el fiscal regional de Magallanes, el fiscal Eugenio Campos, solicitó ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago penas que van desde los 30 años hasta la cadena perpetua para los 33 formalizados en la causa que investiga el fraude al interior de Carabineros, el que fue cifrado por el persecutor en $28.348 millones.

Pero, según conoció INTERFERENCIA, dos días antes, el 34º Juzgado del Crimen de Santiago acogió una querella que ordena investigar qué pasó con $16 mil millones defraudados, los cuales el fiscal Campos no quiso investigar y que abren una nueva causa judicial respecto de la trama de corrupción al interior de la institución uniformada.

La acción fue presentada por el ex capitán de Carabineros, Nelson Valenzuela, quien está formalizado en la causa que lidera el fiscal Campos y arriesga una pena de 45 años de cárcel. En su denuncia, antecedentes que presentó al Ministerio Público en abril de 2017, reveló otra forma que tenían los uniformados de defraudar.

Estos $ 16 mil millones -según Valenzuela- provienen de un desfalco realizado a través del Artículo 6 de la Ley Orgánica de Carabineros, que establece la homologación de sueldos de funcionarios civiles con los de uniformados, pagos que se podían reclamar de manera retroactiva pero en un plazo máximo de cinco años.

Según informó nuestro medio anteriormente, distintas autoridades del alto mando no respetaron esto y pagaron en total $ 28 mil millones cuando sólo debían ser $ 12 mil millones.

La querella fue presentada contra cinco ex generales directores -Fernando Cordero Ruske, Manuel Ugarte Soto, Alberto Cienfuegos Becerra, Eduardo Gordon Valcarcel y Gustavo González Juré- por ser ellos quienes firmaron los decretos que autorizaron los pagos.

El 34º Juzgado del Crimen ordenó una serie de diligencias, entre ellas interrogar a cada uno de los individualizados en el párrafo anterior. Lo particular de esto es que quienes estarán a cargo de estas pesquisas serán funcionarios de la Brigada Investigadora de Delitos Funcionarios de la Policía de Investigaciones, mientras que en la arista que lleva la Fiscalía las diligencias están a cargo de los propios Carabineros.

Justicia antigua

El abogado Jonathan Ramírez, defensor de Nelson Valenzuela, explicó a INTERFERENCIA que uno de los motivos por los cuales recurrieron a la justicia antigua fue que tanto Eugenio Campos como el fiscal nacional, Jorge Abbott, se negaron a investigar a fondo esta arista. Pero, también el defensor argumentó que la competencia del juzgado del crimen se sustenta en que estos hechos comenzaron en 1996, fecha anterior a la Reforma Procesal Penal que en la Región Metropolitana comenzó en 2005.

La defensa apunta a que la historia del fraude en Carabineros va mucho más allá de la “mafia de la intendencia”, grupo acusado por el fiscal Campos de concertar los desfalcos investigados por el Ministerio Público. Según los abogados, la responsabilización total de los cargos recaída sobre sus defendidos, termina exculpando a los altos mandos.

“A nosotros no nos cabe duda, sobre todo con lo que se ha visto con lo de gastos reservados, que desde el general director de Carabineros hasta abajo la corrupción era una cultura institucional, una forma de ser. Todos los generales directores obtenían gastos reservados que les llegaban en sobres con billetes en efectivo. Decir que la corrupción empezó el 2006 en la "mafia de la intendencia" y terminó en 2017 es tapar el sol con un dedo”, dice Ramírez.

Nelson Valenzuela ha sostenido que varias de las imputaciones que se le hacen no le corresponden, y que más bien se las atribuyen por haberse opuesto a los pagos del Artículo 6 mientras estaba en la institución, que es justamente la arista que permite abrir el juego hacia la justicia antigua.