Según el querellante –un funcionario de Carabineros formalizado por el megafraude– Morales y el entonces jefe de la Dipolcar, Bruno Villalobos, se concertaron para “encubrir” los desfalcos. El fiscal asegura que la querella no tiene sustento, por lo que debería ser sobreseído. La causa, declarada admisible en 2019, no registra avances según la página de seguimiento del Poder Judicial.

El cumplimiento de la medida cautelar en Escar por malversación de fondos por $1.600 millones desde 2007 no tiene precedentes en 30 años, y está causando molestia en la institución: “En la Escuela son oficiales en formación y ven la impunidad como ejemplo”, opina un carabinero.

El ex titular de Interior denunció ante el fiscal Eugenio Campos –quien indaga el megafraude de Carabineros– la existencia de saldo sin justificar “que no se encuentra en la cuenta contable de la institución”, correspondientes a gratificaciones y gastos en adquisición de terrenos, vehículos y equipos. Con esto, ya serían $45 mil millones en investigación por el Pacogate.

La obra ‘Retórica del Victimista’ se inauguraba durante el día de hoy, pero fue requisada por la policía. La idea, según el autor, es mostrar el intento de suicidio de la institución ante una muerte inminente, con tal de posicionarse como víctima.

En 2019 fue contratado por la entonces intendenta Metropolitana por un sueldo de más de 3 millones de pesos, pero solo duró dos meses. El policía también protagonizó una trifulca con el humorista Yerko Puchento por el caso Pacogate en 2017, caso que finalmente salpicó a Gajardo, aunque no quedó dentro de la lista de 130 funcionarios formalizados.

Una investigación de una agencia estatal muestra que el fisco ha gastado millones de pesos cada mes para proveer de combustible a los autos fiscales asignados a los ex jefes de la policía uniformada.

En 2011 José Morales fue alertado de un millonario lavado de activos en Carabineros. Ordenó seis diligencias acotadas y prohibió que se hiciera cualquier otra. El trabajo se lo encargó a la Dipolcar, entonces dirigida por Bruno Villalobos. Los uniformados dijeron que no había irregularidades y el persecutor archivó la causa. Ahora, un formalizado en el caso PacoGate presentará una querella en contra del fiscal.

Vinculado a la Operación Huracán, al millonario fraude “Pacogate” y a la muerte de un estudiante durante la dictadura, el ex general director de Carabineros -muy cercano a Michelle Bachelet y también a su poderoso subsecretario Mahmud Aleuy- sigue con su situación judicial en calma.

El 34º Juzgado del Crimen de Santiago acogió una querella presentada por Nelson Valenzuela, uno de los formalizados en la causa que lidera el Ministerio Público, en la que denuncia que cinco ex generales directores de Carabineros aprobaron un desfalco de $ 16 mil millones.

Los abogados de uno de los mayores (r) formalizados en el PacoGate, recurrieron a esta acción judicial para que se investigue esta millonaria arista que el Ministerio Público se negó a incluir dentro de la causa.

El mayor (r) Nelson Valenzuela, sindicado por la fiscalía como uno de los “líderes” del multimillonario desfalco, fue entrevistado por INTERFERENCIA. Como jefe de remuneraciones y experto informático de Carabineros obtuvo información clave del fraude. Ahora entrega antecedentes que mostrarían que este no fue obra de un grupo reducido de uniformados, sino que una práctica institucional.

Carabineros ha pagado miles de millones de pesos -muchas veces en exceso e incluso de manera ilegal- a más de un millar de funcionarios y ex funcionarios civiles de la institución. ¿El truco? Una oscura ley de 1988 que homologa sueldos y beneficios entre personal civil y uniformado. Muchos de los favorecidos son familiares de miembros del Alto Mando.

Si bien el Presidente de la República tiene la facultad de pasarlos a retiro desde 2005, esto nunca se ha aplicado y siempre se llega a la "renuncia voluntaria" cuando estalla una crisis. Tras el asesinato de Camilo Catrillanca a manos del Comando Jungla, la tónica ha sido la misma.