La mañana de este miércoles, en medio de la exposición de las Iniciativas Populares de Norma (IPN), se vivió en el Consejo Constitucional uno de los momentos más tensos que se han generado en la instancia desde la llegada de los consejeros constitucionales el 7 de junio. 

El escenario: la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos, espacio de discusión que escuchó a Enrique Cordovez Pérez, un ex oficial de la Armada de Chile entre 1970 y 1984 retirado como capitán de navío, además de ser editor de una publicación relacionada con la Armada, denominada Cosur Chile, en la que también es miembro de la mesa directiva. 

Según el propio sitio de Cosur, se definen como "la única corporación privada sin fines de lucro de oficiales superiores de naturaleza conjunta, una organización reflexiva que se esmera en crear y divulgar contenidos para fijar posición en las redes sociales sobre los valores nacionales y la profesión militar". Asimismo, entregan un boletín semanal y editoriales de ex miembros de las tres ramas de las FF.AA. 

"Yo tengo algunos conocidos que han estado en Punta Peuco y otros que han estado en Colina 1, pero yo insisto que esta no es una norma específica, un traje a la medida, un perdonazo. Esta es una norma general que afecta a todos los reclusos mayores de edad que en estos momentos son 3.000. Los de Punta Peuco y Colina 1 son 300", dijo Cordovez a la salida de la comisión. 

Cordovez, fue invitado a la Comisión como autor de la iniciativa reclusión domiciliaria para reos mayores de 75 años, una propuesta que en la plataforma de la Secretaría de Participación Ciudadana, alcanzó 12.443 apoyos, los suficientes para ser presentados ante la comisión que deberá discutir la enmienda. 

La propuesta de Cordovez plantea que: "las personas mayores de 75 años o que padezcan enfermedades terminales, debidamente certificadas, cumplirán la prisión preventiva, prisión, o reclusión en su domicilio". Dicha propuesta, fue interpretada por varios consejeros como una búsqueda de perdonazo para los presos de Punta Peuco condenados por delitos de lesa humanidad, como Miguel Krassnoff (77 años) condenado a 900 años de presidio. 

De hecho, en el espacio a intervención que tienen consejeros y comisionados, Catalina Lagos (PS) alertó precisamente de aquello y leyó una lista de víctimas de violaciones a los derechos humanos en las que Krassnoff Martchenko estuvo involucrado.

Al cierre de la exposición, el ex oficial y ex colaborador cercano de José Toribio Merino asistió a un punto de prensa en el que afirmó tener conocidos en el centro de reclusión. 

Pero lo que le pareció más alarmante a los sectores progresistas en el Consejo, es que la iniciativa presentada por Cordovez engarzó perfectamente con una de las cerca de 400 enmiendas presentadas por Republicanos antes de la medianoche del lunes. “1) Las personas mayores de setenta y cinco años de edad o que padezcan enfermedades terminales, debidamente calificadas, cumplirán la prisión preventiva, presidio o reclusión en su domicilio. Esta disposición sólo será aplicable en aquellos casos en que la conducta sancionada, no representen un peligro actual para la sociedad", indica la propuesta del partido de José Antonio Kast. 

"Yo tengo algunos conocidos que han estado en Punta Peuco y otros que han estado en Colina 1, pero yo insisto que esta no es una norma específica, un traje a la medida, un perdonazo. Esta es una norma general que afecta a todos los reclusos mayores de edad que en estos momentos son 3.000. Los de Punta Peuco y Colina 1 son 300", dijo Cordovez a la salida de la comisión. 

Pero lo que le pareció más alarmante a los sectores progresistas en el Consejo, es que la iniciativa presentada por Cordovez engarzó perfectamente con una de las cerca de 400 enmiendas presentadas por Republicanos antes de la medianoche del lunes. “1) Las personas mayores de setenta y cinco años de edad o que padezcan enfermedades terminales, debidamente calificadas, cumplirán la prisión preventiva, presidio o reclusión en su domicilio. Esta disposición sólo será aplicable en aquellos casos en que la conducta sancionada, no representen un peligro actual para la sociedad", indica la propuesta del partido de José Antonio Kast. 

La respuesta del Ejecutivo no se hizo esperar y el ministro de Justicia, Luis Cordero, afirmó que "de las 50 mil personas privadas de libertad en nuestro país, 265 son mayores de 75 años. De esas 265, aproximadamente 146 son personas condenadas por violaciones a los derechos humanos. Yo creo que esa cifra lo dice todo".

Y agregó "en opinión del Ejecutivo, de hecho esta es una doctrina que se aplica también en el caso de los indultos, los delitos de lesa humanidad son inamnistiables y además tienen restricciones adicionales al otorgamiento de beneficios". 

El consejero republicano, Antonio Barchiesi, defendió la enmienda de su partido por un tema de infraestructura. “Tenemos hoy día más delincuentes cometiendo delitos en las calles, que delincuentes cumpliendo condenas en las cárceles. Tenemos un déficit de infraestructura carcelaria, de infraestructura penitenciaria, indicó el consejero constitucional [...] Que personas que hoy día no representan un peligro para la sociedad, puedan cumplir esas mismas penas en sus casas, me parece que va en el sentido correcto”, sostuvo Barchiesi. 

Con todo, la medida no cuenta preliminarmente con los apoyos necesarios en Chile Vamos precisamente por la consideración de que los delitos de lesa humanidad requieren una discusión distinta dada la sensibilidad de los mismos.