El organismo constató irregularidades en un informe reservado. Más de 1.200 visitas al machi Celestino Cordova, lo mismo con ex agentes de la dictadura. Pérdida de sumarios. Falta de allanamientos, drogas sin cadena de custodia y abogados que ingresaron un mismo día a cárceles de distintas regiones del país.

La solicitud fue enviada al organismo fiscalizador el pasado 7 de enero y firmada por el presidente de la instancia Stephan Schubert, ya que el secretario de Estado no ha concurrido a dos “invitaciones”. En todo caso, el jefe de gabinete de este último, envió a la instancia las disculpas del caso, cuyos argumentos, lejos de apagar la molestia de los parlamentarios, la encendió con más fuerza.

Tras constituirse la Comisión Investigadora del caso, ha trascendido que las ministras Carolina Tohá, Antonia Orellana y el subsecretario del Interior, Luis Cordero, estarían entre los citados. Además, más de una decena de funcionarios de La Moneda se enteraron de los hechos antes de ser públicos y de enterarse el presidente Gabriel Boric. 

Tras el receso a la formalización del ex subsecretario del Interior decretada por el juez Mario Cayul, a solicitud de la defensa de Monsalve, estos son los hechos que iniciaron con un beso no consentido el 1 de septiembre y que se extienden hasta la detención del ex sheriff en una unidad policial a la espera de retomar la audiencia. 

A dos semanas de que la denuncia por abuso sexual y violación en contra del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se hiciera pública, el caso suma nuevos antecedentes y hechos que revelan la concatenación de los acontecimientos que sumieron a La Moneda en su crisis más profunda. Interferencia realizó una cronología desde ese primer encuentro el 1 de septiembre entre Monsalve y la víctima, hasta la declaración de la ministra Carolina Tohá ante el fiscal Xavier Armendáriz este 30 de octubre. 

Las diligencias que encabeza el fiscal regional Centro Norte avanzan a pasos agigantados, pero los problemas de La Moneda están lejos de terminar.  A la crisis política se suma otra al interior de la policía civil, mientras el actual subsecretario del Interior, Luis Cordero, intenta hacer frente a la tormenta. En tanto, ayer los abogados de la ex autoridad solicitaron acceso a la carpeta de investigación..

El concurso tuvo algunas particularidades: se tramitó en forma secreta y no se respondieron preguntas de las empresas participantes, lo que provocó molestia e incertidumbre en el mercado. De todos modos, el sistema seguirá funcionando con la actual administradora, la gigante estadounidense Track Group.

El 2 de agosto de 2021, cuatro días después de ser designado por el Senado como nuevo ministro de la Corte Suprema, le agradece a Hermosilla por su apoyo en lograr la nominación. De inmediato, Hermosilla responde: “Un día deberíamos conversar sobre el fenómeno que esto produjo y que tuvimos que dar una pelea feroz para el éxito”.

El anuncio del presidente chileno Gabriel Boric de iniciar un proceso expropiatorio de partes de la ex Colonia Dignidad significa un avance inesperado en el camino hacia un sitio de memoria. El gobierno alemán apoya el proyecto. Ahora se trata de concretarlo.

El ministro de Justicia había sugerido la renuncia de Yáñez. El denominado 'criterio Tohá', que insta a las autoridades a renunciar ante procesos judiciales para no entorpercer la labor de las instituciones, lo presionaba también. Además, lo ocurrido con el ex director de la PDI, Sergio Muñoz, también influyó. Sin embargo, el contexto cambió con el asesinato de tres carabineros y la formalización en contra de Yáñez se aplazó. Así, continuará en el cargo por los próximos meses a tan solo días de que su salida fuera prácticamente un secreto a voces. 

Desde la secretaría de Estado niegan que la normativa transgreda el Convenio, pero la preocupación en la Cámara radica en que las baterías de automóviles puedan ser usadas para la producción de drogas, acabar en países con normativas medioambientales más laxas y perder la oportunidad de crear una industria de reciclaje, preocupación que el mismo presidente Boric señaló en su investidura como diputado. 

Tras no asistir en dos ocasiones ante la comisión del Congreso, ayer finalmente Miguel Crispi aseguró a esa instancia que le informó al presidente Boric del caso el 16 de junio, nueve días después de haber sabido del caso por un 'rumor'. Otros personeros de RD, como Juan Ignacio Latorre, lo sabían al menos desde el 6 de junio, mientras que Tatiana Rojas, ex subsecretaria de Vivienda, se enteró el 2 de mayo. 

La parlamentaria que destapó el 'Caso Fundaciones' y que actualmente forma parte de la Comisión Investigadora, asegura a Interferencia que "es imposible que alguien no mienta en esto, cuando no ha habido un relato único. No hay una consistencia durante toda esta historia famosa del caso Democracia Viva". 

En una entrevista radial, el ministro de Justicia fue consultado sobre el riesgo de cárcel para personas que se tomen un terreno y aseguró que "el veto realiza varias distinciones para efectos de gravedad a la usurpación; y en el caso de reincidencia, es una hipótesis donde eso sería posible".

La Fiscalía Nacional nombró a la fiscal Tania Sironvalle a cargo de investigar todos los robos en reparticiones públicas, justo cuando Carabineros confirmó que el ladrón de computadores en el Ministerio de las Culturas fue el mismo de Desarrollo Social. 

La exposición de Enrique Cordovez, autor de la Iniciativa Popular de Norma “reclusión domiciliaria para reos mayores de 75 años” generó polémica en el Consejo pues se interpretó como una norma en favor de los presos por violaciones a los derechos humanos en dictadura. Más aún considerando que una enmienda de Republicanos apunta en el mismo sentido.

Primero Latorre y después Boric, ambos indicaron que sabían del caso antes de que un medio antofagastino lo publicara. Latorre dijo que no le había comunicado ni al ministro Montes ni a Jackson, pero al ser consultado por otros personeros del Gobierno, guardó silencio. Todo esto mientras recrudece el fuego amigo entre partidos oficialistas y la oposición saca ventaja de la crisis.

Mediante prensa han sido informadas 28 instancias donde carabineros y detectives de la PDI usaron armas de fuego entre el 9 de marzo y el 9 de abril. Robos, VIF y asaltos a funcionarios son algunas de las circunstancias en que se usó el arma de servicio. Incluye el uso de la UZI en San Antonio que terminó con un civil con siete balas en su rostro.

A fines de año Boric deberá proponer al Senado un nuevo Contralor General. Dada la actual debilidad política de La Moneda y su poca influencia en el Congreso, se vislumbra un proceso complejo. Desde el propio poder legislativo están surgiendo candidatos, pero también desde la coalición oficialista, la Contraloría e incluso del Ministerio Público.