A pocos días del plebiscito que definirá la Constitución en Chile, uno de los temas que ha generado discusiones políticas y ciudadanas, ha sido la migración y cómo una nueva carta magna impactaría en ella. Para quienes “A favor”, como la abogada Natalia González, la norma “va a obligar a la expulsión en el menor tiempo posible, pero de los inmigrantes ilegales”, mientras que para quienes se inclinan por la opción “En contra”, la propuesta “no resuelve el problema porque es una fantasía. Lo que hay que hacer es aumentar el control de la frontera”, dijo el exministro y analista político, Francisco Vidal, ambos en un debate en el programa “100 Indecisos”.

La propuesta establece en el artículo 16, numeral 4, letra b: “La ley establecerá los casos, procedimientos, formas y condiciones del egreso o expulsión, según corresponda, de aquellos extranjeros que hayan ingresado al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados, así como de aquellos que hayan cumplido en Chile una pena de presidio efectivo por crímenes o simples delitos. Se procurará que dichos extranjeros cumplan la referida pena en su país de origen, cuando así corresponda de conformidad con la ley y a los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

Para el investigador del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago de Chile, José Carrera Salvo, uno de los desafíos principales de esta nueva propuesta constitucional “radica en la formulación de normativas para los extranjeros, desde la perspectiva de derechos humanos”. Además, sobre las formas de expulsión, explica que “no se especifican las herramientas diplomáticas que se utilizarán para gestionar acuerdos entre los países basados en esta lógica de expulsión. Un ejemplo de esto es lo que ocurrió recientemente cuando el gobierno de Venezuela se negó a recibir a sus compatriotas después de ser expulsados de Chile”.

"No se especifican las herramientas diplomáticas para gestionar acuerdos. Un ejemplo de esto es lo que ocurrió cuando el gobierno de Venezuela se negó a recibir a sus compatriotas", dice el investigador José Carrera Salvo.

Posición con la que coincide Diosceline Camacaro, comunicadora social y periodista que se ha especializado en las temáticas de derechos, género y migración. “El artículo, propuesto por el Partido Repúblicano, contribuye a la estigmatización de la persona migrante como delincuente, pues en la normativa se enfatiza en la calidad de irregulares de las personas migrantes en vez de concebirse como sujetos políticos y de derechos”.

La contradicción con los tratados internacionales 

En noviembre a través de una declaración pública, la Comisión Chilena de Derechos Humanos indicó que la propuesta de nueva constitución “constituye un grave retroceso civilizatorio en materia de Derechos Humanos y un serio obstáculo para la paz social”.

“Se trata de una propuesta que pretende perpetuar el orden social injusto impuesto en la Constitución de 1980, que viola principios y normas de derechos humanos consagrados en tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Chile, y carece de validez jurídica, tanto por su falta de legitimidad democrática de origen como en su contenido”, de acuerdo a lo publicado por Radio Universidad de Chile.

A juicio de la periodista Diosceline Camacaro, directora de comunicaciones de la organización latinoamericana Ciudadanía Inteligente, "el texto hace un llamado a una cacería de migrantes”. Además, explica que la norma está en contra del principio de no devolución, “un tratado internacional al que Chile está suscrito, está consagrado en el artículo 33, y cubre cualquier medida atribuible al Estado que pueda tener el efecto de devolver a un solicitante de asilo o refugiado a las fronteras de territorios donde su vida o libertad pueden verse amenazadas, o donde la persona corra riesgo de persecución, incluyendo su intercepción, rechazo en la frontera, o devolución indirecta”.

"El texto hace un llamado a una cacería de migrantes”, reflexiona la periodista Diosceline Camacaro.

En cuanto al derecho a refugio, José Carrera Salvo del Centro de Estudios Migratorios de la Usach, plantea que es otro de los temas que se invisibilizan en la nueva propuesta. “Chile es un país que ha firmado y ratificado un gran número de convenciones y/o tratados sobre aquello”.

También expresa su preocupación por la ausencia de gobernanza migratoria, con esto se refiere a la falta de estructuras organizativas (a nivel subnacional, nacional, regional y/o internacional), y procesos significativos que configuran y/o regulan los enfoques de los Estados para abordar la migración en todas sus formas, dentro de la propuesta. “Es evidente que existe un enfoque basado en la securitización, es decir, se centra en la seguridad nacional, social, cultural y laboral del país receptor. En esta visión, el migrante es visto como una amenaza potencial por su posible vinculación con el crimen internacional, la delincuencia o el narcotráfico, restringiendo sus derechos a su condición de regularidad o nacionalidad”.

A su vez, Carrera Salvo aborda los obstáculos burocráticos: “Hay una gran cantidad de extranjeros que solicitan la visa de refugio, pero se concede una cantidad muy pequeña y el proceso es demasiado largo, lo que lleva a que muchos extranjeros deban solicitar una visa normal para poder ingresar al país. La nueva propuesta constitucional no abordaría este tema, sino que, solo se enfocaría en la regulación migratoria”.

“Me gustaría legalizar mi título, poder ejercer y trabajar”

Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas y el Servicio de Migraciones, Chile es el hogar de 1,4 millones de extranjeros. Este número no incluye migrantes irregulares, pero sí por ejemplo a deportistas que destacaron por su participación en los Juegos Panamericanos 2023, como el atleta Santiago Ford y la jugadora de tenis de mesa Zhiying Zeng.

Dentro de dicha cifra no está Daisy (38), quien para efectos de esta publicación solicita no señalar su apellido, debido a sus circunstancias. Entró por paso clandestino a Chile hace tres años, momento en que se autodenunció en la Policía de Investigaciones (PDI). Hasta ahora, la enfermera de la Universidad Romulo Gallego de Venezuela, no ha logrado regularizar su situación como migrante.

"Se intenta deshumanizar al migrante para luego justificar su expulsión, esto se evidencia en el hecho de que los pocos artículos dedicados a la migración se abordan desde la seguridad nacional y lo laboral”, señala la comunicadora Diosceline Camacaro.

Salió de Venezuela en el año 2017. Antes de pisar Chile, vivió en Ecuador y Perú. “A comparación de los otros países, Chile ha sido el país más complejo para tener mis papeles al día. Me gustaría legalizar mi título, poder ejercer y trabajar. Toda mi familia vive aún en Venezuela y la ayudo financieramente”. Sobre cómo afectará la propuesta constitucional a la población migrante que se votará este domingo 17 de diciembre, reconoce “estar poco informada, pero ojalá fuésemos considerados”, añade Daisy, quien actualmente trabaja como asistente de cocina en un restaurante.

En esa línea, la periodista Diosceline Camacaro integrante de la Red de Periodistas Migrantes hace énfasis en la persecución legal que afecta al migrante forzado, “se intenta deshumanizar al migrante para luego justificar su expulsión, esto se evidencia en el hecho de que los pocos artículos dedicados a la migración se abordan desde la seguridad nacional y lo laboral”.

“La propuesta de la constitución no define qué se entiende por integración social y cultural, ni qué mecanismos se utilizarán para garantizarla. Tampoco establece criterios claros y objetivos para regular el ingreso, la permanencia, la salida y la expulsión de los migrantes, dejando un amplio margen de discrecionalidad al legislador y a la autoridad administrativa. Sumado a esto, en las materias que se relacionan no hay muchos avances significativos, pues la interseccionalidad solo se aborda de manera superficial”, plantea Camacaro.

Finalmente, plantea la necesidad de desarrollar una legislación y una política migratoria coherentes, transparentes y participativas, que respondan a las demandas y necesidades de los migrantes y de la sociedad en su conjunto.

*Integrantes del taller: Josefina Astudillo, Michelle Canales, Agustín Cárdenas, David Castillo, Emilia Coderch, Samuel Díaz, Sofía Ibacache, Valentina Irarrázabal, Elena Mamani, Camila Mauricio, Laura Orellana, Antonia Reyes. Profesora: Paula Huenchumil J.