Hasta el año 2013 muy pocos sabían que las Dunas de Longotoma, Región de Valparaíso, existían, y menos conocían del valor natural, cultural y arqueológico que éstas tienen. Fue durante el verano de ese año que la comunidad de este territorio, articulada en el movimiento ciudadano Valle Limpio, se levantó en contra de la instalación de la Planta de Concentración Magnética Dunas de Guallarauco de la compañía Minera Amistad S.A de capitales brasileños, que para ese momento contaba con un permiso minero para la extracción magnética en el corazón de la duna.
La comunidad logró que el Servicio de Evaluación Ambiental se opusiera a la instalación de la minera, al rechazar su Declaración de Impacto Ambiental. La minera se fue y posterior a esta controversia, el Movimiento Valle Limpio dejó la protección de este sector en manos de La Municipalidad de La Ligua y el Gobierno Regional. Pero, en la actualidad, el estuario de Longotoma corre peligro nuevamente,
En 2017, cinco de los seis propietarios de los terrenos donde se emplaza el estuario Salinas de Pulllally y Dunas de Longotoma, solicitaron la declaratoria de Santuario de la Naturaleza la que llegó a declararse en febrero de 2021. Sin embargo, no todo el lugar que debiese tener esta categoría de protección quedó dentro del territorio legalmente resguardado.
Entre los que solicitaron que la zona fuese declarada santuario está Matías Fernández Recart, a través de su empresa Campo Mar, junto a Sociedad Agrícola Las Loicas Ltda, Agrícola Santa Amalia Ltda, Seminario Pontificio de Santiago, Industrial y Comercial Independencia Ltda. La solicitud la hicieron en diciembre de 2017, por medio del oficio ordinario N° 2705. Los empresarios pidieron que no toda la zona de valor natural fuese protegida: dejaron una parte para sus empresas y poder allí desarrollar proyectos inmobiliarios.
En 2017, cinco de los seis propietarios de los terrenos donde se emplaza el estuario Salinas de Pulllally y Dunas de Longotoma, solicitaron la declaratoria de Santuario de la Naturaleza la que llegó a declararse en febrero de 2021. Sin embargo, no todo el lugar que debiese tener esta categoría de protección quedó dentro del territorio legalmente resguardado.
En la actualidad, hay al menos dos proyectos inmobiliarios que buscan instalarse en los lindes del Santuario. Uno ligado a Campo Mar SpA, de propiedad de Matías Fernández Recart y otro de Agrícola Pullay Limitada, del ciudadano venezolano domiciliado en Estados Unidos, Alejandro Blaschitz.
Cuando trazaron el plano de lo que quedaría como santuario, 170 hectáreas, que incluyen caminos de servidumbre, una ladera de la desembocadura del río Petorca, un bosque de eucaliptus y una de las dunas más altas del sector norte del Santuario, sobre la playa de Longotoma a unos 4 kilómetros de la 5 Norte, quedaron en manos de Campo Mar SpA, es decir, de Matías Fernández Recart y fuera del santuario.
Colindante al bosque y sobre la duna, se encuentra el terreno de Recart, que quedó fuera de la declaratoria de Santuario. Está subdividido en 45 lotes de tres hectáreas desde el año 2010, y donde Campo Mar SpA ha presentado proyectos a la Dirección de Obras de La Ligua para construir un exclusivo condominio de cerca de 90 viviendas de hasta 300 mts2.
Además, el expediente con el que los cinco administradores del Santuario, representados por Campo Mar SpA, solicitaron los permisos de construcción para el desarrollo del plan de manejo del Santuario, incluyen: un camping dentro del bosque de eucaliptos, el que colinda con la desembocadura del río Petorca, caminos para desarrollar recorridos por todo el campo dunar norte y un restaurante en la playa de Longotoma. Todo esto dentro de la propiedad de Fernández Recart al interior del Santuario y actualmente en construcción.
No es la primera vez que Fernández Recart desarrolla un proyecto en una zona protegida. En los últimos años, el empresario ha hecho noticia por ser uno de los impulsores tras Chaguay, una iniciativa inmobiliaria que se desarrolla en el área de preservación ecológica de Lo Barnechea y que fue querellada recientemente por el Consejo de Defensa del Estado y la Seremi metropolitana del Ministerio de Vivienda.
También en el sector norte del Santuario, justo en el corazón de éste y colindante al terreno de Recart, Agrícola Pullay, del venezolano Blaschitz, ha presentado cerca de tres proyectos de desarrollo inmobiliario de alta densidad para construir casas en un sector de cerca de 100 hectáreas, en medio del estuario protegido y en la desembocadura del Río Petorca.
En la actualidad, hay al menos dos proyectos inmobiliarios que buscan instalarse en los lindes del Santuario. Uno ligado a Campo Mar SpA, de propiedad de Matías Fernández Recart y otro de Agrícola Pullay Limitada, del ciudadano venezolano domiciliado en Estados Unidos, Alejandro Blaschitz.
Dicho predio no fue parte de la declaratoria impulsada por Campo Mar SpA y los otros cuatro privados, puesto que Agrícola Pullay, presentó una solicitud de protección paralela, que no llegó a puerto, porque incluía un desarrollo inmobiliario incompatible con la protección del territorio.
La Dirección de Obras Municipales de La Ligua, el Consejo Regional y la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, esperan la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República (CGR) para promulgar el nuevo Plan Intercomunal Satélite Borde Costero Norte, como la posible solución para cuidar el santuario. Pero, la toma de razón ha estado en trámite durante 12 años, debido a las observaciones de la CGR. De aprobarse, declararía las mil hectáreas de este estuario como área verde, impidiendo así cualquier intervención inmobiliaria en la zona.
Santuario de la Naturaleza Salinas de Pullally y Dunas de Longotoma. Desembocadura Río Petorca propiedad de Fernandez Recart
Los inicios del santuario
Campo Mar SpA, Sociedad agrícola Las Loicas Ltda, Agrícola Santa Amalia Limitada, Seminario Pontificio de Santiago, Industrial y Comercial Independencia Limitada y Agrícola Pullay Ltda, son los propietarios de las cerca mil hectáreas que conforman el estuario Salinas de Pullally y Dunas de Longotoma.
En 2017, cinco de los privados dueños del estuario solicitaron que se declarara santuario, y el sexto dueño, Agrícola Pullay, presentó una propuesta paralela que no tuvo éxito. La propuesta liderada por Campo Mar SpA prosperó hasta convertirse en un área protegida en 2021.
En 2018, el Gobierno Regional, motivado por la comunidad que había defendido este lugar de la explotación minera, financió un estudio de base a cargo del Centro de Ecología Aplicada, el que, sumado a los estudios del Consejo de Monumentos Nacionales, daban como resultado un polígono de mil hectáreas que conforman este extenso campo dunar, como proyecto de santuario.
El polígono propuesto en primera instancia por el Gobierno Regional comprendía mil hectáreas, de las cuales solo 677 fueron protegidas finalmente. Lo restante es un paño de 170 hectáreas, que es propiedad de Fernández Recart, el que se encuentra subdividido en 45 parcelas y que contempla proyectos inmobiliarios.
El terreno se encuentra en el corazón del polígono inicial presentado por el Gobierno Regional, sobre una duna que, según el mapa de sitios arqueológicos adosado al Plan Regulador Comunal, es parte fundamental de dicha protección.
Para este proyecto, Pablo Longueira, ex ministro de Economía y otrora candidato presidencial de la Alianza por Chile, fue lobbista.
El 07 de mayo de 2018, durante la negociación para llegar a la declaratoria de Santuario de la Naturaleza, Longueira, en representación de la consultora Asesorías LB SpA, sostuvo una reunión con el subsecretario de Medio Ambiente, Rodrigo Benítez, para discutir la presentación del proyecto humedal de Pullally - Dunas de Longotoma.
La cercanía entre el ex timonel de la UDI y el empresario puede estar dada a través del grupo inmobiliario Ebco, a quienes Longueira ha prestado servicios como gestor de intereses. Este mismo consorcio es uno de los actores detrás de Chaguay, el proyecto que Fernández Recart mantiene en Lo Barnechea
Plano de subdivisión de predio de Campo Mar SpA
Otras amenazas al santuario
El proyecto inmobiliario de Matías Fernández Recart dentro del Santuario de la Naturaleza no es la única amenaza que tiene este espacio natural.
Alejandro Blaschitz García, ciudadano venezolano, domiciliado en Estados Unidos, según consta en el extracto de modificación de la sociedad del 09 de agosto de 2018, publicada en el Diario Oficial, es uno de los propietarios de Agrícola Pullay, empresa que no participó de la iniciativa que buscaba preservar este espacio.
El polígono de cerca de 100 hectáreas de su propiedad hoy divide en dos el Santuario, justo en el corazón de éste, dejando sin protección este espacio fundamental para la preservación ecológica del área protegida.
Conchal asentamiento Cultura Bato - Dunas de Longotoma
Tras el rechazo de su propuesta de área protegida en Longotoma, Agrícola Pullay, ha seguido presentando iniciativas inmobiliarias a la Dirección de Obras de la Municipalidad de La Ligua, las que han sido observadas y rechazadas, todas ellas para construir condominios en la orilla de la playa de Longotoma, en la desembocadura del río Petorca.
Según explicó a INTERFERENCIA, Alfredo Hoffstadt, Director de Obras Municipales de la Ligua, “Agrícola Pullay mediante expediente 1032 de 2022 ingresó un proyecto de condominio tipo B en el corazón del Santuario de la Naturaleza en que pretendía emplazar un proyecto inmobiliario de alta densidad. Ha presentado en tres oportunidades propuestas similares, las que han sido rechazadas por esta dirección”.
Incluso, el Director de Obras de La Ligua ha tenido que responder recursos presentados por Agrícola Pullay Ltda a Contraloría General de La República por el rechazo de los proyectos inmobiliarios antes mencionados.
INTERFERENCIA contactó a Pedro Gómez, parte de Agrícola Pullay, pero sin éxito.
Niña de los Conchales - Exposición arqueológica del Museo de La Ligua
El papel del Ministerio de Medioambiente
El Ministerio de Medio Ambiente es el que tramita la declaratoria de Santuario de la Naturaleza y es en este proceso donde el organismo ha decidido que para buscar una protección efectiva de parte de los privados en los sitios que requieren protección, la posición de los privados es prioritaria sobre la evaluación, planificación y declaración de áreas. Eso pasó en las dunas de Longotoma, donde se ha comprobado que existe una alta biodiversidad, endemismo de flora y fauna, la presencia de una especie de flora en estado de conservación, 11 especies amenazadas de fauna y un total de 208 sitios arqueológicos.
El Consejero Regional, Manuel Millones, parte de la comisión de Medio Ambiente del CORE de Valparaíso, denuncia que a la fecha hay 14 proyectos de declaratoria de Santuario de la Naturaleza detenidas, esperando la autorización de los privados para grabar sus predio como zona protegida.
“El santuario de Longotoma, literalmente lo cortaron en la mitad, contraviniendo toda lógica de protección ambiental y colocando, además, en riesgo el mismo sitio a proteger", explica Millones.
Por su parte, Contraloría General de la República, ente revisor de estos procesos, ha entregado dictámenes, que dan jurisprudencia en estos temas, como el número 208 de 2015, donde expone que para la declaratoria de Santuario basta con “el informe previo del Consejo de Monumentos Nacionales, la propuesta de creación que hace el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad al Presidente de la República y la dictación de un decreto supremo del Ministerio del Medio Ambiente que declare este tipo de santuario”.
El 07 de mayo de 2018, durante la negociación para llegar a la declaratoria de Santuario de la Naturaleza, Pablo Longueira, en representación de la consultora Asesorías LB SpA, sostuvo una reunión con el subsecretario de Medio Ambiente, Rodrigo Benítez, para discutir la presentación del proyecto humedal de Pullally - Dunas de Longotoma.
De esta manera, la Contraloría aduce que la normativa que regula la declaratoria no prevé como una de las exigencias para la declaración de un santuario de la naturaleza la anuencia del o los titulares de dominio del o los inmuebles respectivos.
INTERFERENCIA solicitó la versión del Ministerio de Medio Ambiente, quienes aseguraron que “en el caso del Santuario de la Naturaleza Salinas de Pullally y Dunas de Longotoma, fueron los mismos dueños de los predios quienes ingresaron la solicitud de declaratoria a este ministerio por 653 hectáreas aproximadamente, donde el ministerio dio curso a dicha solicitud logrando declarar 677 hectáreas, no excluyéndose ningún polígono de los formalmente solicitados”.
“Como Ministerio del Medio Ambiente trabajamos en lo posible con el apoyo de los propietarios para protección efectiva de las áreas protegidas, y en este caso sí existía la voluntad de los propietarios para avanzar en la declaratoria, asunto importante para la gestión a largo plazo de este tipo de santuarios”, explicó en su comunicado el Ministerio de Medio Ambiente.
Desde la Región de Valparaíso, el Consejero Regional, Manuel Millones dijo a INTERFERENCIA que "la torpeza política del Ministerio de condicionar los santuarios a la aprobación de los privados, cuando la jurisprudencia fijada por la Contraloría es que solo se les debe informar, porque su opinión no es vinculante, permite que esos propietarios, a los que no se les grabó el terreno dentro del estuario de Longotoma, estén presentando proyectos inmobiliarios y de obtener los permisos municipales afectarán el total del humedal”.
“Espero que podamos avanzar con el Plan Regulador Intercomunal y lo gravemos como área verde", agrega Millones.
A la izquierda de la imagen se encuentra la propuesta desarrollada por el Gobierno Regional sobre la base del Estudio de base realizado por el Centro de Ecología Aplicada. A la Derecha el perímetro final del Santuario y la intervención Inmobiliaria.
Plan regulador Intercomunal, la última carta
Hace doce años se inició el proceso de tramitación del nuevo Plan Regulador Intercomunal, Satélite Borde Costero Norte, que busca actualizar la normativa con la realidad del territorio. Pero, la Contraloría ha observado este nuevo instrumento en diferentes momentos de la tramitación, impidiendo así la toma de razón de éste.
Según explicó Manuel Millones, “las observaciones emitidas por la CGR, han sido de forma y no de fondo, generando un retraso en la promulgación del Plan Regulador Intercomunal que mantiene áreas como el Santuario de la Naturaleza Salinas de Pullally y Dunas de Longotoma en peligro por la especulación inmobiliaria, así como también otros sectores del borde costero”.
El Plan Regulador Intercomunal, Satélite Borde Costero Norte, el pasado viernes 25 de marzo reingresó al Consejo Regional para su discusión, sanción y aprobación. Luego de este tramite que se pretende dure una semana, se volverá a enviar a Contraloría General de la República para la toma de razón y su posterior promulgación.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de la Seremi Regional, explicó a INTERFERENCIA que la importancia de aprobar el nuevo Plan Regulador Intercomunal pasa porque “se han definido dos importantes áreas verdes intercomunales de gran magnitud en el frente costero, que tienen como propósito instalar el uso menos invasivo en áreas silvestres que se mantienen sin la intervención humana; en base al respeto de los ecosistemas que allí subsisten”.
Plan Regulador Intercomunal, Satélite Borde Costero Norte - En la imagen se establece como área verde las 1000 hectáreas del estuario.
Es decir, que los proyectos presentados por Agrícola Pullay y Campo Mar SpA, serían inviables si el nuevo plan regulador fuese aprobado por la Contraloría. Ambos proyectos quedarían inscritos dentro de una zona de área verde, lo que impediría cualquier tipo de proyecto inmobiliario allí.
“El principal afectado [con el retraso del Plan Regulador] es la comunidad, al contar con normas del año 1996, siendo de vital importancia que Contraloría pudiera establecer en sus procedimientos, instancias intermedias antes de pronunciarse para que las observaciones puedan ser subsanadas en un trabajo técnico colaborativo entre Contraloría y el MINVU, antes de su pronunciamiento definitivo, puesto que todos los instrumentos de planificación territorial del país, que ingresan a Contraloría, vuelven varias veces, antes de lograr la toma de razón”, agrega en su respuesta a INTERFERENCIA la SEREMI de Vivienda y Urbanismo.
El Plan Regulador Intercomunal, Satélite Borde Costero Norte, el pasado viernes 25 de marzo reingresó al Consejo Regional para su discusión, sanción y aprobación. Luego de este trámite que se pretende dure una semana, se volverá a enviar a Contraloría General de la República para la toma de razón y su posterior promulgación.
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Los ladrones pobres declaran
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