Entre las múltiples reparticiones que conforman Carabineros de Chile, existe una que, pese a su importancia estratégica, suele mantenerse lejos de los titulares de crónica roja que a diario acaparan la agenda noticiosa: la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DIRTIC).
Con un origen que se remonta al Servicio Especial de Comunicaciones en 1928, es una de las especialidades más antiguas de la policía uniformada. Hoy, operando bajo el alero de la Dirección Nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales (DNAOP), funciona como un reloj donde sus tres brazos conformados por el Departamento de Proyectos, Operaciones y Abastecimiento trabajan conjuntamente.
Y aunque su labor es silenciosa en prácticamente cada operativo policial, su billetera no tiene nada de discreta, ya que el Departamento de Abastecimiento de la DIRTIC maneja el presupuesto más cuantioso de cualquier otra repartición institucional. Para el año 2025, la cifra alcanzó casi los 74 millones de dólares.
“La mayor parte se destina a contratos estratégicos con empresas externas que proveen servicios tecnológicos críticos, tales como la red de radiocomunicaciones Trunking y la telefonía”, explicaba su propio jefe, el Teniente Coronel Álex Filippi Véliz, en un reportaje institucional de septiembre de 2025.
Sin embargo, ese silencio, cada cierto tiempo, hace bastante ruido.
Una de las últimas veces en que ese silencio se rompió fue durante la licitación de las cámaras corporales convocada el año 2022 en el que participaron dos oferentes. Por una parte, Tecnologías Sociales Limitadas (Smart Partners) que ofertaba cámaras Axon y, por otra, Vigatec S.A. con equipos de marca Hytera.
La licitación fue adjudicada a Vigatec por $9.600 millones, pese a que Smart Partners presentó una oferta $2.000 millones más económica, pero que fue declarada inadmisible por incumplimientos técnicos dejando a su competidor como único oferente válido.
Ante los hechos, Smart Partners ingresó una demanda en contra de Carabineros ante el Tribunal de Contrataciones Públicas (TCP) en agosto de 2023. Tras la judicialización y con más de la mitad del contrato ejecutado por parte de Vigatec, en agosto de 2025 nuestra redacción informó que el tribunal declaró ilegal la resolución que adjudicó la licitación a Vigatec.
El Tribunal de Contratación Pública (TCP) también cuestionó duramente el actuar de la Comisión Evaluadora a cargo de la revisión de las propuestas. En su sentencia, el organismo fue categórico:
“En opinión de estos sentenciadores, es posible concluir que la empresa adjudicada Vigatec S.A. no ajustó su oferta a los requerimientos técnicos de las Bases de Licitación que han sido planteados en esta segunda impugnación de la demanda, por lo que la Comisión Evaluadora, al declarar admisible su oferta, ha vulnerado el principio de estricta sujeción a las bases, tornando su actuar ilegal y arbitrario, ya que (…), dicha oferta de la empresa Vigatec S.A. debió haber sido declarada inadmisible”.
Si bien el TCP no acogió la totalidad de los reclamos de la empresa competidora, sí determinó que el Informe de Evaluación Técnica de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DIRTIC), el Informe de la Comisión Evaluadora y la Resolución Afecta N° 39 (que adjudicó el millonario contrato) incurrieron “en un acto ilegal y arbitrario por no haberse ajustado a los principios y disposiciones que regulan los procedimientos de licitación pública”.
Sin embargo, el cuestionamiento no se limitó a la sede judicial.
La Contraloría General de la República (CGR) también puso el proceso bajo la lupa. En su Informe de Investigación Especial N° 808, emitido en julio de 2025, el ente fiscalizador advirtió debilidades tanto en la confección de los criterios técnicos de las bases como en su posterior monitoreo. En concreto, la CGR descubrió que funcionalidades exigidas como "críticas" para la adjudicación del contrato, como la transmisión en streaming y la interfaz Web Service para conectarse con los sistemas de Carabineros, en la práctica nunca fueron implementadas o dejaron de utilizarse.
Además, el informe detectó una rebaja injustificada en los estándares de las bases, las cuales no respetaron el propio “Manual de Uso y Registro de Videocámaras” de la institución policial. A modo de ejemplo, se aceptó una batería con autonomía de 10 horas, cuando el manual exige un mínimo de 12; se redujo la exigencia de resistencia a caídas de 2 metros a solo 1,2 metros; y se disminuyó el tiempo de grabación previa al evento (buffer) de 120 a 60 segundos.
A este escenario se suman graves irregularidades formales en el trabajo de la Comisión Evaluadora. La indagatoria constató que dos de sus evaluadores técnicos revisaron las propuestas casi dos meses antes de ser designados oficialmente en sus cargos de reemplazo, etapa en la que además operaron sin haber presentado a tiempo sus declaraciones de intereses.
Frente a los hallazgos, el ente fiscalizador ordenó a Carabineros instruir un sumario administrativo con un plazo máximo de 15 días hábiles para designar a un fiscal con el fin de determinar las responsabilidades de los funcionarios involucrados en las irregularidades.
Asimismo, exigió que en un plazo de 60 días la institución acredite la implementación real y el funcionamiento de las características técnicas que Vigatec no estaba utilizando. Además, la CGR dispuso remitir una copia íntegra de todos los antecedentes al Ministerio Público para una eventual investigación penal.
Reuniones fuera de Ley del Lobby
El 23 de septiembre de 2025, según indica el Registro de Audiencias y Reuniones de Carabineros, la empresa Vigatec S.A. asistió hasta la Sala de reuniones número 1 de la DIRTIC para presentar al nuevo ceo de la empresa, la experiencia de la compañía y su portafolio de productos.
Pero también indica dentro de la materia que uno de los objetivos de la cita es: “Revisión del contrato de cámaras corporales. Deseamos revisar el actual contrato de cámaras corporales con el objetivo de optimizar su implementación y funcionamiento, y discutir posibles mejoras o actualizaciones”. Por último agregan el desarrollo de futuros negocios vinculados a seguridad tecnológica.
Pero la cita del 23 de septiembre de 2025, al parecer, no solo sirvió para hablar de formalidades, presentaciones corporativas, revisiones de contrato o futuros negocios. Según un documento al que Interferencia tuvo acceso, habría sido precisamente en el marco de esos encuentros por Ley de Lobby donde estalló una nueva controversia al interior de las oficinas ubicadas en Catedral 1337.
De acuerdo con el Oficio (S) N° 01, emitido apenas dos días después (25 de septiembre de 2025), el Jefe de Gabinete Técnico de la Dirección TIC, el Coronel José Luis Riffo, quien encabezó la mencionada reunión, dejó constancia de una revelación que pondría los ojos sobre un funcionario civil de Carabineros, también conocidos como CPR (personal Contratado por Resolución).
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Según indica el documento, los propios representantes de Vigatec afirmaron que el funcionario civil (CPR) Francisco Acuña Canales se había reunido con representantes de la empresa pidiéndoles expresamente que "incidieran en una nota periodística".
Ante la gravedad de la denuncia, se ordenó recopilar toda la documentación relativa al caso y se solicitó instruir una investigación administrativa.
Sin embargo, aún faltaba un episodio que fue bautizado como “Hecho N°1”.
El protagonista de esta trama paralela fue otro CPR: Francisco Barison Egert, quien también figuraba en los registros oficiales como uno de los asistentes a la mencionada reunión de lobby del 23 de septiembre.
Los reportes internos señalan que el 7 de octubre de 2025, Barison fue sorprendido por la jefa del Departamento de Proyectos, la teniente coronel Mylena Álvarez, sosteniendo una reunión clandestina con cuatro civiles representantes de la empresa tecnológica Clearview (Black Up) en la Sala N°1 del piso 7 de la repartición.
Al ser confrontado sobre si se trataba de una cita regulada por la Ley del Lobby o de un RFI (Request For Information), y qué oficiales debían estar presentes. Según detalla el parte oficial, el funcionario "expresó espontáneamente que debían estar presentes el capitán Mancilla y el capitán Flores, los cuales no habían llegado", añadiendo que el encuentro sí estaba amparado por la ley.
Ante la supuesta tardanza, la oficial superior decidió quedarse en la sala para acompañarlo. El engaño quedó al descubierto cuando la propia teniente coronel constató que los oficiales aludidos de la dotación TIC jamás se incorporaron y que la cita no contaba con los registros formales previos.
Un dictamen de la Asesoría Jurídica TIC evidenció el encubrimiento, advirtiendo que en el acta de la audiencia "se utilizó indebidamente el nombre y la autoridad del Director TIC para legitimar estas gestiones, sin contar con la autorización expresa".
Este actuar, calificado como una grave vulneración a los principios de probidad y transparencia, derivó en una solicitud formal y urgente a la Fiscalía Administrativa para instruir un sumario en su contra y determinar eventuales responsabilidades.
Pero no era la primera vez que el nombre de Barison Egert protagonizaba una polémica pública.
A principios de 2020, durante la millonaria licitación para modernizar el sistema 133 de Carabineros (CAD), la comisión evaluadora recibió una grave denuncia a través de la plataforma de Mercado Público. Uno de sus integrantes, el ingeniero civil Claudio Molina Miranda, había prestado servicios a través de su empresa Inversiones Geyser a firmas del Grupo Motorola, según reveló en su momento un reportaje de Radio BioBío.
Ante el evidente conflicto de interés, el entonces director del Área de Compras Públicas de Carabineros, general Humberto Riffo, removió a Molina Miranda y designó en su reemplazo a otro civil: Francisco Barison Egert. Sin embargo, la solución destapó un problema aún mayor. Una nueva denuncia expuso que Barison era socio comercial directo del expulsado Molina Miranda en Wireless Services SpA, una sociedad constituida en abril de 2019 que en agosto de 2020 fue disuelta.
Pero en el entramado, Molina Miranda es la pieza que conecta directamente con el protagonista del "Hecho N°2": Francisco Acuña Canales.
Según consta en los registros del Diario Oficial, el 7 de junio de 2002, Claudio Molina Miranda y Francisco Acuña Canales constituyeron en conjunto la sociedad Safecom Chile S.A., compartiendo propiedad con otras dos personas.
Los lazos comerciales entre ambos funcionarios civiles no se limitaron a la creación de empresas. Según un registro al que Interferencia tuvo acceso, Acuña Canales llegó a prestar servicios a través de Inversiones Geyser, la misma empresa de Molina Miranda que detonó el escándalo del 133, firmando una cotización para la remodelación de una sala de seguridad en calidad de Asesor Comercial.
Con todo, Acuña Canales también posee participación en varias sociedades vinculadas al rubro de la seguridad. Servicios de Seguridad Electrónica Integral SpA, Seguridad y Telecomunicaciones Limitada, Sercatel SpA, son algunas de ellas.
Interferencia solicitó una declaración a Carabineros a raíz de estos hechos, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta al requerimiento.
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