El  pasado 5 de mayo el director de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca), Juan Hernández Rivera, presentó su renuncia a la institución, luego de que Interferencia revelara, en abril de este año, el caso de maltrato y amenazas sufrido por dirigentas de las asociaciones de funcionarios por parte de Hernández y la compra de un software por $570 millones de pesos que nunca se usó en el organismo.

La renuncia habría sido solicitada por la ahora ex ministra del Interior, Izkia Siches, ya que Dipreca es un servicio dependiente de este ministerio, que vela por la seguridad social de Carabineros, Gendarmes y Policía de Investigaciones (PDI).

“No se sabe las funciones que estos asesores cumplen, pero sí sabemos que el monto de sus sueldos afecta enormemente el presupuesto de la institución, ostentando actualmente grados de jefes de áreas", señala la carta de las asociaciones de funcionarios.

Sin embargo, tras cuatro meses de la salida de Hernández, las asociaciones de funcionarios de Dipreca denuncian que el círculo de poder de Hernández sigue al mando, a través de la directora subrogante, Elsa Loyola, y de los asesores de Hernández que siguen trabajando para la dirección, a pesar de tener antecedentes como ex agentes de la DINA y la CNI en dictadura y participar como testigos de casos de corrupción en la PDI.

Debido a esto, las asociaciones de funcionarios ANFUP, ANFUDIP y ANFUDIP Planta y Contrata solicitaron al Ministerio del Interior, en una reunión en julio y una carta en agosto, pidiendo la desvinculación de estos asesores.  Los asesores cuestionados son seis: Rolando Gaete Cáceres; Sergio Mellado Faúndez (ex agente de la DINA y la CNI); Juan Francisco González (quien lideró la compra del software de cerca de 600 millones de pesos, que nunca se aplicó); Víctor Espinoza Aguilar; Darío Ortega Moreno; y Guillermo Holzman. 

“No se sabe las funciones que estos asesores cumplen, pero sí sabemos que el monto de sus sueldos afecta enormemente el presupuesto de la institución, ostentando actualmente grados de jefes de áreas, sin tener, muchos de ellos, asignadas ninguna de esas responsabilidad”, consigna la carta de las asociaciones, de agosto pasado (carta adjunta al final del artículo).

La carta agrega que estos salarios de los asesores, además, no se condicen con la realidad de los funcionarios de Dipreca, que sería una de las instituciones “más mal pagadas” del Estado.

La carta agregó que la actual directora, Elsa Loyola, fue asesora directa del director anterior y testigo del sumario en contra del director por amenazas violentas a una de las dirigentas sindicales. Además, Loyola habría afirmado a los funcionarios que de ganar el Apruebo en el plebiscito del pasado 4 de septiembre, se concretaría un solo régimen de salud para los chilenos y dejaría de existir Dipreca,- indicación que no aparecía en la propuesta constitucional-.  “Esto claramente es campaña política por el Rechazo”, afirmaba la carta de las asociaciones.

Las asociaciones advierten que el término de “confianza legítima”, que permitiría que tras dos años de trabajo estos asesores pasaran a ser funcionarios regulares de la institución. no aplica, basándose en dictámenes de Contraloría.

Entre las contrataciones que hizo  Hernández en su cargo como director de Dipreca, para su gabinete, se encuentran las de cuatro ex funcionarios de la PDI, institución en la que se desempeñó por años.

Esta advertencia tiene que ver con una respuesta anterior de la directora de Dipreca al ministerio, donde Loyola justifica las contrataciones de estos asesores y donde afirma que esta “confianza legítima” se aplicaría en estos casos.  

Consultados sobre el silencio del ministerio del Interior sobre la permanencia de estos asesores en Dipreca, la dirigenta de Anfup, Janette Droguett, afirma que esperan pronto recibir una respuesta y que, de ser así, “entendemos qué mejorarán la gestión Institucional y las condiciones laborales de los funcionarios”.

“Sabemos qué este nuevo gobierno tiene una preocupación especial por el respeto a los derechos de los trabajadores, por lo qué tenemos la convicción qué las decisiones de desvincular a estos asesores serán las adecuadas para mejorar el destino de los trabajadores, lo que a la vez ayudará a entregar mejores servicios para todos nuestros beneficiarios”, comentó Droguett a Interferencia.

Asesores en la mira

Entre las contrataciones que hizo  Hernández en su cargo como director de Dipreca, para su gabinete, se encuentran las de cuatro ex funcionarios de la PDI, institución en la que se desempeñó por años. Los cuatro, con sueldos por sobre $1,8 millones de pesos, reciben además sus pensiones de la PDI, que fluctúan entre el millón y los tres millones de pesos.

Entre estos asesores contratados por Hernández, se encuentra Sergio Mellado Faúndez, jubilado de la PDI con una pensión de $ 3,4 millones y con un salario sobre los dos millones 400 mil, quien también aparece en el libro del periodista Javier Rebolledo La Danza de los Cuervos, del 2012, como ex agente de la DINA. 

Darío Andrés Ortega Moreno también es otro de los asesores del director de Dipreca. Jubilado de la PDI con más de $3 millones de pesos mensuales, ostenta un salario de casi $2 millones de pesos.

En el libro, Rebolledo relata que a fines de los años setentas la DINA crea el Cuartel Loyola, en la comuna de Quinta Normal, ubicado en Camino de Loyola, entre calles Marte y Neptuno. El recinto estaba a cargo del capitán del Ejército Ernesto Ureta Pernas.En un reportaje del 2008 del diario La Nación, también se menciona a Mellado Faúndez como un agente en terreno de la CNI, en la década de los ochentas. También es nombrado por Rebolledo como uno de los cómplices del fraude del plebiscito de 1980, para alterar votos en favor de la dictadura.

Darío Andrés Ortega Moreno también es otro de los asesores del director de Dipreca. Jubilado de la PDI con más de $3 millones de pesos mensuales, ostenta un salario de casi $2 millones de pesos. Fue subdirector Operativo de la PDI y en agosto del año pasado fue llamado a declarar por la Fiscalía en el caso de uso de gastos reservados en la institución, donde se investiga a Héctor Espinosa. Espinosa es investigado por la malversación de fondos públicos por más de $140 millones de pesos.

Según la carta de las asociaciones sindicales al ministerio, el asesor Guillermo Holzman fue contratado por Hernández por su apoyo “holístico”, que consistía en reuniones que no tienen más que respaldo verbal.