El 24 de enero de 2022, la abogada Orietta Llauca presentó una denuncia por amenazas de muerte en contra de su hijo menor de edad ante la Policía de Investigaciones. Desde un perfil falso de Facebook, donde suplantaban el nombre de una de sus amigas, le escribieron “TE VAMOS A  MATAR AL WUACHO. Déjate de sublevar (sic)”.

Desde ese día su tranquilidad dejó de existir. Aún así, en conversación con INTERFERENCIA a los pocos días de la amenaza, Llauca aseguró que no se detendría: “Acá si algo tiene que quedar claro, y aprovecho de decirlo a quienes nos amenazan por defender la naturaleza, es que nosotros no vamos a parar”. (Revise acá la entrevista). 

Su expectativa por esos días era que su victimario fuera perseguido y que la investigación truncara la sensación de impunidad que mantenía a su familia en vilo. Lejos de ocurrir esto, la abogada ambientalista se ha sentido revictimizada, ahora por parte del Ministerio Público. La Fiscalía Regional de Los Lagos optó por desestimar su denuncia sin realizar ninguna de las pericias solicitadas "poco sería verosímil”. Ante esto, el Juzgado de Garantía de Puerto Varas declaró extinta la responsabilidad penal en los actos que se estaban denunciando, cerrando así toda posibilidad de que la querella presentada por la abogada prospere. Todo esto ocurrió en el transcurso de siete días. 

"Miré a la mujer y para mi sorpresa, ella se bajó un poco su mascarilla, mientras se afirmaba del hombro de uno de los hombres, y con su mano derecha me apuntó e hizo un gesto como si me estuviera disparando."

Hoy, Llauca asegura que acudirá a tribunales internacionales en busca de protección. Incluso, la abogada ambientalista y de derechos humanos denuncia una nueva amenaza, esta vez en persona, en una cafetería en Puerto Montt el pasado miércoles.  

Fiscalía se “abstiene de toda investigación”

“Ayer estaba con una compañera en una cafetería de Puerto Montt, sentadas en una mesa de la terraza. Mientras conversábamos, dos hombres altos y una mujer pasaron muy cerca de nosotras, lo que me llamó la atención.  Miré a la mujer y para mi sorpresa, ella se bajó un poco su mascarilla, mientras se afirmaba del hombro de uno de los hombres, y con su mano derecha me apuntó e hizo un gesto como si me estuviera disparando. Yo quedé perpleja sin poder siquiera reaccionar”. Así relata Orietta Llauca un nuevo episodio de amenazas vivido este miércoles.

Posterior a la denuncia realizada el 24 de enero por amenazas de muerte en contra de su hijo de 17 años, Llauca esperaba se establecieran las diligencias de investigación que permitieran dar con el victimario que la contactó por redes sociales. 

Por el contrario, no hubo investigación y en el plazo de cuatro días, la Fiscal Adjunto de Puerto Varas, Lorena Meza, resolvió “abstenerse de toda investigación en el presente caso en que aún no se ha producido la intervención de garantía, toda vez que los hechos relatados en la denuncia no son constitutivos de delito”. Esto versa en el escrito que emitió el Ministerio Público al Juzgado de Garantía de Puerto Varas para terminar con esta causa. 

La Fiscal Adjunto de Puerto Varas, Lorena Meza, resolvió “abstenerse de toda investigación en el presente caso en que aún no se ha producido la intervención de garantía, toda vez que los hechos relatados en la denuncia no son constitutivos de delito”. Esto versa en el escrito que emitió el Ministerio Público al Juzgado de Garantía de Puerto Varas para terminar con esta causa. 

De esta forma, Diego Fuentes Rolack, Juez suplente del juzgado de Garantía de Puerto Varas, confirmó la apreciación de la Fiscalía y en una acción poco habitual, estableció que “los datos suministrados permiten establecer que se encuentra extinguida la responsabilidad penal de conformidad con lo que dispone el artículo 168 del código procesal penal”. Lo anterior, deja esta causa con muy pocas posibilidades de prosperar en otras instancias judiciales. 

Posterior a esto, la abogada presentó un reclamo en la Fiscalía Regional de Los Lagos, el cual también ratificó la posición de las anteriores instancias y dejó sin investigar el caso.  

Frente a la desestimación de los antecedentes presentados, Llauca planteó a INTERFERENCIA que “antes de llegar a esa convicción hay que investigar. Nosotros solicitamos diligencias que ni siquiera se ejecutaron. La denuncia es sobre una amenaza de muerte directa, entonces acá no concurre esta causal que ellos invocan para decidir no investigar. La Fiscalía debió haber investigado y no lo hizo”.

Aún cuando la Fiscalía y el Juzgado de Garantía de Puerto Varas se negaron a investigar los hechos, Orietta Llauca, presentará un Recurso de Amparo en favor de su hijo. “Luego, seguramente, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt va a ratificar lo resuelto por el Tribunal de Garantía y la Fiscalía. Por lo mismo, estoy preparada para llevar este caso a la Corte Suprema y, si el máximo tribunal sigue en esta lógica, recurriré a las instancias internacionales que correspondan para demandar al Estado de Chile por denegación de justicia para un menor de edad”, explicó la abogada. 

“Tuvimos que incurrir en gastos para protegernos en nuestro hogar, pusimos cámaras, mi hijo cada vez se encierra más, ha aumentado el estrés y cada vez que los perros ladran en la noche quedamos desvelados. Próximamente nos cambiaremos de domicilio, porque ya no nos sentimos tranquilos”, relata. 

Por más de un mes la familia de Orietta Llauca ha tenido que extremar las medidas de seguridad, ya que se siente insegura incluso en su casa. “Tuvimos que incurrir en gastos para protegernos en nuestro hogar, pusimos cámaras, mi hijo cada vez se encierra más, ha aumentado el estrés y cada vez que los perros ladran en la noche quedamos desvelados. Próximamente nos cambiaremos de domicilio, porque ya no nos sentimos tranquilos”, relata. 

Descriminación y humillaciones 

La relación de Orietta Llauca con este tipo de procedimientos judiciales es cercana. Es más, la abogada ha litigado en estos tribunales por cerca de 12 años e incluso ha denunciado en diferentes ocasiones la prevaricación de jueces y fiscales. 

Según aseguró la abogada a este medio, la relación de discriminación, humillación y asedio constante por parte de jueces y fiscales era parte de su cotidianidad, aun cuando no lo naturalizaba, sin embargo, no esperaba que esto fuera a pesar en el momento en que debía defender a su familia de las amenazas de un desconocido. 

Según aseguró la abogada a este medio, la relación de discriminación, humillación y asedio constante por parte de jueces y fiscales era parte de su cotidianidad, aun cuando no lo naturalizaba, sin embargo, no esperaba que esto fuera a pesar en el momento en que debía defender a su familia de las amenazas de un desconocido. 

Según relata, ejemplo de estos actos discriminatorios los vivió en el Tribunal de Garantía de Puerto Montt, donde cada vez que le tocaba comparecer presencialmente, la jueza Lorena Fresard preguntaba a sus representados, de forma despectiva: “¿Usted quiere que lo defienda esa señora que está al lado suyo?”. 

Otra de sus innumerables experiencias la vivió cuando le presentó una denuncia a la actual Fiscal Regional en contra de la Fiscal Natali Johnson, luego de que en una reunión que Johnson debía sostener con familiares de uno de sus representados dejó afuera a Llauca y luego convenció a la familia que tomaran a otro abogado. 

Según explicó Llauca a esta redacción, “los jueces y fiscales de la región son parte de una especie de red corporativa en la que los grandes conglomerados empresariales, como salmoneras, inmobiliarias e hidroeléctricas, que me ha tocado perseguir judicialmente, mantienen un blindaje que me ha traído como consecuencia un asedio constante, humillaciones y discriminación, por lo que no dudo que son estos poderes los que están involucrados en la desestimación de los cargos y, por cierto, de las amenzas de las que está siendo victima mi familia”.