El pasado 17 de julio la bancada del Partido Republicano en el Consejo Constitucional presentó alrededor de 400 enmiendas al anteproyecto de nueva constitución presentado por la Comisión Experta. Entre las enmiendas, el partido liderado por el excandidato presidencial, José Antonio Kast, propuso la creación de un capítulo especial dedicado a las Fuerzas Armadas, titulado “Paz, Orden y Seguridad Interior”.

En seguida, dicha enmienda causó polémica principalmente dentro del oficialismo, pues no hay consenso en la interpretación de si los consejeros pueden agregar capítulos al texto constitucional y alterar el índice del texto presentado por los expertos, pues de manera preliminar los consejeros solo podían incidir en el articulado, en la norma. Con todo, Republicanos decidió presentar dentro de sus enmiendas un capítulo dedicado a las Fuerzas Armadas de Seguridad y Orden con un capítulo por separado.

Ahora, a las críticas a la enmienda, se suma el Frente de Trabajadores Penitenciarios, formado por las tres principales asociaciones de Gendarmería, la Asociación de Gendarmes de Chile (AGECH), la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP) y la Asociación de Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería (ANSOG). 

Ahora, a las críticas a la enmienda, se suma el Frente de Trabajadores Penitenciarios, formado por las tres principales asociaciones de Gendarmería, la Asociación de Gendarmes de Chile (AGECH), la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP) y la Asociación de Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería (ANSOG). 

En un comunicado público, los trabajadores de Gendarmería afirmaron que “la enmienda presentada por los consejeros constitucionales, pretende hacer ver el servicio Gendarmería de Chile, como un ente militarizado, no entendiendo la esencia de la labor que realizan día a día sus funcionarios y funcionarias con la población penal”.

A ello añaden que, tal como está redactada, la propuesta modificará la calidad jurídica del servicio, cambio que “puede significar la pérdida de importantes beneficios y derechos que ha ido adquiriendo el personal penitenciario a través de diversas gestiones y luchas gremiales que en democracia no se pueden desconocer y menos intentar silenciar”.

En síntesis, para el Frente de Trabajadores, Gendarmería es un servicio público “que nunca ha formado parte de las instituciones de orden y seguridad, no es una institución con carácter militarizado y su dependencia está radicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, desde donde se debe seguir impulsando y fortaleciendo la labor de vigilar, atender y asistir a la población penal y contribuir a su reinserción social”.

Según indagó Interferencia, estas asociaciones agrupan trabajadores que están en contacto directo con la población penal y que gracias al trabajo sindical han mejorado sus condiciones laborales y económicas, las que se verían inmediatamente truncadas con la aprobación de la enmienda y posterior ratificación plebiscitaria. 

Por otra parte, según indagó Interferencia, estas tres asociaciones gremiales AGECH, ANFUP y ANSOG, que agrupan a funcionarios y suboficiales de Gendarmería, son trabajadores que están en contacto directo con la población penal y que gracias al trabajo sindical han mejorado sus condiciones laborales y económicas, las que se verían inmediatamente truncadas con la aprobación de la enmienda y posterior ratificación plebiscitaria. 

A raíz de esta preocupación, dichos sindicatos -que reunen a cerca de 19 mil trabajadores de la planta II y III- se reunieron con la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP) -de la planta I- para discutir en específico la inquietud relativa al proceso constitucional y los cambios que podría significar para Gendarmería, los que podrían significar la eliminación de cualquier agrupación sindical dentro del servicio. 

En dicha reunión, la ANOP habría estado de acuerdo con el cambio que el Partido Republicano propone en el Consejo y que por eso no están como firmantes en el documento que firmaron las otras tres asociaciones, pese a haber estado en la reunión. Asimismo, voces del servicio, señalan que este cambio beneficiaría a los funcionarios de planta I que no superan las 1.000 personas.