El texto emanado por los 50 consejeros constitucionales electos en mayo de este año, y apoyados por un comité de expertos designados por la Cámara de Diputados y el Senado es, a todas luces, un retroceso enorme para Chile.

No sólo viene a confirmar las bases de un modelo económico y social que viene haciendo agua hace más de una década, sino que abre la puerta a retroceder en varias políticas sociales. A ello se suma que propone “un candado” que, por su requerimiento de quórum, hace muy difícil introducirle cambios.

Publicitado en la franja de TV y avisos de radio y online como una Constitución que pondrá fin a la delincuencia -a todas luces una falacia por cuanto, hasta donde se sepa, ningún país ha eliminado el crimen por un deseo constitucional-, lo cierto es que el texto se asemeja más a una suerte de programa de gobierno de un posible próximo gobierno de derecha dura, que a una carta magna “que nos una”.

Se trata de una propuesta constitucional casi tan conservadora como la de Pinochet en 1980, y que de aprobarse no garantiza la paz social, sino que seguramente sentará las bases para futuros enfrentamientos sociales, cualquier sea el porcentaje a favor que pueda obtener.

Se consolida el actual modelo económico-social

El artículo 3 del capítulo 1 de la propuesta afirma: “El Estado de Chile es social y democrático, que reconoce derechos y libertades fundamentales, deberes constitucionales, y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas” [negritas puestas por la redacción].

El texto se asemeja más a una suerte de programa de gobierno de un posible próximo gobierno de derecha dura, que a una carta magna “que nos una”.

Las implicancias de este artículo son obvias. No existen derechos sociales per se -como a la educación, salud, vivienda i pensiones-, sino solo en la medida en que estas puedan ser financiadas por el fisco. Fisco, como sabemos por casos recientes, ha sido estafado por empresarios y agentes del mercado financiero. Además, asegura -constitucionalmente- la participación de empresas privadas en proveer esos derechos sociales. Es decir, consagra constitucionalmente a las AFP y las Isapre, entre otros.

Es decir, es la versión moderna de la subsidiariedad, pero que en el fondo mantiene la idea original de la dictadura y de Jaime Guzmán.

Fin al ya restringido derecho a aborto

El artículo 2 del capítulo 1 sostiene: “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Es deber del Estado y la sociedad dar protección a las familias y propender a su fortalecimiento”.

En un país como el nuestro, donde hace más de 20 años la mayoría de los niños nace fuera del matrimonio y en el que el sustento familiar es únicamente la madre y su familia, este artículo parece ser más bien el deseo de una sociedad pasada (como loa del siglo 19), que un reflejo de la realidad social actual.

Es más, muchos temen que este artículo constitucional abra la puerta a eliminar el aborto en tres causales, una política que ya existía en los años 60, pero que el país recién recuperó hace unos pocos años.

Además, al poner énfasis en la “familia” -que en Chile se viste de formas diversas- da a entender que ésta está formada por un hombre y una mujer, desconociendo nuevas formas de convivencia y de formar familia, amén de no profundizar en la histórica discriminación que ha sufrido la mujer, aun dentro del matrimonio.

Los partidos políticos han muerto, ¡vivan los partidos!

Tal vez lo más insólito de la propuesta constitucional que se plebiscitará hoy sea que fortalece los partidos políticos tradicionales, los mismos que han sido clave en el deterioro de la convivencia nacional durante los últimos años.

La propuesta pone un cortapiso a partidos que no alcancen el 5% de lo votación nacional, algo común en los sistemas parlamentarios como los de Europa, pero no en sistemas presidencialistas como el nuestro. Es decir, partido que no alcance esa votación nacional no podrá entrar al Congreso. ¿Y esto a quién favorece? A los partidos tradicionales, tanto de la izquierda como de la derecha.

Tal vez lo más insólito de la propuesta constitucional que se plebiscitará hoy sea que fortalece los partidos políticos tradicionales, los mismos que han sido clave en el deterioro de la convivencia nacional durante los últimos años.

Además, el texto estipula que diputados electos por algún partido y que después deciden salirse de este, tendrán que renunciar a su escaño, el que quedará en manos del partido político correspondiente.

Una propuesta que no se hace cargo de la crisis

Poco a nada hay en esta propuesta constitucional que introduzca cambios al excesivo sistema presidencial chileno. No es de extrañar, ya que la mayoría de sus consejeros electos son de derecha y, por lo tanto, buscan resguardar el poder de un posible Presidente de su sector.

Sin embargo, ha sido esa inflexibilidad la que, en gran parte, ha contribuido al estancamiento del país. Durante los últimos 12 años, nueve han sido de ‘pato cojo’. El gobierno de Bachelet 2 terminó con el caso Caval; el de Piñera 2 con el estallido social; el de Boric con el rechazo a la Constitución en septiembre del año pasado. Debido al hiperpresidencialismo criollo, que no concibe la idea de que un mandatario renuncie al poder al perder legitimidad, hemos estado estancados 9 de los últimos 12 años. Y la propuesta constitucional, elaborada esta vez por la derecha, no se hace cargo de ello.

Y en el camino, los únicos que pierden son los ciudadanos de este país.