La información entregada por un testigo protegido fue fundamental para la detención de carabineros vinculados a la Resistencia Mapuche Lavkenche (RML), en delitos de asociación ilícita dedicada al robo de madera.

La información consta en una publicación de El Mostrador, la cual accedió a documentación presentada por el fiscal Juan Yáñez Martinich al Tribunal de Garantía de Curanilahue, instancia que acogió las órdenes para allanar los domicilios de los involucrados en el caso.

Entre los documentos, se constata cómo la organización operó en siete atentados ocurridos entre marzo de 2021 y marzo de 2022 en la región del Biobío. Además, se verifica el rol del funcionario activo de Carabineros de Curanilahue, cabo primero Darwin Carrillo, quien recibía coimas con dinero en efectivo a cambio de información útil para el robo de madera. Carrillo, fue uno de los 11 detenidos la madrugada de este jueves. 

Carrillo tenía comunicación directa con el líder de la estructura delictiva, Celso Fonseca, quien se encuentra detenido desde diciembre de 2022. Paralelamente operaba como representante legal de la empresa Transporte y Arriendo de Maquinarias Fonseca SpA. El vínculo entre Carrillo y Fonseca se gestó gracias a Rodrigo Ormeño, quien en octubre de 2022 fue detenido tras acusaciones de liderar otra agrupación dedicada al robo de madera. 

Tal como pudo averiguar Interferencia, el fiscal Yáñez utilizó la norma -de reciente publicación- del artículo 226 letra N sobre testigos protegidos. "(...) un testigo amparado en esa norma y con reserva de identidad manifiesta tener conocimiento de otros hechos en los que participó la organización", menciona el escrito, en el cual además el testigo protegido entrega detalles específicos de las funciones que cumplían Carrillo y Berna en la organización.

Por otra parte, según el medio citado, el ex jefe de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Curanilahue, el suboficial en retiro Luis Berna, también entregaba información al grupo, pero además a sus sobrinos Marcelo y Jairo Aravena, quienes a su vez trabajaban en Maxcon, una empresa que presta servicios a la Forestal Arauco. 

Es en este punto de la investigación donde el testigo protegido fue clave, pues describió varios de los atentados en contra de la empresa Maxcon con parte de los involucrados en los ataques. Tal como pudo averiguar Interferencia, el fiscal Yáñez utilizó la norma -de reciente publicación- del artículo 226 letra N sobre testigos protegidos. "(...) Un testigo amparado en esa norma y con reserva de identidad manifiesta tener conocimiento de otros hechos en los que participó la organización", menciona el escrito, en el cual además el testigo protegido entrega detalles específicos de las funciones que cumplían Carrillo y Berna en la organización.

Otro de los elementos claves de la investigación fue descubrir la identidad de Ignacio Maldonado, quien, según describen los documentos, tuvo participación directa en atentados vinculados a la RML. Maldonado hacía negocios con Fonseca que constaban de compra y venta de madera, vehículos robados y armas de fuego.