El tribunal acogió un recurso de protección por hallazgos arqueológicos en el proceso de construcción de la central Los Lagos, propiedad de la empresa noruega Statkraft. Dicho recurso se considera histórico. Desde 2011, la machi Millaray Huichalaf y lof mapuche en resistencia que se oponen a las centrales están realizando control territorial en el lugar.

Luego de dos semanas, la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas aprobó una indicación sustitutiva que tendrá incidencia respecto de cómo los pueblos indígenas serán consultados respecto de los cambios constitucionales que los afectan. Este punto abrió un debate entre convencionales de escaños reservados, quienes manifestaron dos tendencias.

Una de las medidas claves para vincular a los pueblos indígenas con el trabajo de la Convención ha marcado una división entre los escaños reservados que representan a dichos pueblos. Si bien las diferencias no se extienden en la discusión general de la corporación, muestran una heterogeneidad mayor a la conocida dentro del bloque.

El abogado de Evópoli, quien recibirá un promedio mensual de $5.652.000, asume el cargo en una convulsionada Conadi que no ha sido capaz de resolver lo que sucederá con la cuestionada Consulta Indígena.

Participa en unas 37 empresas agrícolas. Hoy busca posicionarse en la Araucanía con sus proyectos agrícolas, y además impulsa la Carretera Hídrica- un proyecto con una inversión estimada de 30.000 millones de dólares- que es cuestionada por diversas comunidades indígenas. Sutil también representó al sector privado en la fracasada consulta indígena. 

Este académico e investigador mapuche asegura que las iniciativas del gobierno en materia indígena -las que fueron refrendadas por Sebastián Sichel, el nuevo ministro de Desarrollo Social- insisten en contradecir el espíritu del Convenio 169 de la OIT suscrito por Chile. “Es francamente patético que el subsecretario de gobierno, Ubilla, aparezca comprando tierra indígena cuando de acuerdo al estado de derecho debiera estarlas protegiendo”.  

Alfredo Moreno no alcanzó nada relevante con su Plan Araucanía, mientras que la Consulta Indígena fue rechazada por distintos pueblos originarios. Su reemplazante, Sebastián Sichel, no tiene vinculación con la materia y apunta a un perfil más adecuado a los desafíos de Clase Media Protegida.

El gobierno, a través del ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, busca modificar la Ley Indígena. Pero sus medidas han molestado a los mapuche, puesto que abren la puerta a la mercantilización de las tierras originarias y a la desarticulación del movimiento.