En los últimos días y en distintos puntos del país, los mapuche han manifestado su enojo. Quemas de camiones y enfrentamientos verbales con autoridades políticas, ocurren mientras el gobierno intenta sacar adelante la Consulta Indígena, impulsada en concreto por el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno.

El trasfondo de esta iniciativa -más allá de las declaradas ganas de dialogar del gobierno, aunque en medio de un violento accionar policial- es una obligación que tiene el ejecutivo para poner en práctica una de sus medidas centrales en el Plan Araucanía: modificar la Ley Indígena. Esto, pues la autoridad considera necesario actualizar esa legislación tras 25 años de su promulgación. Sin embargo, para materializar dicho cambio no basta solamente con promoverlo en el Congreso. Además es necesario seguir lo que dice el Convenio 169, tratado internacional al cual está sujeto Chile, el que exige que de querer realizar cambios legislativos o administrativos en relación a los pueblos indígenas, se les debe consultar a estos primero.

El proceso levantado por Desarrollo Social, en el cual deben participar los nueve pueblos reconocidos en la institucionalidad chilena, actualmente se encuentra en su período informativo y ya ha sido boicoteado por los mapuche en distintas comunas de las regiones Metropolitana, Del Bío Bío y La Araucanía, ya sea no participando, tomándose los recintos en que se realiza o alterando el contexto político, tal como ocurrió con las seis acciones de sabotaje a distintas empresas que la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) se adjudicó durante la semana pasada.

La Consulta Indígena, iniciada el 23 de mayo pasado, tomará 25 días para pasar a su siguiente fase, la de deliberación interna entre los pueblos.

Mercantilizar las tierras y atomizar el movimiento

Las protestas surgidas desde distintos sectores de la sociedad mapuche son a partir de las materias que trata la Consulta Indígena.

Estas atacan directamente la forma de organización ancestral de los mapuche, pueblo con el cual el Estado mantiene un conflicto histórico que se ha agudizado desde mediados de la década de los noventa tras el surgimiento de la resistencia de la CAM.

El Ministerio de Desarrollo Social planteó once temas a consultar, los que se convertirían en modificaciones a la Ley Indígena.

En relación a las tierras señala:

- Posibilitar a las comunidades recibir o generar títulos individuales de dominio.

- Permitir que el Derecho Real de Uso y Derecho Real de Goce puedan constituirse en título individual de dominio.

- Eliminar la restricción de subdivisión mínima de tres hectáreas, aplicándose las reglas generales de subdivisión.

- Permitir la venta de tierras indígenas entre indígenas a partir de los cinco años contados desde su entrega.

- Reglamentar el mecanismo de permuta de tierras indígenas para clarificar y precisar sus condiciones.

- Permitir la realización de contratos de arriendos, comodatos o medierías en tierras indígenas por un plazo de hasta 25 años (incluye a no indígenas).

La preocupación de las organizaciones mapuche va por lo que podría pasar en la práctica. En un caso hipotético, una familia al interior de una comunidad podría solicitar un título individual de dominio argumentando el Derecho Real de Uso y romper con la organización tradicional. Luego podría arrendar su parte, por ejemplo, a una empresa forestal, obligando al resto de la comunidad a convivir con la empresa.

Pero los puntos de la consulta no sólo cambian la lógica en cuanto al uso de tierras, sino que también a la organización del pueblo mapuche. Desarrollo Social plantea lo siguiente:

- Permitir mecanismos alternativos y voluntarios de reparación a los problemas de tierras indígenas.

- Permitir el acceso a beneficios asociados a la calidad indígena solamente a personas con calidad indígena adquiridas por el artículo 2º letras a) y b) de ley Nº19.254 (Ley Indígena).

- Mayores requisitos para la constitución de nuevas comunidades indígenas.

- Permitir que las Asociaciones Indígenas puedan ser constituidas por un mínimo de dos integrantes.

- Permitir que las Asociaciones Indígenas puedan postular al fondo de desarrollo indígena.

Estos puntos parecen ser los esenciales del gobierno para desarticular el movimiento mapuche que busca la recuperación de tierras ancestrales. Por ejemplo, entre los mecanismos alternativos a la restitución de territorio, la propuesta de Moreno especula con la posibilidad de sustituirla con entrega de dinero, algo que en ningún caso ha sido la exigencia de las comunidades o las organizaciones que impulsan la reivindicación histórica. Esto sí podría beneficiar a empresas como Arauco o CMPC, quienes constantemente tienen conflictos con comunidades por temas de tierras en donde desarrollan su industria.

Y si el problema son las comunidades, Desarrollo Social también busca poner mayores límites para su constitución. El Ministerio explica en la consulta que los requisitos actuales son “provenir de un mismo tronco familiar, reconocer una jefatura tradicional, poseer o haber poseído tierras en común, o provenir de un mismo poblado antiguo. A su vez, se exige para su constitución a lo menos un tercio de los indígenas mayores de edad con derecho a afiliarse a ella, no pudiendo ser inferior a diez miembros mayores de edad”.

El ministerio plantea que para organizarse legalmente tendrán que presentar “antecedentes fundados” de que cumplen alguno de dichos requisitos. Posteriormente la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) tendrá que elaborar un informe que acredite esto mismo sociológica y jurídicamente. También buscan aumentar el número de mayores de edad exigidos actualmente.

Por otro lado, la consulta menciona cambios en las "asociaciones indígenas", formas ya existentes para institucionalizar la organización  entre miembros de pueblos originarios –incluso para quienes no viven dentro una comunidad– con el fin de desarrollar actividades en común. El Ministerio de Desarrollo Social busca que estos grupos puedan postular a fondos del Estado. En el contexto del conflicto de tierras, al interior de las comunidades mapuche es común encontrar divergencia en torno a utilizar estos subsidios por venir del Estado.  La propuesta  del gobierno en una nueva Ley Indígena permitiría que incluso una asamblea integrada por dos personas –siendo el mínimo actual de 25 individuos– pueda tomar su propio rumbo, permitiendo así por la vía legal la atomización del movimiento mapuche.

En particular, la consulta también busca que sólo puedan acceder a beneficios indígenas las personas que tengan apellido indígena o sean hijos de padre o madre de esta calidad. Con la nueva normativa, no podría obtener beneficios una persona que se identifique como tal y que a la vez lleve su vida acorde a una de las nueve culturas, características reconocidas como indígenas actualmente en la ley.