Ayer martes la Convención tuvo un nuevo hito luego de que su pleno sesionara por primera vez fuera de la capital. En esta ocasión, los convencionales llegaron hasta la Gobernación Provincial de Concepción donde escucharon siete intervenciones de representantes de organizaciones locales. 

En las exposiciones se abordaron temáticas medioambientales con las exposiciones de Violeta Cartes y Micol Perez, integrantes de la Agrupación Campesina por el Progreso Rural, quienes hablaron del problema de la minería en tierras raras en la región. En el mismo sentido, la académica Verónica Delgado expuso sobre la consideración de las cuencas hidrográficas en la planificación territorial. 

Por otro lado, Gabriel Kurruman Huenteman, miembro de la comunidad mapuche de Trapa Trapa de Alto BioBío, habló sobre la plurinacionalidad y el plurilingüismo de los pueblos indígenas. También estuvo la exposición de Solange Etchepare, integrante de Fundación Víctimas del Terrorismo y de la Agrupación Paz y Diálogo BioBío, quien manifestó su deseo de que la nueva Constitución garantice el derecho a la paz social como un valor jurídico. 

Otra de las situaciones que marcó la jornada fue la discusión que se dio en la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas sobre las indicaciones al documento base para la consulta indígena que ya fue aprobado en general por la instancia el 12 de noviembre. 

El problema mayor es que -entre todas las indicaciones ingresadas- la realizada por la convencional del Pueblo Rapa Nui, Tiare Aguilera y patrocinada por Luis Jimenez e Isabella Mamani, ambos representantes del pueblo aymara y los convencionales del pueblo mapuche, Rosa Catrileo, Elisa Loncon y Adolfo Millabur, fue presentada como una indicación sustitutiva global destinada a reemplazar todo el documento previamente aprobado por la Comisión.

Esto nació producto de la interpretación que le dieron los convencionales al consolidado con las indicaciones ingresadas respecto de la propuesta base. Para algunos no había quedado claro que la enmienda presentada por Aguilera era una indicación sustitutiva, sino que -pensaban- era un complemento a lo ya aprobado por la Comisión.

De esta forma, este pasado lunes, durante la sesión ordinaria de la instancia se aclaró que la propuesta era sustituir la totalidad del escrito, que elimina las propuestas de norma constitucional presentadas en el documento base y que están sustentadas con experiencias comparadas de otras constituciones latinoamericanas que abordan los derechos propios de los pueblos indígenas. En consecuencia, durante aquella jornada no se logró llegar a un acuerdo y se suspendió la reunión para terminar de zanjar la situación en la sesión extraordinaria de ayer martes. 

Sin embargo, una vez iniciada la sesión extraordinaria de este martes, la convencional Rosa Catrileo dijo que “la indicación que presentó la convencional Tiare Aguilera con el patrocinio mio, es una indicación sustitutiva, no aditiva”. 

Sin embargo, ayer tampoco se logró llegar a un consenso, por lo que la coordinación de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas determinó que se oficiará a la Mesa para que esta decida si la votación de aquella indicación se considerará como una sustitutiva global o como una complementaria a la ya aprobada en general. 

Las diferencias de los pueblos

El 12 de noviembre, día en que se votó el documento base, los mismos convencionales de escaños reservados que presentaron la indicación sustitutiva se abstuvieron de la votación junto a Ramona Reyes (PS), Helmuth Martínez (independiente), Angélica Tepper (ind RN) y Eduardo Cretton (UDI). En consecuencia, la propuesta fue aprobada por 11 votos a favor por Isabel Godoy (pueblo colla), Margarita Vargas (pueblo kaweskar), Eric Chinga (pueblo daguita), Wilfredo Bacián (pueblo quechua), la Machi Francisca Linconao, Natividad Llanquileo, Victorino Antilef, Alexis Caiguan, todos del pueblo mapuche, Alejandra Flores (MSC), Ivanna Olivares (Pueblo Constituyente) y Marcos Barraza (PC). 

En ese momento, quedó de manifiesto que dentro del bloque de los 17 escaños reservados existen dos tendencias que chocaron producto de la consulta indígena. Ese 12 de noviembre, los convencionales que se manifestaron dubitativos ante la propuesta, indicaban como argumento que el escrito era muy extenso y que las comunidades no entenderían el lenguaje jurídico presente en este. 

Sin embargo, ayer martes durante la sesión extraordinaria, manifestaron que su disconformidad con el documento se basa en que este contiene propuestas de norma constitucional, lo que a juicio de ellos no corresponde puesto que estas se tienen que realizar durante el proceso de la consulta indígena. 

Lo cierto es que a raíz del desacuerdo del día lunes, esa misma noche los 17 convencionales de escaños mantuvieron una reunión de cerca de tres horas en el Hotel Petra (con algunos convencionales de forma telemática) para conversar la situación y alcanzar algún acuerdo. En la instancia se habría llegado a una especie de consenso en la cual la indicación no sería sustitutiva sino que complementaria. 

Por un lado, se plantea que en virtud de los pocos recursos y el poco tiempo que cuentan para implementar la consulta a los pueblos, es necesario partir con una base bien sustentada con la experiencia internacional y los catálogos de derechos incluídos en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.

La decisión se tomó considerando que la indicación utilizó como fundamento el documento base y que se complementaban entre sí. Sin embargo, una vez iniciada la sesión extraordinaria de este martes, la convencional Rosa Catrileo dijo que “la indicación que presentó la convencional Tiare Aguilera con el patrocinio mio, es una indicación sustitutiva, no aditiva”. 

Las palabras de Catrileo abrieron un tenso debate que se extendió durante casi tres horas en el cual se apreciaron dos corrientes dentro de los convencionales de escaños reservados. La machi Francisca Linconao manifestó su molestia con su par convencional, indicando que ya habían llegado a un acuerdo que no se estaba respetando. “Ahora están cambiando las versiones, cambiando de palabra. Anoche ya habíamos conversado bien y ahora pone otra palabra la ñaña Rosa y eso es lo que a mí no me gusta”, dijo Linconao.

El argumento principal que manifestaron entonces era que el documento base no debe tener propuestas cerradas e incluir propuestas de norma constitucional. Sin embargo, los convencionales que defienden la propuesta aprobada aclararon en varias ocasiones que de ninguna forma el escrito es algo que no puede ser sometido a deliberación o modificación durante el proceso de la consulta, sino que esperan que las propuestas de norma sean debatidas e incluso que se incoporen otras nuevas en el desarrollo de dicha instancia.

Según conversó la convencional Natividad Llanquileo con este medio, la propuesta base contiene propuestas de norma constitucional puesto que al momento de elaborarla se consideraron dos factores. Uno político y otro reglamentario. Por un lado, se plantea que en virtud de los pocos recursos y el poco tiempo que cuentan para implementar la consulta a los pueblos, es necesario partir con una base bien sustentada con la experiencia internacional y los catálogos de derechos incluídos en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.

En ese sentido, la convencional dijo que la preocupación del bloque contrario a la indicación sustitutiva radica en que esta elimina toda la primera parte de los derechos y principios que están contemplados en el documento base. Por otra parte, agregó que “nosotros fijamos ciertas reglas en el Reglamento de Participación y Consulta Indígena. En su artículo 19 punto 2 dice que la propuesta deberá contener un catálogo de derechos y además agrega que se debe establecer cómo se van a concretar esos derechos en la nueva Constitución y la única forma es a través de las propuestas de normas constitucionales, que no son propuestas cerradas ya que siempre se supo que se le pueden hacer indicaciones”.

Finalmente, tras no lograr un acuerdo durante la sesión, los coordinadores Margarita Vargas y Victorino Antilef ingresaron un oficio a la mesa  para que esta determine el futuro de la votación, al mismo tiempo que solicitó que las convencionales Loncon, Aguilera y Godoy, integrantes de la comisión y de la mesa, se inhabiliten en dicha discusión para evitar conflictos de intereses.