Las diputadas Alejandra Placencia (PC), Carmen Hertz (PC) y el diputado Tomás Hirsch (AH), señalan que el oficio busca conocer las medidas administrativas y disciplinarias que se han adoptado para investigar y resolver los problemas tras el ciberataque. Además, indican preocupación pues el director de la ANI, Luis Marcó, se ha excusado de asistir a la Comisión de Inteligencia en dos ocasiones. 

Dos de las personas que estuvieron a cargo de instalar el sistema del Estado Mayor Conjunto, desarrollaron un negocio privado de similar índole, involucrando además a otros funcionarios en la empresa.

Benjamín Iturra y Manuel Varela, ambos marinos que levantaron el Centro de Coordinación CSIRT de la Defensa para el Estado Mayor Conjunto, son propietarios de C-Safe, compañía que presta servicios de protección informática a otras empresas y que también ha intentado vincularse con el Estado.

Informes de inteligencia del Estado Mayor Conjunto de septiembre del 2020 analizaron los factores sociales que alterarían el orden público a un año de la revuelta de octubre de 2019. Entre ellos que, “en caso de producirse un deterioro con consecuencias fatales” del estado de salud de la hoy senadora Campillai.

A fines de 2021 Naciones Unidas pidió a nuestro país un informe sobre víctimas de mercenarios. Defensa respondió en enero de este año que no existen experiencias de este tipo, basándose en un reporte del EMCO que indicaba que “no hay evidencia” de éstos y que hechos en la Araucanía “deben ser considerados (...) delincuencia común”.

Interferencia publica por primera vez el resumen ejecutivo de la propuesta técnica hecha por la compañía en noviembre de 2018, la que aseguraba una protección de alta calidad ante ciberataques. Dicha licitación, cercana a los US$ 6 millones, estuvo marcada por irregularidades que la administración de Piñera desestimó.

Los correos filtrados del Estado Mayor Conjunto develan una colecta de la Dirección de Personal de la Armada para condenados por casos de derechos humanos, una filtración de los datos del IFE de junio del 2021 y seguimiento a "movimientos sociales".

La filtración de 400 mil correos -varios calificados como secretos- le costó el cargo al general Guillermo Paiva. Según la ministra del Interior, Carolina Tohá, el Estado Mayor Conjunto no informó del hackeo sino de 'vulnerabilidades' detectadas. Ahora un sumario e investigación del Consejo de Defensa del Estado determinarán responsables.

En 2019, los 'Paco-Leaks' demostraron que Carabineros espiaba a organizaciones sociales. La publicación de estos datos no hizo que la vigilancia se detuviera. Los archivos filtrados del EMCO muestran que la policía proyectó un ‘estallido social 2.0’ y vigiló a Asambleas Territoriales y medios comunitarios.

Un grupo hacker reveló miles de correos de entre 2015 y 2022 del Estado Mayor Conjunto de Chile, órgano asesor del Ministerio de Defensa compuesto por miembros del Ejército, la Armada y Fuerza Aérea. Los mails contienen documentos reservados, entre ellos interpretaciones sobre los grupos políticos supuestamente responsables del estallido social.