Ayer los trabajadores de Junaeb agrupados en la Asociación Nacional de Funcionarios de la institución (AFAEB) asistieron a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputadas y Diputados para exponer una serie de situaciones que ocurren en la entidad. 

En la oportunidad, los funcionarios de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) denunciaron violencia laboral y prácticas antisindicales, nula participación de las y los trabajadores en el proceso de modernización, falta de información sobre el retorno presencial y graves problemas de salud mental. 

Y es precisamente el proceso de modernización y reestructuración que vive la entidad lo que ha mantenido tensa la agenda durante los últimos meses. 

“Desde 2019 que el director planteó que nosotros íbamos a estar en un proceso de modernización institucional. Ese proceso la verdad nunca lo entendimos bien, nunca fuimos muy partícipes porque nos invitaron a un par de actividades y nada más, y luego vino el estallido y la pandemia y quedó en stand by hasta mayo de este año, donde tenían ya todo listo y cambiaron la estructura de la institución, comenzando con un montón de modificaciones”, comentó a INTERFERENCIA la presidenta de AFAEB, Carolina Pizarro. 

Dentro de ese panorama, vienen algunos de los cuestionamientos de los funcionarios, donde la última denuncia corresponde a una orden de compra efectuada el pasado martes 10 de agosto para asesorías en la implementación del proceso de modernización por 10.529 UF (más de 300 millones de pesos) a IMS Consultora Ltda (TUWE), gerenciada por Francisco Mendez Sanhueza, quien también es presidente de Chiletec, la Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología. 

Lo que llamó la atención de los trabajadores fue que la institución no realizó ninguna convocatoria, por lo que hizo un trato directo con la consultora, lo cual acusan ha sido una práctica habitual bajo la dirección de Jaime Tohá Lavanderos.

Una orden de compra para asesorías en la implementación del proceso de modernización se contrató por trato directo por 10.529 UF (más de 300 millones de pesos) a IMS Consultora Ltda (TUWE),

“La consultora que apoya ese cambio institucional ya está trabajando desde junio en Junaeb. Está haciendo ese trabajo de acompañamiento y asesoría, ha tenido reuniones con funcionarios y con equipos a propósito de los cambios en la estructura y nosotros estábamos atentos porque sabíamos que se estaba trabajando sin un contrato público. Y resulta que hace pocos días salió la orden de compra y que se trata de un trato directo. Es decir, en el fondo vienen un poco a regularizar una situación que ya la tenían consensuada y se estaba implementando, sólo le faltaba formalizarse”, apuntó Pizarro.

La dirigenta manifiesta su preocupación encontrarse en un contexto complicado con la dirección, “porque hemos visto cómo estas prácticas de contratos directos, de favorecer a estas empresas, se ha ido instalando como algo normal. Por eso hemos estado muy atentos a los contratos que hace Junaeb”. 

Asimismo, recordó que “en julio presentamos una denuncia a la Contraloría por eventual conflicto de intereses del director con una empresa de computadores, cuyo dueño es cercano a Tohá y también a Sichel. En esa oportunidad, se trata de una empresa que se ha adjudicado desde 2017 entre licitaciones y tratos directos todas las compras de computadores para el programa de séptimo básico”. 

“No hicieron ningún tipo de licitación ni permitieron que otros postularan. Esta situación de empezar a trabajar con una empresa y hacer después la formalidad del contrato y probablemente buscar números de resoluciones guardadas para que calzaran los tiempos, también ha pasado en otras situaciones. Esta tampoco es la primera. Y por eso también es que los planteamos y lo adjuntamos a otra denuncia que ya teníamos en Contraloría por situaciones que no corresponden para nuestra acción”, sostuvo Pizarro.

“Hemos visto cómo estas prácticas de contratos directos, de favorecer a estas empresas, se ha ido instalando como algo normal. Por eso hemos estado muy atentos a los contratos que hace Junaeb”. 

A juicio de la presidenta de la asociación, lo más grave es que los recursos con los que se estaría pagando esta consultoría corresponderían a fondos de la unidad de Control de Programas.

“Esa es una glosa para controlar que efectivamente los programas se ejecuten bien. Por ejemplo, desde ahí se sacan recursos para controlar que los programas de alimentación cumplan lo estipulado, se hacen muestras de laboratorio, se pesan las raciones. En el área de salud se han contratado auditorías a los módulos dentales para ver que se esté haciendo correctamente el trabajo. En el caso de becas se han contratado a empresas externas para que validen que las becas están bien asignadas. Eso es controlar los programas, pero esto de asesoría interna para gestión del personal no tiene nada que ver con el fin de esos recursos. Todo eso es parte de lo irregular de esta compra”, aseguró.

Desde los funcionarios dicen que no tienen mayores antecedentes de esta consultora en cuestión ni de su experiencia en el rubro de gestión de personal. 

“Hay una forma de operar que consiste en primero hacer las cosas y luego regularizarlas de una manera formal mediante alguna resolución, pero en el fondo nadie sabe por qué se opta por esas empresas y qué tipo de vínculo o preferencia hay por ellas, con reglas bien distintas a las que son para todos los funcionarios. Para compras mucho más pequeñas exigen a los demás que hagan la licitación y no por trato directo”, describió Pizarro.

INTERFERENCIA consultó a Junaeb respecto de si efectivamente la orden de compra se realizó mediante un trato directo sin mediar una licitación pública o una convocatoria privada, pero desde Comunicaciones de la institución declinaron entregar una respuesta para este artículo.