Fue portada de El País de España y de medios como el Washington Post, y la noticia dio vueltas en los medios nacionales y también internacionales, en radio, televisión, prensa digital y prensa escrita. En muchas de las publicaciones, el rostro del presidente Sebastián Piñera era uno de los destacados. Y es que el revuelo mundial emergió tras la publicación conjunta de la investigación de millones de documentos relaciones al paraíso fiscal de Isla Vírgenes Británicas, denominado “Pandora Papers”, donde aparece, entre otros, la venta de la parte que Piñera tenía en la propiedad de Minera Dominga a su socio y amigo, Carlos Alberto Délano, por 138 millones de dólares.

El trabajo de investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que en el capítulo chileno fue reporteado por LaBot y Ciper, reveló que mientras era presidente en su primer periodo, en diciembre de 2010, Piñera vendió en 152 millones de dólares su parte de la propiedad de Minera Dominga a Délano. Mientras 14 millones de dólares fueron pagados en Chile, 138 millones de dólares fueron pagados en Islas Vírgenes, evitando así pagar impuestos. El pago de esos 138 millones fue acordado en tres partes: el 10 de diciembre de 2010 se pagarían 106,8 millones de dólares, el 18 de enero de 2011 otros 21 millones de dólares y el siguiente pago de 24,2, condicionado a si el Estado no declaraba reserva natural la zona donde quiere instalarse el proyecto. Es decir, éste último pago, ya con Piñera en la presidencia, dependía netamente de las tratativas del presidente, como jefe de Estado, para evitar que zona se protegiera.

Horas después del reportaje, La Moneda emitió un comunicado en donde señala que el proceso de venta de Minera Dominga fue investigado por la justicia en 2017, donde la “Fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito".

Las voces de alerta no se hicieron esperar y varios políticos llamaron a la Cámara de Diputados a realizar una acusación constitucional en contra del mandatario, palabra que además fue trending topic por varias horas en Twitter en Chile. 

Horas después de la publicación del reportaje, La Moneda emitió un comunicado en donde señala que el proceso de venta de Minera Dominga fue investigado por la justicia en 2017, donde la “Fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito, ajustarse a la ley y la falta de participación del Presidente Sebastián Piñera en la mencionada operación”. 

Además, agregaron que “toda información contraria a lo recién mencionado no corresponde a la verdad”.

Sin embargo, el comunicado no se refiere específicamente a la venta en el exterior de la parte de la propiedad de Piñera en diciembre de 2010 ni tampoco a la condición en el contrato relacionada a la decisión del Estado de declarar reserva natural la zona.

Durante 2017, una comisión investigadora de diputados, enfocada específicamente en este tema, concluyó que “Sebastián Piñera buscó ayudar a Dominga en agosto de 2010, cuando de manera arbitraria y saltándose la institucionalidad ambiental canceló la construcción de la central termoeléctrica Barrancones en la comuna de La Higuera”.

El diputado Daniel Nuñez (PC), quien compuso esta comisión, señaló a INTERFERENCIA que se llegó a esta conclusión aún sin tener los antecedentes que este domingo se hicieron públicos.

“La comisión investigadora de la Cámara trabajó con los antecedentes que teníamos en ese minuto, donde había muchas cosas grises y siempre quedó la sospecha de que el haber echado atrás el proyecto Barrancones se hizo para favorecer a la minera Dominga. Con estos antecedentes, ya no queda la sospecha, sino una convicción”, afirma Núñez.

“La gravedad de esta situación amerita evaluar todas las medidas, incluida una acusación constitucional contra el presidente”, señaló el diputado Marcelo Díaz (FA).

El diputado agregó que una acusación constitucional en contra de Piñera es una opción que está en la mesa para la bancada del PC.

“Vamos a evaluar todas las acciones que podamos realizar, hay que indagar esto con rapidez y tenemos abiertas todas las opciones, desde una acusación constitucional hasta una nueva comisión investigadora”, agregó Núñez.

En tanto, las redes sociales estallaron ante la noticia y ya comienza a circular con fuerza la idea de una acusación constitucional entre los diputados de oposición.

“La gravedad de esta situación amerita evaluar todas las medidas, incluida una acusación constitucional contra el presidente”, señaló en un video subido a sus redes sociales el diputado del Frente Amplio, Marcelo Díaz.

Fuentes al interior de la bancada del Frente Amplio señalaron a INTERFERENCIA que este lunes los diputados se reunirán para coordinar una acción conjunta frente a la noticia respecto al presidente y minera Dominga y que en esta reunión evaluarán, también, la posibilidad de una acusación constitucional.

“No nos vamos a inhibir de ninguna acción de fiscalización, ya sea con comisión investigadora o analizar el mérito de una acusación constitucional”, señaló el diputado DC Gabriel Silber.

Sin embargo, lo preocupante para el gobierno puede ser la actitud de su coalición ante una posible acusación constitucional. Una actitud pasiva de los diputados de Chile Podemos Más, - que han intentado desmarcarse de las políticas de Piñera, tal como fue su apoyo a los retiros del 10% de las AFP-, podría posibilitar que la acusación se realice. Independiente de que luego Piñera saliera airoso de la acusación, el hecho político de tener al mandatario siendo cuestionado y dando cuentas a la Cámara es un símbolo político potente en contra de Piñera. Sería la primera acusación constitucional a un presidente desde el fin de la dictadura.

En tanto, el candidato presidencial de extrema derecha, José Antonio Kast (Republicanos) llamó a investigar el hecho, lo que por un lado le daría tiempo a Piñera para terminar su gobierno.

“La noticia genera muchas dudas e incertidumbres, que son importantes aclarar y despejar toda duda si existe o no algo ilegal o irregular”, afirmó en un video en sus redes sociales el diputado Jorge Durán (RN), uno de los parlamentarios díscolos en la votación sobre el cuarto retiro de las AFP, que fue aprobada la semana pasada y que tiene que debatirse en el Senado esta semana. 

En tanto, el candidato presidencial de extrema derecha, José Antonio Kast (Republicanos), - que ha ganado ventaja ante el candidato impulsado por cercanos al mandatario, Sebastián Sichel-, llamó a investigar el hecho, lo que por un lado le daría tiempo a Piñera para terminar su gobierno sin ser destituído, pero que por otro, da una señal política a Piñera sobre un ala de la derecha más crítica a su mandato.

“Las revelaciones sobre los negocios de la familia del presidente Sebastián Piñera, la propiedad del proyecto Dominga y también las decisiones administrativas que influyeron en su aprobación y los requisitos, son graves y exigen una investigación urgente para poder determinar responsabilidades“, Kast en sus redes sociales.

“La ciudadanía nos pide transparencia total. Y en este caso, se requiere ir más allá de lo legal y dar todas las explicaciones necesarias”, publicó en su cuenta de Twitter el candidato del oficialismo, Sebastián Sichel.

Por su parte, el candidato del PRO, Marco Enríquez-Ominami instó a los diputados a “tener el coraje de impulsar una acusación constitucional contra Piñera por actuar contra el medio ambiente, el bien común y el principio de probidad”.  

Mientras que la senadora DC y candidata presidencial, Yasna Provoste, llamó a Piñera “a explicar al país y de manera integral si usó o no su cargo para defender sus negocios personales con la Minera Dominga”.

La acusación constitucional podría presentarse argumentando que el mandatario ha cometido una infracción abierta a la Constitución, al vulnerar el principio de probidad administrativa.

El candidato del pacto Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, no se refirió a una acusación constitucional en contra del presidente, pero publicó en redes sociales que “Piñera evade impuestos en paraísos fiscales, oculta información y como siempre pone su interés personal por sobre el bien común”.

La acusación constitucional podría presentarse argumentando que el mandatario ha cometido una infracción abierta a la Constitución, al vulnerar el principio de probidad administrativa, “colocando su interés particular por sobre el interés público”, como indicó en redes sociales el abogado Gabriel Osorio. Sin embargo, esto implicaría recurrir a algún resquicio, ya que la infracción habría ocurrido en su gobierno anterior, en 2010, por lo que el plazo habría vencido. 

De aprobarse la realización de una acusación constitucional Piñera sería el primer presidente de la República sometido a este proceso en más de 60 años. El último mandatario acusado constitucionalmente fue Carlos Ibáñez del Campo, en 1956, proceso que no logró destituir al presidente.